Euskadi y Cantabria: conflictos por un tubo

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Perdón por la licencia en el titular, pero nos las ponen como a Amancio. El Gobierno Vasco ha amenazado hoy a Cantabria con elevar a la Comisión Europea, y si es preciso para defender sus intereses hasta el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el conflicto abierto por la futura instalación en la región de una nueva división de la multinacional alavesa Tubacex.

Así se desprende de las declaraciones este martes del portavoz del Eusko Jaurlaritza, Josu Erkoreka, en las que advierte que el País Vasco será “implacable”, si se confirma que está ofreciendo facilidades como suelo gratis para atraer empresas a la región, un paso que podrían dar muchas empresas vascas como ya ha hecho Tubacex.

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‘Buscamos empresarios, suelo industrial gratis 5 años’. FUENTE: Sodercan

Erkoreka ha explicado que el Ejecutivo vasco está «verificando» si Cantabria, gobernada por el PP, está ofreciendo apoyo económico a las empresas, lo que es «ilegal» a la luz de la normativa europea por ser considerado «ayuda de Estado».

De ser así, ha insistido Erkoreka, el Gobierno litigará contra Cantabria ante la Comisión Europea y, en su caso, ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

SUELO GRATIS

Y así parece ser. Cantabria ha lanzado una campaña, accesible desde la web de la empresa pública SODERCAN,  con el lema ‘Buscamos empresarios. Suelo gratis 5 años’.

Dentro del ‘Plan de suelo industrial del Gobierno de Cantabria’, la comunidad autónoma ofrece hasta el 31 de enero de 2014 «facilidades de acceso a financiación», hasta el 70% de la inversión y créditos a 11 años, gracias a un convenio con el Banco Santander.

También oferta derecho de superficie de suelo público durante 50 años, con opción a compra durante los 15 primeros.

SUBASTA AUTONÓMICA

En la subasta autonómica que emprendió Tubacex para la localización de una nueva división de la compañía (Tubacex Services) Cantabria pujó fuerte, la más fuerte.

Prácticamente regalará el suelo en Medio Cudeyo – el municipio donde ya se instaló GFB-, e incluso participará la filial Tubacex Services con un 19% de su capital.

Aunque el Gobierno cántabro todavía no ha aportado datos de forma oficial, la inversión pública podría ascender hasta los 5 millones de euros.

El compromiso de generación de 110 puestos de trabajo maneja el horizonte de 2018, precisamente a los 5 años de la consecución del acuerdo – 5 años dura el suelo gratis-. Otras fuentes manejan una cifra de 50 empleos al comienzo de la actividad el verano que viene.

EL BLINDAJE DEL CONCIERTO VASCO

Este posible contencioso con Cantabria supondría todo un cambio de papeles, porque las quejas tradicionalmente habían sido por las condiciones ventajosas para la ubicación de empresas en el País Vasco.

El último conflicto de este tipo surgió en el otoño de 2010. En concreto, el 19 de octubre, el que entonces era portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Francisco Rodríguez Argüeso, se reunió en Valladolid con sus homólogos de La Rioja, Carlos Cuevas, y de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, con el fin de impulsar propuestas de los tres parlamentos de las comunidades limítrofes afectadas por el blindaje del concierto vasco.

Fue sólo una semana después de que el Congreso de los Diputados tomara en consideración la Proposición de Ley presentada por el Parlamento Vasco consistente en la modificación de las Leyes Orgánicas del Tribunal Constitucional y del Poder Judicial, mediante la cual se pretendía que las normas forales fiscales de las Juntas Generales de Álava, Guipuzcoa y Vizcaya tuvieran carácter normativo con fuerza de ley.

Ante esta situación los Portavoces de los Grupos Populares de la Rioja, Cantabria y Castilla y León, impulsaron iniciativas parlamentarias contrarias al blindaje vasco.

Y el propio Ignacio Diego convocó ruedas de prensa como presidente del PP cuando era líder de la oposición, para denunciar la desigualdad que generaba en las comunidades limítrofes el blindaje del concierto vasco.

VACACIONES FISCALES

En el recuerdo también, el varapalo comunitario a las denominadas ‘vacaciones fiscales’, exenciones tributarias que en la década de 1990 el Gobierno de José Antonio Ardanza y las diputaciones forales concedieron a importantes empresas.

Esta semana, precisamente, ha sido protagonista el lehendakari, Iñigo Urkullu, por haber visitado La Rioja por primera vez después de años de enfrentamientos.

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