Ya lo dijo la Audiencia Nacional en 2012 : lo que el Gobierno de Cantabria estaba haciendo con el Puerto de Laredo no era dar subvenciones sino, directamente, mantener el equilibro económico del contrato mixto firmado en 2005 (años de PRC y PSOE) con la empresa privada.

Esa es la tesis de fondo que hay sobre los pleitos judiciales que mantienen Gobierno de Cantabria y la empresa concesionaria, y que han llegado a las más altas instancias judiciales, la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo, como contaba este fin de semana Europa Press.

Una de las consecuencias de esta forma de firmar el contrato hace referencia al IVA. El tema está en quien cobra ese IVA (más de tres millones de euros), si el Gobierno de Cantabria o la empresa, que consideran que es suyo, mientras que el Estado entiende que no, precisamente porque las aportaciones de dinero que se hicieron fueron para equilibrar las cuentas. Ese criterio (no es el único motivo) excluye el IVA para la Administración cántabra.

Puerto de Laredo

La empresa concesionaria del Puerto de Laredo (criticado por caro y que muchos han comparado con el aeropuerto de Castellón por lo vacío) es Marina de Laredo, formada por FCC y por Ascan, y ha mantenido un fuerte litigio con el actual Gobierno de Cantabria (que se suma a otros conflictos entre el Ejecutivo del PP y una de estas empresas, Ascan) por las características del contrato.

La empresa se encuentra ahora en concurso de acreedores. En un momento dado, quisieron cerrar etapa y anular el contrato.

Y entonces fueron también los tribunales los que llamaron la atención sobre que la empresa quería a la vez resolver el contrato, es decir, acabar con todo, como obtener los beneficios. Había una fórmula para que fueran compensados, pero para eso hacía falta que la actividad echara a andar y eso no pasó.

Esa misma sentencia, recurrida, fijó los problemas del Puerto de Laredo en un momento concreto: cuando la empresa se queda sin uno de los socios, que era una empresa participada por Caja Cantabria, que actuaba así de financiera de la operación. Sin Caja no había financiación. La sentencia lo entendía, pero añadía, textualmente, que eso no obliga a que «el Gobierno avale ningún tipo de operación de crédito».

EL CONTRATO DEL AGUA EN CASTRO

Esto en Laredo. En Castro Urdiales, la oposición alerta sobre lo que puede estar sucediendo con el contrato del agua, a cargo de Ascan.

Daniel Rivas, portavoz del PSOE de Castro

En este municipio sucede una cosa curiosa, poco habitual: es la oposición, en este caso el PSOE, la responsable de vigilar las cuentas, a través de una Comisión de Control que preside Daniel Rivas, portavoz socialista.

Desde esa posición, el PSOE advierte de que el contrato del agua arroja un déficit anual de casi 3 millones de euros, que achaca tanto a la “mala gestión” de la empresa como a la “falta de control” del equipo de Gobierno (PP, PRC y Anexión a Vizcaya).

Y entre las consecuencias, alertan de que esto “puede provocar la ruina del Ayuntamiento y la subida escandalosa en el recibo”, ya que Ascan reclama judicialmente un desequilibro financiero del contrato de unos 22 millones de euros, como suma de 15,6 millones a 31-12-2012 y unos 6 millones por los años 2013 y 2014.

Tal y como reseña el PSOE, no se están cumpliendo las partes del contrato que aluden al control de lo recaudado (según señalan, Ascan ha recaudado 1,4 millones de euros por las basuras, pero no los ha entregado al Consistorio), entre otras medidas de control.

OTROS CASOS

Terrenos en el Promontorio de San Martín

En Santander, la estrategia fue otra. La empresa es adjudicataria del parking en el Distribuidor de La Marga, que experimentó dificultades para ser ocupado, por lo que se optó por un cambio que hizo que las plazas en lugar de venderse pudieran alquilarse, de modo que no quedaban vacías y seguían reportando ingresos.

En la capital, también, la operación urbanística del Promontorio de San Martín, en la que la mayoría de las propiedades pertenecen a una entidad de la que forma parte Sadisa, del mismo grupo, se hizo de una forma rápida.

Se tramitó en pleno verano, con la Jefa de Urbanismo de vacaciones, y eso tuvo varios efectos. Uno de ellos es que se evitó que se redujera la edificabilidad de la zona, que era lo que establecía la ficha del Plan General si pasaba un plazo que ,para esas fechas estaba a punto de vencer.