El convenio para el desarrollo urbanístico del Promontorio de San Martín, aprobado nada más acabar el Mundial de Vela por el Pleno del Ayuntamiento de Santander, incluye una fórmula que permite el realojo de los propietarios de viviendas en edificios en la misma zona y con las mismas características.

El Promontorio de San Martín

El convenio permite la cesión del espacio necesario para la construcción de un parque en el área, la ampliación de un vial y el desalojo y posterior realojo de propietarios en nuevas edificaciones, en una zona en la que se autoriza la construcción de hasta 140 viviendas.

La zona se desarrolla a través de un convenio urbanístico, es decir, un acuerdo entre la parte pública y la privada, que son por un lado varias empresas o entidades, fundamentalmente la comunidad de bienes Playa de San Martín (con el Grupo Sadisa entre los principales propietarios de la zona) y los propietarios o vecinos de los inmuebles de la zona.

En total, son una veintena de propietarios (fundamentalmente en las calles La Unión y Gamazo), y se producirán una decena de realojos, toda vez que algunos de estos inmuebles tienen varios dueños.

LAS CONDICIONES DE LOS REALOJOS

En concreto, el promotor de la obra, es decir, Playa San Martín y Raicomsa, otra empresa privada, se comprometen por el convenio a realojar en los edificios que se construyan en la zona a los propietarios con los que se ha llegado al acuerdo del convenio.

El acuerdo para los realojos permiten a los propietarios conservar su altura y vistas en los nuevos inmuebles

Por ejemplo, para los propietarios del número seis de la calle La Unión se reserva – en lo que se construya nuevo en la zona- una vivienda con los mismos metros cuadrados que la que poseían, con opción a garaje, tal y como recoge el acuerdo alcanzado por las partes, al que ha tenido acceso EL FARADIO.

Es más, se indica que la planta en la que vivirán será la misma en la que viven en la actualidad pero en el nuevo edificio, al igual que la orientación. Es decir, que los realojados mantendrán las mismas vistas y condiciones de luz y terrazas.

Las viviendas tendrán las mismas calidades y las cocinas se les entregan acabadas.

Y ocuparán las viejas viviendas hasta que estén listas las nuevas, a menos que lleguen a pactos puntuales con la empresa promotora sobre realojos provisionales en otros edificios.

El promotor, Playa de San Martín y Raicomsa, les entregará la vivienda, llave en mano, y también se hace cargo de la escritura y de la solicitud de las licencias necesarias.

Y estarán libres de cargas e impuestos, para que la operación sea “neutra” desde el punto de vista fiscal.

A esto se suma que si alguno de ellos no cumple el acuerdo, es la empresa la que se encarga de las acciones judiciales para el desalojo.

Para los demás propietarios, los que no han firmado este convenio, los realojos, si fueran necesarios, serán por el procedimiento habitual.

Y además, la cesión de la finca para el espacio público al Ayuntamiento – el anunciado parque de 2.000 metros cuadrados-  por parte de la empresa privada queda condicionada a que el Consistorio conceda la licencia correspondiente a los edificios en los que se producirán los realojos.

OTROS REALOJOS

La portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Santander, Judith Pérez, ya llamó la atención en el último Pleno municipal, en el que se aprobaba el convenio, sobre la diferencia que se produce entre este realojo y otros que están siendo objeto de debate en la ciudad.

Lo hacía en alusión al caso de Amparo Pérez, vecina de Santander de 86 años de edad a la que se quiere expropiar su vivienda en la zona de Las Llamas para construir un vial entre Los Castros y la S-20.

Esta referencia causó malestar a los miembros del equipo de Gobierno del Partido Popular, que incidieron, como hizo el alcalde, Íñigo de la Serna, en que se trata de casos diferentes.

Amparo, acompañada de sus nietos

En el caso de San Martín, se ha producido un acuerdo entre la empresa privada y los propietarios, ratificado por el Ayuntamiento de Santander.

Y en el caso de Amparo, hay un Jurado de Expropiación que estableció unas condiciones rechazadas por la propietaria, ya que suponían el pago de unos 10.000 euros por una vivienda más pequeña de la que posee y que ya tenía pagada, en otra zona de la ciudad.

Amparo y su familia han rechazado estas condiciones, con lo cual ahora su desalojo sólo está pendiente de la orden judicial.

En torno a ella se ha creado un movimiento de apoyo, Amparo Se Queda, impulsado desde la Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH) de Santander, que ha protagonizado distintas acciones de protesta: desde concentraciones hasta escraches al alcalde en inauguraciones varias, pasando por una acampada en la casa de Amparo o una manifestación el día de la inauguración del Mundial de Vela.

El vial de la S-20 será construido por la unión de las empresas COPSESA, propiedad del alcalde de Ramales de la Victoria, del PP, adjudicatario recurrente de obras municipales en la ciudad; e Isolux-Corsan, que se encargó de un vial similar en la misma zona.

El Tribunal de Cuentas llamó la atención sobre este último vial al detectar sobrecostes por un valor del 30% por conceptos que consideró no justificados, en la conexión transversal acometida en 2011, de similares características a la que amenaza la vivienda de Amparo Pérez.