La prescripción de los delitos salva a Marcano

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El Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) ha archivado la denuncia que presentó la Asamblea Ciudadana por Torrelavega (ACPT) contra el exalcalde de Torrelavega y actual diputado del PRC, Francisco Javier López Marcano. En la denuncia, la ACPT pedía la imputación de Marcano  por un presunto delito de falsedad en documento público y prevaricación al haber manipulado el convenio urbanístico que aprobó el Pleno en 2003 para la compra de la finca de La Carmencita, por el que la empresa Terrenos de Adarzo reclama ahora al Ayuntamiento 4,5 millones.

López MarcanoEl TSJC rechaza la petición de ACPT porque los presuntos delitos ya han prescrito: desde que ocurrieron los hechos hasta hoy ya han transcurrido los diez años que fija el Código Penal. ACPT denunció también por los mismos delitos al representante legal de la promotora, Luis del Río Diestro. En su caso, la Sala de lo Penal ha acordado remitir las actuaciones al Juzgado de Instrucción de Torrelavega para que instruya si se admite o no la denuncia.

El portavoz de ACPT, Iván Martínez, consideró tras conocer la sentencia que López Marcano «se salva por la injusticia de las leyes, por la prescripción de los delitos”. Martínez aseguró que ese es el motivo por el que “Luis del Río y Terrenos de Adarzo han tardado «exactamente diez años y dos meses en presentar la millonaria reclamación al Ayuntamiento”.

Martínez aventuró que la situación confirma que “todos los ciudadanos estamos siendo objeto de un auténtico robo y una estafa calculada hasta el extremo de esperar el transcurso de una década para beneficiarse de las prescripciones de los delitos”.

LA DENUNCIA DE ACPT

La Asamblea Ciudadana por Torrelavega denució a principios de julio a López Marcano ante la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria por presuntos delitos de falsedad en documento público y prevaricación en el convenio de permuta de los terrenos de La Carmencita, donde el Ayuntamiento torrelaveguense tiene proyectada la construcción del Centro de Emprendedores.

La ACPT consideró que existían graves irregularidades en la tramitación del convenio firmado entre el Consistorio y el promotor Luis del Rio, en la última etapa de regidor municipal del actual diputado regionalista, a escasas fechas de las elecciones de 2003.

Según explicaba en su momento el concejal de ACPT Iván Martínez en Buenos Días Cantabria hubo un cambio sustancial en el convenio urbanístico de la finca de La Carmencita. Aprobado en 2003, cuando el alcalde era López Marcano, del PRC, gobernando en coalición con el Partido Popular, el convenio incluía la posibilidad de indemnizar a la empresa si la operación no podía ejecutarse por cuestiones relacionadas con el desarrollo del Plan General de Ordenación Urbana.

Pero “camino del Ayuntamiento al notario”, como gráficamente describía Martínez, se introdujo una nueva redacción del texto, añadiendo, entre comas, la posibilidad de extender esta petición de indemnizaciones a retrasos o problemas producidos por cualquier otro motivo que no fuera exclusivamente el PGOU.

Además, en ACPT recuerdan que ya en su día la operación urbanística podía considerarse como “un pelotazo urbanístico”, debido a que el convenio tasó en 3,8 millones de euros una finca que tres días antes fue comprada por aproximadamente 900.000 euros por la promotora Terrenos Adarzo, cuyo responsable, Luis del Río Diestro, estuvo vinculado al Partido Popular al haber sido consejero de Industria en anteriores gobiernos autonómicos.

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