El Ayuntamiento da 15 días a Amparo para que abandone su finca

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El Ayuntamiento de Santander ya ha notificado a Amparo Pérez la comunicación para su desalojo, el documento que, derivado del auto judicial que autoriza su desalojo, le pone fecha a la marcha de su vivienda: 15 días a partir de ahora, esto es, el 2 de febrero.

Ámparo rodeada de máquinas en torno a su finca.

Ámparo rodeada de máquinas en torno a su finca.

Amparo Pérez, para muchos santanderinos Amparo ‘Se Queda’, es una vecina de 86 años de edad cuya finca, en la Vaguada de Las Llamas, estorba para levantar un vial que conecte la S-20 con el centro de la ciudad.

Su reivindicación se ha centrado en la denuncia de las condiciones que se le ofrecían para la marcha de una vivienda que ya tenía pagada y que debería abandonar para optar a un piso en menores condiciones y que además implicaba un nuevo desembolso económico.

Ha sido una causa que ha despertado mucha simpatía en Santander, y que ha contado desde el inicio con el apoyo de la PAH, la Plataforma de Afectados por las Hipotecas, traducido en protestas, manifestaciones, escraches al alcalde, recogidas de firmas (más de 4.000) e incluso una acampada reivindicativa en su finca.

Este fin de semana, la familia se desayunaba con la noticia, en la prensa, de que el juez autorizaba el desalojo.

Ahora el Ayuntamiento de Santander concreta este auto y lo traduce en una notificación que le acaban de llevar a su finca agentes de la Policía Judicial, dejando muy afectados tanto a Amparo como a su familia.

La orden, firmada por el concejal César Díaz, les da un plazo «improrrogable» de 15 días para el abandono de la finca y para que retire sus enseres y propiedades personales, de cara a la entrada de esta Administración, esto es, del Ayuntamiento de Santander, que será quien ejecute el desalojo.

La familia estudia a partir de ahora los pasos que seguirán, que pasan en primer lugar por presentar un recurso judicial ante una instancia superior, con la consiguiente posibilidad de la suspensión cautelar de esta orden municipal.

El problema de Amparo será analizado este martes en la Asamblea semanal de la PAH, que ha mostrado su apoyo a cualquier acción que decidan esta mujer y su familia, y que será una reunión monográfica sobre el tema.

Paralelamente, se ha convocado también este martes a esta reunión a la plataforma Amparo Se Queda, formada por colectivos y partidos que la apoyan, para decidir futuras acciones de protesta y solidaridad.

Amparo ha recibido el apoyo de muchos de los colectivos a los que ha inspirado su causa, como la plataforma Salvemos Prado San Roque y el Río de la Pila, que lucha también contra expropiaciones en un barrio inmerso en un proceso especulativo.

O, a través de las redes sociales, activistas sociales y dirigentes de Podemos, como Íñigo Errejón y Juan Carlos Monedero.

PROYECTO

El proyecto del vial ha sido ampliamente cuestionado.

Las obras han seguido avanzando cercando la finca de Amparo

Las obras han seguido avanzando cercando la finca de Amparo

Y no sólo por la oferta económica que se le hizo a Amparo y que implicaba un desembolso económico para un piso de menores condiciones, cuando la vivienda de esta vecina de Santander ya estaba pagada.

A esto se sumaba el cambio en la calificación de los terrenos, que pasaron a ser considerados rústicos, con la consiguiente rebaja en su valor de cara a la fijación de las cantidades en las indemnizaciones.

O el contraste con los realojos previstos en el convenio urbanístico de San Martín (un proyecto aprobado de forma exprés para evitar la reducción de la edificabilidad y en el que a los propietarios se les ha compensado con viviendas en la misma zona y de características prácticamente idénticas, vistas incluidas).

Además, formaciones como La Unión han llamado la atención sobre quienes ejecutarán la obra: la unión de empresas entre Copsesa, constructora propiedad del alcalde de Ramales de la Victoria, del Partido Popular (al igual que el alcalde, Íñigo de la Serna) e Isolux-Corsan, que ya se encargó de la ejecución de otro vial en la misma zona.

Un vial que fue afeado por el Tribunal de Cuentas por los sobrecostes respecto al proyecto original en detalles que, aseguraba este organismo, no estaban justificados ya que se debían a factores que eran conocidos desde el principio.

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