La administración funciona como funciona, y no ha sido hasta siete meses después de que estallaran las protestas por los excesos en las obras de construcción de la senda costera de Santander cuando se ha empezado a retirar parte de estos excesos, como las vallas.

El Ministerio de Medio Ambiente (responsable formal de la obra, supervisada por el Ayuntamiento de Santander) ha informado de que ha comenzado este lunes con los trabajos de retirada del vallado, que el alcalde de Santander, Íñigo de la Serna, anunció el pasado mes de abril, coincidiendo con el acto reivindicativo de Las Gildas.

Comienzan a retirarse las vallas

Los trabajos los ejecuta la empresa pública Tragsa, y mientras se culminen, el Ministerio trabaja en la redacción de un nuevo proyecto que, recuerdan, se someterá a la mesa constituida por el Ayuntamiento de Santander, de la que además de los grupos políticos municipales forman parte asociaciones vecinales y la Asamblea en defensa de la Senda y Costa Norte de Santander.

Y después, el proyecto pasará a información pública.

Lo que sigue sin saberse es la cantidad económica que recibirá la empresa a la que se le adjudicó la obra, Dragados, que tendrá que recibir una compensación que ni el Ayuntamiento de Santander ni el Ministerio de Medio Ambiente han querido concretar hasta la fecha pese a las reiteradas peticiones.

La falta de información clara y más específica sobre el proyecto de la senda costera ya fue afeada las instituciones por el propio Gobierno central a las instituciones, en respuesta a una pregunta parlamentaria de UPyD.

La participación ciudadana en el urbanismo se ha revelado como una de las principales preocupaciones de la última fase de la legislatura municipal, con las acciones reivindicativas de la ‘plataformitis’ (contra las expropiaciones en el Prado San Roque, pospuestas hasta después de las elecciones) o a raíz de la expropiación de la finca de Amparo Pérez para construir un vial que entrará en servicio este martes.

Por eso, la plataforma DEBA (Defensa de la Bahía) ha pedido, ante el proceso electoral, que los candidatos a la Alcaldía de Santander prioricen la partipación ciudadana en la toma de decisiones urbanísticas durante toda la legislatura y de una forma más intensa que la marca la Ley, que, inciden, se ha revelado insuficiente.

«El hecho de haber ganado unas elecciones no les convierte en propietarios de la ciudad sino en gestores de la misma»

En este sentido, denuncian que en los últimos ocho años la Corporación municipal de Santander se ha caracterizado en su actuación urbanística «por la falta de planificación seria sin visión de futuro, la realización de ocurrencias  a base de improvisaciones, y sobre todo por una alergia total al diálogo franco y abierto y el temor a la participación ciudadana».