El Partido Socialista de Cantabria ha comenzado a preparar el terreno para el rescate a la empresa concesionaria del Puerto de Laredo, una sociedad de la que forman parte las constructoras Ascán y FCC, con el apoyo financiero de Caja Cantabria.

Puerto de Laredo

El mismo día que se firmaba el pacto que devolverá a socialistas y regionalistas al Gobierno de Cantabria tras perder el PP la mayoría absoluta las pasadas elecciones se ha conocido que el Consejo de Estado dictaminaba a favor de resolver (es decir, de anular, dar por terminado), el contrato con la empresa concesionaria del Puerto de Laredo.

Al ser terreno y fines públicos, esta infraestructura se articuló a través de una concesión del Gobierno (año 2005, con PSOE y PRC en el Ejecutivo) a la citada unión de empresas, en un proyecto que nunca llegó a culminar las previsiones de ocupación y que acabó dejando imágenes de los atraques vacíos al más puro estilo del aeropuerto de Castellón.

Tras conocerse este informe, Ramón Ruiz, secretario de Coordinación y Política Institucional de los socialistas cántabros, avanzaba que el Gobierno deberá hacerse cargo de las deudas de la sociedad del Puerto, que está en proceso de liquidación.

Un rescate que cifra en 50 millones de euros, por encima de los 14 millones previstos inicialmente.

AÑOS EN LOS TRIBUNALES

Ya en 2012 (porque los problemas en el Puerto de Laredo vienen arrastrándose durante varias legislaturas), la Audiencia Nacional dejó claro en el contrato que se firmó entonces establecía que la parte pública debía mantener el equilibro económico del contrato firmado con la empresa privada, en una tesis que nunca agradó al siguiente Gobierno, del PP. La actividad del Puerto nunca llegó a echar a andar.

Y entonces fueron también los tribunales los que llamaron la atención sobre que la empresa quería a la vez tanto resolver el contrato, es decir, acabar con todo, como recibir la compensación por su contenido.

Esa misma sentencia, recurrida, fijó los problemas del Puerto de Laredo en un momento concreto: cuando la empresa se queda sin uno de los socios, que era una empresa participada por Caja Cantabria, que actuaba así de financiera de la operación. Sin Caja no había financiación. La sentencia lo entendía, pero añadía, textualmente, que eso no obliga a que «el Gobierno avale ningún tipo de operación de crédito».

HACIA EL DISCURSO DE LA HERENCIA RECIBIDA

Además, el dirigente socialista, número 2 de Eva Díaz Tezanos (secretaria general del partido y futura vicepresidenta del Gobierno) prepara el terreno para el discurso de la “herencia recibida” del Partido Popular, el mismo que mantuvo desde el primer día el todavía presidente de Cantabria, Ignacio Diego.

Ruiz aseguraba que la situación del Puerto de Laredo “es consecuencia de una política sectaria, la herencia recibida de un Gobierno incapaz que ha generado un gravísimo problema económico y un grave perjuicio a nuestra región”.

Problema que, ha dicho, “hay que sumar a otras decisiones equivocadas que van a lastrar el futuro de la economía de Cantabria”.

RELACIONES CON LOS GOBIERNOS

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En el asunto del Puerto de Laredo sobrevuelan también las malas relaciones del Gobierno de Ignacio Diego con una de las sociedades del Puerto de Laredo, Ascán, con la que ha mantenido conflictos relacionados con adjudicaciones realizadas por sus predecesores en el Ejecutivo, PSOE y PRC (caso del Hospital Valdecilla o Colegios del Mundo en Comillas, adjudicados a una empresa a la que PSOE y PRC también ayudaron a liberarse de la propiedad del Racing de Santander).

Cuando Ascan presentó un Expediente de Regulación de Empleo, Díaz Tezanos, secretaria general de los socialistas cántabros, achacó los problemas de la empresa directamente a decisiones tomadas por el Ejecutivo de Ignacio Diego.

La concesión del Puerto de Laredo fue una medida de PSOE y PRC que formalmente ejecutó Obras Públicas, consejería a cuyo frente estaba el regionalista José María Mazón, que en breve regresará a este departamento.