La Fiscalía del Tribunal Supremo ha confirmado que la reserva de la estancia del hoy presidente de Cantabria, Ignacio Diego, en el balneario asturiano de Las Caldas las hizo la empresa Aquagest, investigada en el caso Marea, derivada del caso Pokemon, por sobornos a políticos.

Esta versión del Ministerio Fiscal coincide con la del informe policial y contradice la que ofreció el presidente Ignacio Diego en el Parlamento de Cantabria, donde defendió que si bien los pagos los hizo Aquagest por un malentendido, la reserva la hizo directamente.

Así lo sostiene el Ministerio en un escrito al que ha tenido acceso y que ha difundido la agencia de noticias Europa Press, en el que, pese a estas consideraciones, sostiene que no hay causa contra Diego.

Ignacio Diego en el aniversario del Estatuto, en el Parlamento

Los hechos, según el Fiscal del Supremo, se encuadrarían en un tipo de cohecho pasivo o impropio (también llamado “de facilitación”, el mismo que se atribuyó al expresidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, por el caso de los trajes por el que finalmente fue absuelto).

Es decir, explica el Fiscal, los regalos no se hicieron por una adjudicación concreta (el servicio de agua de Astillero, del que Aquagest es adjudicataria en un acto que Diego ha matizado que fue previo a su llegada a la Alcaldía de ese municipio).

En lugar de esto, los pagos de la empresa se encuadrarían más en un intento de conseguir el “favor” y “predisponer el ánimo” de Diego hacia sus funciones.

En cualquier caso, ese cohecho pasivo habría prescrito, toda vez que estos hechos sucedieron en el año 2010 y el plazo de prescripción para este tipo de delitos es de tres años. Después, ya no se puede abordar.

Este informe conocido este lunes es del Ministerio Fiscal, que es el representante público en la Justicia, y no significa que la causa se vaya a archivar o dejar de investigar (aún).

Lo habitual es que el criterio del juez y la Fiscalía coincidan, y cuando no sucede, es significativo.

El caso Balnerio había llegado al Supremo desgajado del caso Pokemon (la rama gallega) y el caso Marea (Asturias).

Y en el transcurso de la investigación aparecieron documentos que señalaban el pago por Aquagest de la estancia en un balneario de Diego (y también de Francisco Javier Rodríguez Argüeso, hoy consejero de Obras Públicas).

Precisamente, este martes declarará ante la jueza asturiana el que fuera responsable de esta empresa, Henry Laiño, imputado en la causa, y el que habría realizado los pagos (con quien Diego coincidió en el balneario, según relató el presidente en su momento.