Decisiones políticas

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Los informes técnicos los carga el diablo. Armarte de argumentos supuestamente irrevocables con un estudio hecho a medida es tan sencillo como ser tú el responsable de encargarlo. Siempre hay margen para soslayar aquello que no nos gusta o para poner en la primera página y bien subrayado el eje central de lo que será nuestra línea de actuación. Hay documentos para todos los gustos.

Fracking no

Y sí, estoy hablando del fracking, pero también de otras muchas cosas. La lucha contra la extracción de gas a través de la fractura hidráulica ha proporcionado a estas alturas argumentarios bien definidos por ambos lados, en los que se repiten muchas conclusiones y riesgos, pero que obvia generalmente que la opción de permitir o no el uso de esta técnica es, simple y llanamente, una DECISIÓN POLÍTICA.

Por eso, ni más ni menos, las administraciones locales y los gobiernos autonómicos de todos los colores, más cercanos al ciudadano, están asumiendo las posiciones de las plataformas antifracking, por la presión social que han logrado ejercer éstas en los últimos meses. El movimiento contrario al fracking va de abajo a arriba, de la calle al poder, y no al revés. Es algo singular que no pasa casi nunca.

El trabajo de estas plataformas en Cantabria ha sido encomiable: charlas, debates, reuniones, conferencias, concentraciones, movilización en la calle y en las redes sociales, información, recursos judiciales, informes, estudios, acciones de protesta y reivindicación, influencia social y política, difusión, actos simbólicos o manifestaciones. Todo lo que ha estado en sus manos.

Los ciudadanos, organizados y concienciados, han marcado el rumbo de las decisiones que se han tomado posteriormente en las administraciones públicas. Además, han conseguido algo muy complicado: evitar ser instrumentalizados por el poder político. Se mantienen vigilantes y se cuidan mucho de no legitimar con un apoyo que no es tal a los gobernantes que no han estado a la altura durante demasiado tiempo.

No es el único caso, evidentemente. Ahí tenemos a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, o a la Plataforma de Afectados por las Preferentes, por ejemplo. Las preocupaciones ciudadanas alcanzan relevancia mediática por sí solas e influyen inmediatamente en las prioridades políticas.

Mientras tanto, sigue abierto un supuesto enfrentamiento, una guerra entre el Gobierno de España y el Gobierno de Cantabria. Un conflicto de competencias que no debería existir teniendo en cuenta que el Partido Popular ostenta el poder en ambas administraciones.

Debería ser irrelevante que los informes que maneja el Ministerio de Industria asuman punto por punto la versión de la industria del fracking o que el Ejecutivo que lidera Ignacio Diego apele a grandes símbolos de la comunidad autónoma como Altamira. La única solución pasa por un acuerdo político.

Los ciudadanos de Cantabria, igual que muchos en otras regiones españolas, han demostrado sobradamente que no quieren que se practique esta técnica. Los argumentos los conocemos de sobra y los efectos del fracking, en mayor o menor medida, no los niegan ni los más acérrimos defensores, ni aquellos que sacarán un claro beneficio económico a corto plazo.

En esta tierra hay un extraño consenso político, después de que el anterior Gobierno autorizará los primeros permisos, todo hay que decirlo. El empeño del ministro José Manuel Soria, que no se destaca precisamente por su rigor y sí por su defensa a ultranza de las empresas energéticas, solo se puede combatir desde el plano político.

El Gobierno de Cantabria, si quiere alcanzar el éxito y ser creíble, debe tejer alianzas con otros territorios que también se han declarado libres de fracking para presionar en Madrid y convertir en una bandera su lucha contra la fractura hidráulica. Además, o sobre todo, está obligado a poner fin al doble juego que le permite hacer una cosa en el Parlamento autonómico y votar lo contrario en el Congreso de los Diputados.

Es una cuestión de confianza y, probablemente, una necesidad electoral. Ni estudios ni informes. Al final y al cabo, ES UNA DECISIÓN POLÍTICA Y TIENEN QUE ELEGIR.

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