Hay que irse hasta el séptimo párrafo de la nota que resume los acuerdos semanales de la Junta de Gobierno local (de los que nunca se informa en rueda de prensa en la que se puedan hacer preguntas) para encontrarse con el dato.

El encarecimiento en un 5,85% respecto al presupuesto de adjudicación en el nuevo vial de conexión de la S-20 por “causas geológicas y geotécnicas” y “propuesta por los directores facultativos de la obra”.

No se dan más datos: es decir, no se especifica que ese vial es el que forzó la expropiación de la finca de Amparo Pérez, santanderina de 86 años fallecida hace más de una semana tras una larga lucha contra este proceso.

Tampoco se especifica las empresas que se beneficiarán del sobrecoste, esto es, la UTE, la unión de empresas, que forman Copsesa, la constructora del alcalde de Ramales de la Victoria (del mismo partido que el de Santander, el PP) e Isolux-Corsán.

Y no se ofrece la cifra en que crece el presupuesto, de la que sólo se informa del porcentaje, un 5,85% respecto al presupuesto de adjudicación, lo que, una vez realizado el cálculo, se traduce en una cifra superior a los 220.000 euros sobre los 3,7 millones en que fue adjudicado.

REINCIDENTES

Se produce además en este caso una reincidencia: una de estas dos empresas (Isolux)se encargó de otro vial, paralelo, en la misma zona, y allí también se produjeron sobrecostes respecto a la adjudicación inicial.

Obras en la finca de Amparo

Hasta el punto de que las detectó el propio Tribunal de Cuentas, en un informe en el que hacía hincapié en que esos sobrecostes no tenían justificación, es decir, se debían a motivos que deberían haber estado previstos.

En ese caso, el modificado supuso un desembolso de 1.382.000 euros, aproximadamente un 30% más del precio inicial, superior a los 6 millones de euros

El Tribunal de Cuentas señalaba en ese informe una primera infracción: el nuevo contrato se formalizó dos meses después de haber expirado el plazo de ejecución del primer contrato, que ya venía ampliado fuera de plazo.

Sobre el objeto de aquel contrato, para el Tribunal de Cuentas todos los modificados eran “previsibles” y no se debieron a causas “imprevistas” o a acontecimientos “sobrevenidos”.

Por lo tanto, aseveraba que el contrato modificado estuvo “no justificado”.

Y además apuntaba la “extraordinaria” dilación en la tramitación del expediente de la modificación, que se demoró nueve meses, un tiempo que no es acorde con la inmediatez que debe caracterizar a modificaciones de obras en ejecución, según este organismo.

El Tribunal de Cuentas subrayaba que aquel contrato de modificados de obra, entre el Ayuntamiento y las empresas Copsesa y Corsán Corvian, tuvo una irregularidad más: el plazo de ejecución no coincide, entre el que figuraba en el proyecto y el acuerdo de aprobación – tres meses y medio-, y el del contrato, que establecía un mes de duración.

UNA DE LAS OBRAS MÁS IMPORTANTES

Ese primer vial figura entre los seis proyectos de obra pública más alcance económico adjudicados el año pasado por el Ayuntamiento de Santander en su Portal de Transparencia, en un apartado, donde, sin embargo, no figura el presupuesto de la obra.

Tampoco aparece en la Web de Transparencia ese modificado. Hay un apartado en el que se asegura que se recogen todos los modificados de las obras, y en el año 2014 no se produjo ninguno, según señala este portal.

El sobrecoste detectado por el Tribunal de Cuentas se produjo en el año 2011 y sólo se cuelga información del 2014 en el portal, en el que tampoco se pueden consultar los informes sobre los proyectos, como los jurídicos.

RAPIDEZ

Todo el proceso que ha afectado a la expropiación de la finca de Amparo se ha acelerado en la última fase, con las obras rodeando a su propiedad pese a que aún no se conocía el resultado de la resolución judicial que finalmente acabaría autorizándolas.

El derribo de la vivienda se produjo al día siguiente de que su familia, ante el agravamiento de su estado de salud –que la llevó a ser ingresada en la UCI- entregara las llaves.

Y los sobrecostes se conocen ahora, en esta Junta de Gobierno, cuando ya había formaciones, como La Unión, que habían advertido de que esto podría pasar, dada la experiencia previa con estas mismas empresas.

En realidad, el mecanismo es sencillo: la adjudicación se logra al rebajar los costes las empresas, que luego son compensadas en su ‘esfuerzo’ (sic) con los sobrecostes.

REACCIONES

La noticia ha desatado la indignación, con reacciones como las que mostraban a través de redes sociales José Ramón Blanco, nuevo secretario general de Podemos en Cantabria y exportavoz de la Plataforma de Afectados por las Hipotecas de Santander, la PAH, que apoyó desde el principio la causa de Amparo.

Marco Santamaría, nieto de Amparo y una de las caras más visibles en la reivindicación de la lucha de su abuela, confesaba a EL FARADIO que estaba “flipando”, aunque a la vez intuía que esto “iba a suceder, sabiendo los antecedentes de las empresas”.

Santamaría, que en los últimos días ha mostrado su apoyo a los vecinos del Prado San Roque y el Río de la Pila, pendientes también de expropiaciones, ha llamado la atención sobre la “rapidez” de todo el proceso, desde el derribo hasta la aprobación de estos sobrecostes.

Y ha lamentado que “no se les pueda meter mano” desde ningún sitio a las empresas e instituciones responsables.

Asimismo , Javier Ceruti, miembro de DEBA (la Plataforma en Defensa de la Bahía de Santander, colectivo que también ha respaldado a Amparo y muy involucrado en todos los nuevos movimientos sociales que han surgido en Santander inspirados en la lucha de la anciana), ha pedido la dimisión del alcalde, Íñigo de la Serna.

En la tertulia de Buenas Tardes Cantabria, ha asegurado que se demuestra que se gobierna para las personas jurídicas, es decir, las empresas, que son las que pueden impulsar su carrera.
En la misma línea, Román San Emeterio, coordinador de UPYD y candidato por este partido a la Presidencia de Cantabria, ha censurado los hechos, que considera “injustificables”.

Por su parto, Miguel Saro, candidato de Izquierda Unida a la Alcaldía de la capital cántabra, ha opinado que los sobrecostes son una forma de agradecer a Copsesa su rapidez en el derribo de la vivienda de Amparo.