La Unión Europea no financiará el programa de contratación de desempleados puesto en marcha por el Gobierno de Cantabria para la contratación de unos 4.000 parados por parte de las Corporaciones locales entre los meses de febrero y agosto, con una segunda tanda entre agosto y febrero.

El programa, denominado de Corporaciones Locales, costaría 28 millones de euros, de los que el Ejecutivo dijo que la Unión Europea abonaría la mitad.

Pero finalmente no ha sido así: el propio Ejecutivo cántabro del PP renunció a la subvención, según revelaba anoche el diario El País, por lo que las arcas cántabras deberán asumir esos 20 millones, toda vez que las contrataciones ya se han realizado.

El motivo, la “disconformidad” con los criterios de selección de personal realizados por los Ayuntamientos, tal y como apunta la ya exdirectora del Servicio Cántabro de Empleo, María Ángeles Sopeña en un documento oficial con fecha 11 de mayo –en plena campaña electoral- que no ha sido hecho público (al igual que no se informó de la necesidad de aprobar un nuevo Plan de Reequilibrio ni de la petición, estando en funciones, de altos cargos de esos gobiernos de una indemnización por lo dejado de ganar mientras formaron parte del Ejecutivo).

El Gobierno de Cantabria da de esta forma la razón a los sindicatos y partidos que criticaron el carácter electoralista de la medida: UGT y varios municipios denunciaron ante la Unión Europea que en las propias bases de la convocatoria se renunciaba a indicar qué colectivos debían ser contratados y se eliminó la posibilidad de solicitar los candidatos a las oficinas de empleo. También Comisiones Obreras llevó el caso a la Fiscalía.

Esto dio lugar a una disparidad de criterios de selección: desde el recurso a bolsas propias de empleo hasta procesos en los que pesaba más la entrevista personal que el currículum, con denuncias de colocación de familiares que llegaron al extremo en Laredo, con manifestaciones de los afectados.

Esas críticas fueron respondidas en su momento por el Gobierno de Cantabria y el Partido Popular, que rechazaron las acusaciones de clientelismo derivando la responsabilidad de los procesos de selección a los Ayuntamientos.

Ese es el motivo con el que el Ejecutivo muestra ahora su «disconformidad» y por el que finalmente ha acabado renunciando a la subvención europea, a los 14 millones de euros (la mitad, por ejemplo, de la partida anual del convenio estatal para el  Hospital Valdecilla).

Todo para nada: aunque la bajada del desempleó llegó a suponer un 8% en las estadísticas, el PP perdió mayorías absolutas en la mayoría de los municipios y 3.000 de los 4.000 desempleados se preparan para volver a las oficinas del paro, mientras que 1.000 lo harán en febrero de 2016.

REACCIONES

PSOE y PRC han entrado enseguida a un tema que para ellos no deja de ser una revancha, su propia ‘herencia recibida’, como la que enarboló el PP al llegar al poder en 2011.

El presidente, Miguel Ángel Revilla, aventuraba que irán saliendo más cosas como esta, que ha hecho un «siete» a las cuentas cántabras, como lo definía la vicepresidenta Eva Díaz Tezanos.

El PP negaba la mayor y explicaba que no se ha perdido la subvención, sino que podía haberse destinado a otros programas más allá del de la contratación de desempleados en los municipios (con cuyo proceso de selección su propia responsable de Empleo había mostrado su «disconformidad»).