Padre e hija, afectados por el lanzamiento de su vivienda, a la salida de la oficina de Caja Cantabria en Corrales, con el acuerdo de aplazamiento.

La Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH) de Torrelavega ha conseguido este viernes, con el apoyo de los compañeros de Santander, otras organizaciones y vecinos de Corrales de Buelna, suspender, sobre la campana, la situación límite de una familia con hijos que no podía afrontar su hipoteca y que hoy debía entregar de forma voluntaria las llaves de su vivienda en los Juzgados de la capital del Besaya, como último paso del lanzamiento por el que están afectados.

La entidad financiera ha firmado un escrito en el que se compromete a suspender hasta el 1 de junio el lanzamiento de esta familia. Durante este periodo se requerirá a los afectados para que aporten toda la documentación, y habrá una negociación para que se condone la deuda y se ofrezca, como solución a esta situación, un alquiler social  que no exceda el 30% de los ingresos de la unidad familiar.

El miércoles se había presentado la policía judicial en el domicilio de esta familia corraliega, ante la sorpresa del padre y los hijos, que no sabían nada de la situación extrema que atravesaban. La mujer había llevado en silencio toda la carga de las conversaciones con Liberbank, que no había aportado más solución que el desahucio.

Consiguieron un aplazamiento de dos días, razonado por la necesidad de unas horas para sacar los muebles del piso – de protección oficial, adquirido en 1998-. Pero en lugar de una mudanza a ninguna parte, la mujer hizo algo mejor: siguiendo el consejo de un trabajador de los juzgados de Torrelavega, llamó a la PAH.

De urgencia, las plataformas de Torrelavega, Santander y Comillas, con el apoyo de otros afectados por los excesos del sector financiero, se han concentrado a las puertas de la sucursal de Caja Cantabria en Los Corrales de Buelna.

Más de 200 personas se ha sumado a la movilización, al grito de «sí, se puede», que se ha tornado en un «fuera, fuera», cuando ha aparecido la Guardia Civil. Pronto se ha anunciado el inicio de las conversaciones, para que los manifestantes permitieran el acceso a la oficina, donde no había podido entrar, minutos antes, un agente de Prosegur con una bolsa. La anécdota, también se ha celebrado en el exterior.

En el interior de la oficina, dos representantes de la PAH de Torrelavega han conseguido algo que es bastante «excepcional», como ha apuntado Elena Prado en declaraciones a El Faradio, que es el compromiso por escrito de la entidad financiera, que inmediatamente se ha trasladado al juzgado, en lugar de las llaves de la vivienda que esperaban, como hora límite a las 12 del mediodía.

Pasadas las 11 de la mañana, una hora después del inicio de la concentración, salían de la oficina, con ese escrito de suspensión como trofeo, el padre y la hija de esta familia, acompañados por Dolfi y Elena, de la PAH de Torrelavega.

Cuando se ha comunicado la noticia, ha estallado la euforia de los activistas, y los ojos de los afectados, el padre y la hija, se han emocionado. La mujer, que recurrió a la desesperada a la PAH el miércoles, tuvo que ser trasladada a Sierrallana en estado crítico relacionado con la situación de su vivienda. En las últimas horas ha mejorado su estado, según ha informado la PAH.

Un activista de la PAH de Torrelavega ha sido identificado por la Guardia Civil, lo cual ha derivado en una reacción de solidaridad, una recogida de DNIs con lo que pretendían que todos fueran identificados como convocantes de la acción. No han tenido mucho éxito.

«VERGÜENZA DEBERÍAN TENER LAS ENTIDADES BANCARIAS»

Este ha sido uno de los casos más extremos y dramáticos de los que puede gestionar la Plataforma de Afectados por las Hipotecas, cuando entra en juego el factor vergüenza de los afectados, el miedo al qué dirán y el rechazo a comentar con nadie su situación.

«Vergüenza deberían tener las entidades bancarias, que han recibido muchos millones de dinero público y que tienen muchísimos pisos vacíos y no tienen ninguna considerde viviendas vacías» ha denunciado Prado.

La historia se ha vuelto a repetir. Cuando el caso llega al extremo y la movilización toca a las puertas de la sucursal, los empleados, autorizados por el director de zona de Liberbank, al corriente de todo por la propia PAH y los medios de comunicación, llegan a un acuerdo con los afectados. Y les explican que se podía haber resuelto antes, «de haberlo sabido».

«Ellos en cualquier momento de un procedimiento judicial lo pueden paralizar», rechaza la PAH, «y podían haber solicitado hablar con los afectados, intentar negociar de buena fe.

Pero nunca es el caso, según la PAH porque «a ellos les viene muy bien que la gente tenga miedo y vergüenza, se quede sola en su casa y se proceda al desalojo».

¿Para qué quiere un piso vacío un banco? es la paradoja central en este contexto. La respuesta es muy sencilla para la PAH: «a¡Aunque estén los pisos cerrados, para ellos supone un activo a final de año en su contabilidad; deja de contar como una deuda, no son cifras rojas». Por el contrario, «la parte humana no les importa salvo cuando hay reacción popular como hoy».

En el caso de Liberbank, en múltiples reuniones han presumido ante la PAH de que es una entidad financiera que no practica desahucios, pero la realidad es bien distinta.

En febrero llegó a un acuerdo con la PAH para evitar cinco desahucios en Santander, después de una ocupación de la oficina de Cazoña

Y más recientemente, en Astillero, una movilización de 200 personas frenó otro desahucio ordenado desde la misma entidad financiera.