Una vez encaminada la gestión de negociaciones entre las entidades bancarias que se prestan y los propietarios de viviendas afectados por casos de desahucios, la Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH) de Santander ha puesto en el punto de mira al Gobierno de Cantabria y sus planes para el alquiler.

Junto a una treintena de activistas y afectados, la PAH se ha desplazado este jueves a la sede de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda, en la calle Alta de Santander, con un doble propósito: una propuesta y una denuncia. Las dos afectan al Ejecutivo autonómico.

La propuesta es una petición de un parque público de viviendas en alquiler formado en base a los inmuebles vacíos de instituciones, bancos o la Iglesia (en torno a 10.000), y la denuncia es sobre las trabas administrativas del Ejecutivo cuando se ha llegado a acuerdos de dación en pago (la entrega de la vivienda para saldar la deuda).

UN ALQUILER  CARO Y “DESFASADO” QUE BENEFICIA A BANCOS E INMOBILIARIAS

Activistas de la PAH han pedido una reunión al consejero de Vivienda

Tal y como explicaba uno de los portavoces de este colectivo, Oscar Manteca, la PAH pedirá una reunión con Francisco Javier Rodríguez Argüeso, consejero de Obras Públicas y Vivienda.

Y quieren acudir con una propuesta de fondo: una redefinición de la concepción del mercado de alquiler.

En la PAH censuran las ayudas públicas al alquiler (4,2 millones de euros), pues creen que con ellas en realidad lo que se hace es “retroalimentar un mercado desfasado” y ayudar a bancos e inmobiliarias a dar salida a sus stocks, y a unos precios medios de 500 euros al mes, elevados para unos ingresos medios de 700 entre los usuarios, para llegar además a 200 beneficiarios.

Frente a esto, ellos propugnan un parque público de viviendas que recupere los pisos que sean propiedad de bancos, instituciones públicos y la Iglesia, y que estiman en 10.000 en Cantabria. Sólo en Santander, calculan 400 propiedades en manos de bancos.

Y se basan en soluciones adoptadas en otros lugares de España, como el decreto de la Junta de Andalucía que multa a los bancos con viviendas vacías, a la moción aprobada en el Ayuntamiento de Terrasa, que permitió recuperar pisos sin ocupar de entidades financieras.

LAS INSTITUCIONES Y LA DACIÓN EN PAGO

En cuanto a la denuncia, desde la PAH advierten que las entidades financieras les están informando de problemas para las daciones en pago (la entrega de la vivienda como forma de saldar la deuda del afectado) cuando afecta a viviendas de protección oficial, con “trabas administrativas”.

Desde el Gobierno de Cantabria respondían reprochando a la PAH la «falsedad» de sus acusaciones, y reivindicando políticas como las 24 viviendas de promoción pública que se pusieron en alquiler a precios «totalmente sociales».

Una petición a la que suman una moción que quieren llevar al Ayuntamiento de Santander, de que no aplique el impuesto de la plusvalía en aquellos casos en los que las dificultades económicas de los propietarios han llevado a negociar daciones en pago.