La Consejería de Sanidad ha aprobado una orden con las instrucciones para garantizar la asistencia a los inmigrantes sin papeles, que atenúa la aplicación en Cantabria del polémico Real Decreto Ley 16/2012, de manera que asumen buena parte de las exigencias de los movimientos sociales.

El departamento que dirige la vicepresidenta del Gobierno de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, ha aceptado algunas de las exigencias más importantes de la Plataforma Contra la Exclusión Sanitaria en Cantabria, como la reducción del tiempo obligatorio de residencia estable en la región, que baja con respecto al planteamiento inicial de un año a seis meses para acceder a la asistencia.

Así, los inmigrantes irregulares podrán acogerse al programa de protección social de la salud pública, siempre y cuando lleven más de 183 días con residencia estable en Cantabria, y cuando sus ingresos (IPREM) no superen los 532 euros mensuales.

El programa va dirigido a las personas que no tienen condición de asegurado o beneficiario del sistema público de salud, y a los que no disponen de un convenio especial o no pueden exportar el derecho de asistencia sanitaria desde su país de origen.

Además de la asistencia, estas personas tendrán prestación farmacéutica, aunque tendrán que pagar el 50 por ciento del coste del medicamento.

Sin embargo, los beneficiarios de este programa no podrán extender esa asistencia a otras comunidades autónomas con cargo al Servicio Cántabro de Salud, excepto en el caso de que sean derivados a centros de otras regiones.

Las personas interesadas en estar en este programa deben presentar su solicitud en un centro de salud, de forma presencial o telemática, aunque también pueden acudir a un trabajador social de la Consejería o del Servicio Cántabro de Salud y de los ayuntamientos para que les acrediten que son beneficiarios de esta iniciativa.

La Plataforma Contra la Exclusión Sanitaria se reunirá este jueves para evaluar el contenido de esta orden que se publicará en el Boletín Oficial de Cantabria.

NO EXCLUSION SANITARIA

El movimiento contra la exclusión sanitaria surge del RDL 16/2012 para la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud, que introdujo el requisito de “residencia efectiva y autorizada en España” como condición previa para que las personas extranjeras puedan acceder a la atención sanitaria.

Otros países europeos habían regulado antes el fenómeno conocido como “turismo sanitario”, pero con un requisito más abierto, como el de “residencia efectiva y prueba de insuficiencia de ingresos”.

Numerosos colectivos profesionales y ciudadanos se mostraron desde un primer momento en contra de este apartado de la Ley, por considerar un error pretender regular los flujos migratorios mediante la política sanitaria, y porque suponía en la práctica la retirada de la tarjeta sanitaria, frente a la situación anterior de Sanidad Pública y Universal.

El 13 de septiembre de 2012, en aplicación del RDL 16/2012, Sanidad retiró la tarjeta sanitaria a 4.819 inmigrantes irregulares mayores de 18 años, de los que sólo el 32%, 1.528, habían regularizado un año después su situación -según los datos aportados por la consejera-.

Un año más tarde, en septiembre de 2013, la titular de Sanidad sugirió que era «más que probable» que un elevado número de los 3.282 restantes haya retornado a su país de origen.

Desde un primer momento, hubo comunidades autónomas que se negaron a la aplicación de la ley; no así Cantabria, que al principio apostó por el cumplimiento del RDL. Pero posteriormente se ha mostrado sensible al diálogo con la Plataforma y ahora ordena las instrucciones que suavizan en la práctica la ley estatal.