En la industria del fracking se han dado cuenta de que el relato de los críticos contra esta técnica de extracción de gas natural se ha extendido frente al suyo. Y no sólo eso: es que esa presión social ha llegado a forzar decisiones políticas, como la ley que en Cantabria prohíbe el uso de esta técnica (en la parte que sea competencia de la comunidad autónoma).

Shale España, la plataforma que agrupa a las principales empresas del sector, es consciente de que están en un contexto adverso para sus intereses, y por eso están haciendo un esfuerzo especial de comunicación para ‘colocar’ sus argumentos, expuestos la pasada semana en el Congreso Internacional de Energía y Recursos Minerales, celebrado en Santander, organizado por los colectivos que representan a los ingenieros de minas (la Asociación Nacional de Ingenieros de Minas de España y el Consejo Superior de Colegios de Ingenieros de Minas de España).

Un congreso que se vistió de un barniz a la vez empresarial, técnico y académico, y en el que el argumentario pasó por apelaciones muy directas a los efectos de esta técnica en la economía: la creación de puestos de trabajo, la disminución de los costes que supone importar energía y la consiguiente rebaja en las facturas de los consumos domésticos, tal y como enumera José Luis Muñoz Conde, portavoz de Shale España.

Sobre todo, se trata de vender seguridad, por eso niegan que sea un «experimento» (término dicho sin ánimo aparente de polemizar, pero lo cierto es que esa misma expresión fue la que empleó la semana pasada el presidente Ignacio Diego).

Por esa llamada a la seguridad se enfatiza que no es una técnica tan nueva, que en Estados Unidos se usa con normalidad, y –y aquí es donde entran en escena los ingenieros–, que no hay riesgo para la salud humana.

Esa es la principal crítica que está recibiendo el fracking: el miedo a que se contaminen acuíferos y a qué se produzcan seísmos.

En esas dos señales de alarma es en donde más se esforzó un colectivo invitado al congreso, que presentó en esta cita un informe, cuyo contenido detallaba uno de los autores, Ángel Cámara, decano del Colegio de Ingenieros de Minas del centro de España. Un informe en el que sus autores destacan su origen académico y su perfil profesional.

Sobre los terremotos, dicen que alterar el subsuelo produce pequeños seísmos, sí, los equivalentes a, por ejemplo, el que genera el tráfico de automóviles en una gran ciudad.

Y en cuanto a la contaminación de agua (en Cantabria hay preocupación porque el Permiso Luena, el más inminente, está en la zona de San Martín de Toranzo, desde donde se abastece toda la Bahía de Santander), la niegan, porque no se toca acuíferos.

Lo del agua tiene otra derivada: para fracturar la roca hace falta mucha agua. Mucha. Tanta como la que entraría en cuatro piscinas olímpicas. Es decir 9.300 hectómetros cúbicos. Y aunque en las declaraciones se remarca que se puede depurar y reutilizar, lo que dice el informe es que sólo podrá reutilizarse para más fracking.

Otra cosa en la que coinciden argumentalmente los ingenieros y la industria es en lamentar que sólo se haya escuchado la presión en contra a la hora de tomar decisiones políticas.

Pero aparte de las coincidencias, el informe de los ingenieros da un paso más allá de su perfil técnico y reclama medidas políticas: que los trámites sean más flexibles y que los impuestos sean menores.

PROFESIONALES Y EMPRESA

Todo esto lo defendía públicamente Ángel Cámara, uno de los responsables de este estudio. Pero hay otro autor, que no es el que ha hecho las declaraciones públicas: Fernando Pendás, sobre quien llama la atención Leire Díaz, teniente de Alcalde en Vega de Pas, municipio incluido dentro del Permiso Luena.

Y es que Pendás es, tal y como refleja la Web de una de las empresas del sector, accionista y consejero delegado de Vancast Exploración, una firma que tiene participaciones al menos en 7 permisos de Fracking en España. Un dato que no figura en el informe.

Además de este dato, tal y como destaca la Asamblea contra la Fractura Idráulica, el congreso, organizado por ingenieros de minas, tiene entre sus patrocinadores a Gas Natural Fenosa, promotora del fracking en la zona sur de Cantabria, en todo Campoo, el embalse del Ebro y Valderredible mediante su filial Petroleum Oil and Gas.

También patrocina ACIEP, la asociación que agrupa a muchas de las empresas españolas que se dedican a la extracción de gas y petróleo, entre ellas Repsol, que tiene solicitado ya un pozo de fracking entre San Pedro de Romeral y Vega de Pas y un sondeo somero en San Martín de Toranzo, al lado de la captación de aguas de Santander, para finales de este año y principios del que viene.