La Fiscalía del Supremo no ve causa contra Diego en el caso Balneario

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La Fiscalía del Tribunal Supremo ha rechazado abrir causa contra el presidente cántabro, Ignacio Diego, por los pagos a cargo de la empresa Aquagest, investigada en una trama de sobornos, de su estancia en el balneario de Las Caldas, según han informado a la agencia de noticias Europa Press fuentes del Ministerio Público.

Esto no quiere decir que vaya a archivarse la causa ni que no vaya a investigarse. Es el pronunciamiento de este órgano, que no estrictamente parte en los procesos judiciales (es decir, no es acusación ni defensa, aunque depende orgánicamente del Ministerio de Justicia).

Ahora el juez puede sumarse al criterio del Fiscal, o no. Lo habitual en el mundo judicial es que compartan criterio, toda vez que la función de la Fiscalía es la aplicación de la ley. No obstante, hay casos significativos en los que este criterio difiere.

El caso Balneario se ha enrevesado bastante: tiene su origen en el caso Pokemon, una investigación en Galicia que pronto tuvo extensiones en Asturias. Estas se desgajaron en lo que se ha llamado caso Marea, en una investigación específica, en la que aparecieron los documentos que incriminaban a Diego.

Lo que decían esos papeles era que el presidente, y el consejero de Obras Públicas, Francisco Javier Rodríguez Argüeso, se alojaron, en 2010 (cuando no estaban aún en el Gobierno) en el balneario de Las Caldas, en una estancia que fue pagada por Aquagest, que gestiona el servicio del agua en Astillero, municipio de donde fue alcalde Diego.

Ignacio Diego interviene en la convención del PP

Ignacio Diego interviene en la convención del PP

Este último hecho es el que llevaba a apreciar cohecho (pagos o regalos a funcionarios públicos a cambio de adjudicaciones), si bien Diego matizó que las adjudicaciones a Aquagest se hicieron cuando él no era aún alcalde del municipio.

A partir de ahí surgieron dos derivadas: la judicial, en la que se determinó que la causa, en la que inicialmente se vieron indicios de cohecho, fuera a manos del Supremo, ya que Diego es aforado (como cargo público, tiene privilegios judiciales) y los hechos sucedieron fuera de la comunidad autónoma.

Y luego está la vertiente política, por las diferentes versiones ofrecidas, la última de ellas en una comparecencia en el Parlamento, cuyo contenido no coincidía con lo que reflejaba un informe policial, que señalaba que la reserva la hizo la empresa y no Diego.

El caso Marea ha experimentado un impulso esta misma semana, ya que la jueza ha empezado a realizar citaciones a implicados, que se prolongarán durante todo el mes de febrero.

La primera de ellas, según informa el diario asturiano El Comercio, será mañana, cuando declare el exdirector de Aquagest, Henry Laiño, quien se hizo cargo de la factura de la estancia en el citado balneario.

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