La asamblea Libres, en defensa de las libertades y contra la represión de las protestas, vuelve a concentrarse de nuevo este domingo frente a la Delegación del Gobierno en Santander en protesta contra la Ley Mordaza y la reforma del Código Penal.

La plataforma fue creada hace algo más de un año a raíz de las primeras intenciones del Gobierno de realizar estos cambios en la ley de seguridad, que endurecen las sanciones por manifestarse, convierten en delito acciones como los escraches o rodear el Congreso, o da a la propia Administración la responsabilidad de emitir multas contra aquellos manifestantes que protesten contra ella, cuando antes eso anteriormente competía a la Justicia.

Con la nueva legislación se considera delito grave el suceso ocurrido con los estudiantes en la Universidad de Cantabria (UC), en febrero del pasado año, donde a un numeroso grupo de estudiantes se le negó la entrada a un acto público en el que participaba Ignacio Diego para ser preguntado por su política educativa en el programa ‘Tengo una pregunta para usted’. Los posteriores enfrentamientos con la seguridad del presidente de Cantabria se saldaron con 12 imputados, que mañana sábado organizan una Asamblea informativa para explicar las irregularidades de su caso.

Además, esta ley regula las devoluciones en caliente de inmigrantes que llegan a la frontera, pensada específicamente por los problemas en la valla de Melilla y las quejas de la Unión Europea al respecto.

UN CÓDIGO PENAL QUE LEGALIZA LOS SOBRES DE DINERO NEGRO

A esta Ley Mordaza se une ahora la reforma en solitario del Código Penal. Al Gobierno no le ha importado que incluso parte de los suyos esté en contra del texto aprobado, como es el caso de la nueva fiscal del Estado, Consuelo Madrigal, que ha criticado la imposición de la cadena perpetua y ha insistido en que el Código español es uno de los más duros de Europa.

Sin embargo, pese a ser tan duros en casos como los de la cadena perpetua revisable (que muchos expertos denuncian que las condiciones son tan duras que será difícil acceder a esa revisión), el documento aprobado por el PP olvida el gran detalle de la corrupción.

Y es que han rechazado bajar el umbral del delito fiscal de los 120.000 euros, como así pedía la oposición y las asociaciones de jueces. También será legal que los empresarios entreguen sobres con  dinero negro a los partidos políticos, siempre y cuando estas sumas no alcancen los 500.000 euros.

Y las grandes empresas obtendrán la impunidad con solo aprobar un código ético antes de que sea cometido el delito. De ese modo, las empresas se blindan ante cualquier investigación judicial si tienen controles internos de delito.

Hasta 2010 no era posible juzgar a una empresa, pero sí a sus empleados. Por ejemplo, si una compañía pagaba sobornos, vertía residuos ilegalmente o vendía productos en mal estado, los responsables eran personas físicas, pero no la empresa en sí misma.

Los cambios introducidos por el Gobierno de Zapatero abrieron la vía judicial a la imposición de multas, o incluso cierre de empresas, por sus prácticas ilegales. En aquella legislación ya contaba como atenuante el que dichas compañías demostrasen haber puesto en marcha planes de control delictivo antes de la comisión del delito. Con esta última reforma, el PP ha convertido este atenuante en eximente, de modo que los jueces no podrán meter mano a quienes se blinden con un Código Ético.

Por todos estos motivos la Plataforma Libres convoca de nuevo a la ciudadanía en una protesta para demostrar el rechazo a estas abusivas medidas. La cita será este domingo, 25 de enero, a las 12, frente a la Delegación de Gobierno en la calle Calvo Sotelo.