Rodear una institución pública para protestar sin autorización expresa es una de las conductas penalizadas en la Ley de Seguridad Ciudadana, recién aprobada por el Consejo de Ministros y que aún no está en vigor, a falta de su trámite parlamentario.

Pues una de las primeras respuestas a este texto aprobado por el Gobierno central va a ser, precisamente, una nueva convocatoria de ‘Rodea el Congreso’, una manifestación ante el Congreso de los Diputados.

Será el sábado 14 de diciembre a las siete de la tarde, a instancias de la Coordinadora 25S (promotora de las anteriores protestas de Rodea el Congreso), que ya está moviendo el evento a través de redes sociales.

Los convocantes denuncian la “burda maniobra” de intentar ‘vender’ rebajas en las penas por las infracciones, que siguen incluyendo protestas como esta o los escraches y las convocatorias a través de redes sociales, con sanciones económicas de hasta 600.000 euros que además dependerán del Ministerio del Interior, en lugar de del poder judicial.

CASTRO SE MUEVE

Esta protesta tendrá traslación en Cantabria, con la convocatoria de una manifestación en Castro Urdiales, localidad en la que se está desarrollando un activo movimiento social.

Allí se mueven plataformas locales de colectivos como los afectados por las preferentes o por las hipotecas, además de una plataforma específica de lucha contra el paro, todas unidas en torno al grupo ‘Castro se mueve’.

Los distintos colectivos se han citado a las siete de la tarde para ir concretando la protesta, que finalizará en la Plaza del Ayuntamiento de Castro Urdiales.

Cita que se suma a la asamblea convocada tan sólo un día antes, el viernes 13 de diciembre, en la librería La Vorágine (en Santander, calle Cisneros), cuyo propietario, el periodista y activista Paco Gómez Nadal, está pendiente de la celebración de un juicio por participar en una protesta en una entidad bancaria en Torrelavega.

SEGURIDAD, CIUDADANA Y PRIVADA

La nueva Ley de Seguridad Ciudadana ha sido objeto de atención de la prensa internacional, que ha acuñado el término de democracia autoritaria, para referirse a legislaciones en esta línea en países del sur de Europa como Grecia, Italia y sobre todo España.

Entre otras medidas, la ley de seguridad ciudadana saca del ámbito penal algunos tipos que estaban siendo resueltos por los jueces a favor de los movimientos sociales, protegiendo ante todo el derecho de manifestación.

Y se lleva al terreno de lo administrativo, donde la administración pasa a ser juez y parte, con cuantiosas multas y nuevos tipos adaptados a los movimientos post 15-M.

En cuanto a la Ley de Seguridad Privada, en ella se equipara prácticamente a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado con las empresas de seguridad privada, contemplando fórmulas de coordinación y de colaboración público-privada, y abriendo al espacio público competencias a la seguridad privada, que podrá identificar y detener en la calle.