Socueva, la constructora que fue administrada entre 1997 y 2001 por Miguel Mirones, expresidente de Ceoe Cantabria (en la actualidad presidente de la Asociación Nacional de Balnearios y del Instituto para la Calidad Turística en España), evitó el pago de deudas desviando obras y créditos a otras empresas con las que estaba relacionada.

Como el Grupo Castelar, propiedad de los hermanos Javier y Miguel Mirones, o Cota Management, empresa en la que trabajaba una empleada a la que se nombró apoderada de Socueva.

Son las tesis que manejan tanto el Ministerio Fiscal (la acusación pública) como la Seguridad Social (que perdió 1,4 millones de euros por estas operaciones) de cara al juicio que comienza este lunes y se prolongará hasta el 20 de febrero en la Audiencia de Cantabria.

Lo que se juzga son las responsabilidades en la quiebra de la empresa, quiebra que ya fue declarada fraudulenta por una sentencia previa.

Aunque en realidad las mayores peticiones de penas se las lleva Miguel Tausía, administrador único de la empresa a partir de julio de 2001, cuando comienzan a ejecutarse las maniobras para evitar los pagos.

Pero los problemas empezaron a notarse en el año 2000: según recoge el escrito del Ministerio Fiscal, consultado por El Faradio, la situación económica era mala, pero sus administradores realizaron balances positivos para ocultarlo y llegaron a no depositar sus cuentas en el Registro Mercantil.

Todo a pesar de que, tal y como establece la Seguridad Social, para ese año ya estaba en causa de disolución por pérdidas, motivo por el que se aprobó el llamado Plan Estratégico Bianual 2001-2002, cuya finalidad era “dar una apariencia de solvencia frente a los acreedores y proveedores totalmente alejada de la realidad”.

A partir de entonces, comenzaron los movimientos, que incluyen en junio de 2001 una ampliación de capital “simulada” por valor de 2,3 millones de euros que no se llegaron a ingresar, así como todas las operaciones que involucraban a otras empresas, dentro de un plan que incluyó el sobreseimiento generalizado de pagos, y con el que la Fiscalía entiende que en realidad lo que se pretendía era “vaciar” y “descapitalizar” Socueva.

EL USO DE LAS EMPRESAS

Miguel Mirones

En concreto, tal y como relatan el Ministerio Fiscal y la Seguridad Social, en marzo de 2001 otro de los acusados, Miguel Martínez, creó la empresa Construcciones Técnicas Aplicadas Management (COTA Management), en la que ejerció como administrador único.

Entre los empleados de esa segunda empresa estaba otra acusada, Inés Carmen Sena, a quien el administrador de Socueva, Miguel Tausía, concedió en agosto de 2001 amplios poderes para representar a la firma que meses antes habían gestionado los hermanos Mirones.

Hay un momento (septiembre-octubre de 2001) en que esa segunda empresa cambia de nombre, a Adproin, y no sólo de denominación, sino también de objeto social (el objeto social es la descripción de las funciones que puede acometer una empresa), que en ese caso pasó a ser coincidente con el de la constructora Socueva. Es decir: Socueva y Adproin podían ya dedicarse a lo mismo.

Sólo un mes antes del cambio de nombre, la apoderada de Socueva (Inés Carmen Sena, empleada de esta segunda empresa, la futura Adproin), y la propia Cota Management) pactan una cesión de créditos a favor de esta segunda empresa, por un valor de 11,6 millones de euros que de esta forma se evitó que entraran en Socueva, en una información que no fue trasladada de forma correcta a los deudores.

Se empiezan a traspasar distintos contratos y proyectos, como la Cooperativa de Viviendas Duque de Ahumada, urbanizaciones de chalés o el aparcamiento subterráneo de Las Cachavas, en Santander, entre otros.

A todos estos movimientos la Seguridad Social añade que antes de abandonar la gestión directa de Socueva, los hermanos Mirones empezaron a “descapitalizar” la empresa en perjuicio de los acreedores con los que se mantenía deudas, y se hizo realizando obras para empresas del Grupo Castelar, propiedad también de los propios hermanos Mirones.

El resultado de estas operaciones fue que se generó una deuda de 1,8 millones de euros de Socueva en favor de Grupo Castelar, que Socueva no llegó a recuperar porque se pactó una quita (una reducción de los importes) con el Grupo Castelar, estando ambas empresas vinculadas entre sí de alguna forma,.

EL JUICIO

En el juicio, la Fiscalía solicita un año de cárcel y multa de 3.240 euros para el expresidente de la patronal cántabra, al que acusa de un delito societario por ocultar las dificultades económicas de Socueva .

Además de a Miguel Mirones, el Ministerio Fiscal imputa la comisión de ese mismo delito societario a otras dos personas más: su hermano Javier Mirones, que fue administrador de Socueva y Miguel Tausía, administrador único cuando se ejecutan las operaciones, para los que pide penas de un año de prisión y 3.240 euros de multa.

A Tausía, además de la pena anterior, la Fiscalía le reclama cuatro años de prisión y multa de 7.200 euros por un delito de insolvencia punible, lo mismo que pide a Miguel Martínez de la Hidalga e Inés Carmen Serna, estos dos por cooperación necesaria de este delito a través de un plan para «vaciar patrimonialmente» a la empresa y transferirlo a otra.

También pide para Tausía, Inés Carmen Serna y Miguel Martínez de la Hidalga —y de forma subsidiaria las empresas, Construcciones Socueva SL, Cota Hispania SA, Construcciones Técnicas Aplicadas Managamet SL y Adproin Gestión SL— unas indemnizaciones de más de 3 millones de euros (3.036.481 euros: 1,4 a la Seguridad Social y el resto a empresas con las que se mantuvieron deudas).

RECONOCIMIENTO INTERNACIONAL

En la actualidad, Mirones es presidente de la Asociación Nacional de Balnearios y del Instituto para la Calidad Turística Española (ICTE) y recientemente ha sido elegido presidente de los miembros afiliados de la Organización Mundial del Turismo (OMT), la única agencia de Naciones Unidas que tiene su sede en España.

Como presidente de ambas organizaciones, acaba de recibir la insignia de Oro y Brillantes como nuevo Prócer del Turismo Español en Iberoamérica por su labor en la implantación de la cultura de la calidad en el turismo en dicha área geográfica.

Mirones fue presidente de la patronal cántabra entre los años 2006 y 2011, cuando dimitió como consecuencia de la polémica desatada por las acusaciones del secretario general de Yves Díaz de Villegas de irregularidades en la adjudicación de servicios de la patronal a empresas que Díaz de Villegas relacionó con el propio Mirones.

Una auditoría confirmó la existencia de esas irregularidades, pero rechazó que en ellas tuviera algún tipo de responsabilidad Miguel Mirones.