Las bajas temerarias, pan para hoy y hambre para mañana

Tiempo de lectura: 9 min

Que qué es una baja temeraria. Pues es cuando la Administración saca a concurso una determinada obra pública, por un precio, y llega una empresa y, para conseguir la adjudicación, ofrece una cifra muy, pero muy inferior a la planteada.

Que por qué se producen. Sencillo: estamos en crisis, hay poca obra privada y lo público, pues también se ha reducido. Hay menos cosas para todos y más necesidad de conseguirlas.

Que por qué es malo. Pues depende. Para la Administración es bueno, porque consigue rebajar costes y el precio es uno de los criterios que usan las instituciones a la hora de decidir quién se lleva un proyecto. Más, ahora.

Pero, para el resto de empresas, el efecto es el equivalente a ser una tienda de informática de barrio y que te abran un Media Markt: no se puede competir. Una empresa mediana o pequeña no puede rebajar un 30, incluso un 50% sus costes, que es el porcentaje en el que se viene a incluir la baja temeraria.

Y en qué afecta al resto del mundo. Pues ahí está el quid de la cuestión. Que sin adjudicaciones, no hay trabajo y se deja de contratar gente, y se empieza el efecto dominó: menos consumo y menos impuestos.

Jornada sobre bajas temerarias en la Escuela de Caminos

Jornada sobre bajas temerarias en la Escuela de Caminos

Y sin entrar ya al tema de la concentración de proyectos en manos de empresas más fuertes (más concentración es, en definitiva, menos libertad, también en la empresa), las voces que critican esta tendencia advierten de que, cuando se rebajan costes, pues se hace a costa de algo: de perder calidad en el resultado, de que no se cuiden cuestiones como la seguridad laboral, de pagar menos a la plantilla…

Hay un matiz: las bajas temerarias, o sea, una rebaja excesiva de las cifras para lograr una adjudicación, suelen en muchas ocasiones tener como compañeros de baile a los sobrecostes posteriores, porque las cosas cuestan lo que cuestan.

Y un sobrecoste de dinero público, cuando se pensaba que había un ahorro, también lo pagamos todos.

Y hay un riesgo: porque lo de las bajas temerarias no es un fenómeno exclusivo de grandes empresas. Hay otras que, necesitadas de trabajo como sea, se la juegan. O sea, que hay riesgo.

Ha pasado ya: empresas que empiezan una obra adjudicada así, y que si está en una situación delicada, a lo mejor a costa de rebajar costes asumen algo con lo que no pueden.

Y llega un momento en que la empresa desaparece, que ya es malo (la pérdida de empleo, de consumo, de pago de impuestos y de pagos a proveedores) y (algo que afecta a todos en obra pública, que es obra de todos) que la obra se quede parada. Que el proyecto no se haga. Que haya que volver a adjudicar y gastar. Que no se recupere lo invertido desde lo público si la empresa es insolvente.

El Colegio de Ingenieros de Caminos ha juntado a buena parte de los actores implicados en este fenómeno en una misma mesa en la Universidad de Cantabria, en la Escuela de Caminos, bajo el expresivo título de ‘Consecuencias de las bajas de las adjudicaciones. Ventaja competitiva o temeridad’, en una mesa redonda apoyada por la organización empresarial PYMETAL.

Allí estaban el consejero de Obras Públicas del Gobierno, un funcionario, un representante de la Asociación de Constructores, otro de la Asociación de Excavadores (es decir, los subcontratistas, la parte más baja de la cadena empresarial en obra pública) y un consultor, moderados por Enrique Conde, decano del Colegio de Ingenieros de Caminos, buscando entre todos no sólo exponer el problema sino apuntar soluciones que se antojan difíciles, y que basculan entre rechazar directamente estas bajas o aceptarlas, pero con límites más moderados.

LAS POSTURAS

Trabajos en la senda costera

La senda costera se adjudicó mediante una baja temeraria

Juan de Miguel, de la Asociación de Constructores, pone el acento en el origen del problema: la escasez de oferta, que hace que todas vayan a la baja, algo que es “muy difícil de evitar”. Un ejemplo gráfico: desde el año 2008, el año cero de la crisis, hasta hoy, en el año Seis D.E (después del estallido), la licitación de un Ministerio tan inversor como era el de Fomento se ha desplomado en un 80%.

El más crítico fue Antonio García Rivero, presidente de la Asociación de Excavadores de Cantabria, empresas que suelen ser subcontratistas de empresas adjudicatarias por la Administración y que se resienten bastante de los ahorros forzados en las bajas temerarias.

Antonio García Rivero, presidente de la Asociación de Excavadores de Cantabria, un sector que es “de por sí una baja temeraria”, “continua”, enumera los problemas que implican las bajas temerarias:

-aumentan los plazos de pago, la morosidad que ya sufren
-sólo se tiene en cuenta el precio, y no, por ejemplo, la trayectoria del contratista
-“cualquier cosa vale para defender un precio”: ese factor deja a un lado otros asuntos, como la seguridad, la documentación…
-se rebaja la calidad de la obra
-hay un factor de discrecionalidad o de incertidumbre: hay administraciones que las admiten, otras las rechazan (e incluso hay disparidad entre consejerías de la misma administración)
-y suele ir acompañado de sobrecostes, posteriores

Desde los constructores niegan que haya problemas de calidad (“se da muy poco”, la Administración lo vigila) pero sí que repasan otros:

La Carmencita

El Centro de Emprendedores de Torrelavega, también se adjudicó mediante baja temeraria

– el riesgo de no acabarse las obras, con la consiguiente pérdida de ingresos e impuestos en empresas que empiezan el proyecto en “mala situación financiera” (vamos, que han llegado a meterse en la baja temeraria precisamente por esa mala situación)

Con palabras técnicas lo describía el consultor José María González: se produce una “descapitalización” de las empresas, y un “riesgo” de su desaparición. Más llano era Juan de Miguel (de la constructora SIEC): esto puede ser “pan para hoy y hambre para mañana”.

El consejero de Obras Públicas y Vivienda del Gobierno de Cantabria, Francisco Javier Rodríguez Argüeso (responsable de muchas adjudicaciones públicas en la comunidad autónoma), muestra su comprensión hacia el problema.

Pero pone matices: él no cree que una baja temeraria suponga de por sí la destrucción de puestos de trabajo.

Porque lo que la Administración se ahorra en ese proyecto se puede destinar a otra licitación, o revertirlo en “servicios sociales”, hasta el punto de admitir que al ver en las ofertas ese tipo de rebajas le ha llegado a causar alegría, por poder destinar así más dinero a otros proyectos.

¿SOLUCIONES?

Público asistente a la mesa redonda sobre bajas temerarias

Público asistente a la mesa redonda sobre bajas temerarias

El tema de las palabras es importante. Lo planteaba alguien desde el público: si sólo se valora el dinero en los proyectos como criterio para elegir a la oferta más ventajosa, esto ya no es un concurso. ES UNA SUBASTA, “encubierta”, planteaba, haciéndose eco de las preguntas de los asistentes, profesionales jóvenes como sólo pueden serlo los ingenieros, un inquisitivo pero educado Enrique Conde.

El problema parece claro, definido y centrado. El problema del problema está en la búsqueda de soluciones.

Desde AEXCA, la asociación de los excavadores, lo tienen claro: fiel a su contundencia crítica con este fenómeno que sufren, piden, directamente, que no haya adjudicaciones desde la Administración a empresas que planteen bajas temerarias.

Más moderada es la opción de los constructores: establecer algún límite menor a las bajas temerarias, un porcentaje a partir del cual haya que justificarlas (porque tienen que justificarse, darse motivos, como una rebaja en los materiales, por ejemplo, pero, de hecho, no hacerlo puede ser causa de anulación posterior, ).

En las soluciones se cruzan las características de lo privado, es decir, las leyes de la oferta y la demanda y los métodos usados para competir; con las de lo público, o sea, tratar de mirar por el mejor uso del dinero público y, en estos tiempos de ahorro, por que el gasto sea el menor posible.

Desde la Administración, el consejero replicaba con varios matices: de momento, la Ley de Contratos es la que es; las instituciones tienen que cumplir una serie de normas y regulaciones.

Rodríguez Argüeso no se mostraba partidario de incrementar la regulación, y llegaba a insinuar que la Administración necesita una reforma integral en su forma de funcionar, además de abogar por la transparencia como forma de garantizar la competencia de las empresas.

Es una solución difícil, porque la legislación europea insta a usar criterios objetivos, para evitar adjudicaciones y decisiones arbitrarias. Y al final, lo más objetivo, lo más fácil de medir, es precisamente el dinero.

El acto termina y el público aborda al consejero y al resto de los ponentes. El debate se prolonga en el sector y los ingenieros no terminan de animarse a salir: fuera amenaza con ponerse a jarrear.

 

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