Corre septiembre y no se hace nada con el Pilón

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Quedan poco más de dos semanas para que finalice el mes de septiembre. Catorce días exactos para el día 25, fecha máxima que aprobó el pleno del Ayuntamiento de Santander (que dio 10 días de plazo) para que el Consistorio ofrezca soluciones a los vecinos del Pilón.

El pasado 27 de agosto se celebró el último pleno del Ayuntamiento. Ese mismo día, a las dos de la tarde, casi al límite del plazo, la oposición en pleno, compuesta por el PSOE, PRC, Ganemos Santander Sí Puede, Ciudadanos e Izquierda Unida, presentaron una moción que se aprobó con sus votos en las que instaban al equipo de gobierno a solucionar la problemática de los vecinos del Pilón.

Los vecinos del Pilón ante las viviendas afectadas por el plan urbanístico.

Los vecinos del Pilón ante las viviendas afectadas por el plan urbanístico.

Este problema consiste en que a finales de mes (entre el 29 y el 30) se cumplirá la fecha tras la que se creará la Junta de Compensación que afecta a más de 30 vecinos de la zona. Esta Junta es un proceso que se desarrolla después de que una constructora, Costa Verde Hábitat, se haya hecho con más del 60% de los terrenos de la zona.

«LAS COSAS ESTÁN EXACTAMENTE IGUAL QUE AL PRINCIPIO»

En el pleno se instó al Ayuntamiento a ofrecer soluciones a los vecinos en el plazo de diez días, extendiéndolo como mucho hasta el día 25, que era el que se creía que era el plazo para crear la Junta de Compensación.

Los vecinos de la zona denuncian que, a fecha de 11 de septiembre, todavía no cuentan con ninguna comunicación por parte del Ayuntamiento. «No nos han llamado para buscar soluciones ni tampoco han buscando ningún argumento técnico-jurídico. No han hecho absolutamente nada», denuncia una de las portavoces de la plataforma, Belén Madrazo.

«Las cosas están exactamente igual que al principio, solo que ahora ya estamos decepcionados. Cuando se creó la plataforma teníamos un mínimo de esperanza, y ahora ni eso», asegura esta vecina.

Y es que el tema es realmente desesperado para varios de sus vecinos. «Es que hay gente a la que van a echar de sus casas y no tienen a donde ir», denuncia. Personas que están viendo su salud afectada con esta «inactividad» del gobierno local, y que se reconocen «disgustados» con la actitud del Concejal de Urbanismo, César Díaz, y del alcalde de Santander, Iñigo de la Serna.

«Encima es que te das cuenta de que tampoco cumplen lo que se aprueba en los plenos», se lamenta Belén. «¿Qué están esperando, al día 24 para reunirse con nosotros?». «Por mucho que la oposición trate de ayudar, ellos no están cumpliendo nada. No nos han presentado ningún informe, ni nos han llamado, ni han hecho absolutamente nada», insiste.

Reunión de todos los partidos de la oposición con los vecinos de El Pilón, tras la cual se solicitó la moción aprobada en el pleno.

Reunión de todos los partidos de la oposición con los vecinos de El Pilón, tras la cual se solicitó la moción aprobada en el pleno.

El equipo de Gobierno se escudó durante el pasado pleno en la necesidad de consultar los informes de los técnicos municipales para poder saber qué soluciones convendrían en este caso, y pidió que el Gobierno regional cambiase la ley de suelo, algo que en este caso no afecta.

Los vecinos creen que el gobierno local solo trata de «dejar correr el tiempo y que se cree la Junta de Compensación sin que ellos muevan un dedo».

UN PROCEDIMIENTO QUE OBLIGA A LOS VECINOS A PAGAR LA DEMOLICIÓN DE SUS CASAS

Según la documentación del PGOU en la zona de área AE- 3 (B), que afecta a El Pilón, en General Dávila, el proyecto incluye la construcción de un vial, 140 viviendas, 200 plazas de garaje y diferentes zonas verdes.

En las condiciones de actuación en este área se incluye la opción de que si una constructora se hace con al menos el 60% de los terrenos, le habilita el derecho de solicitar la creación de una Unidad de Actuación. Esta Unidad, una vez aprobada por el Ayuntamiento, les permitirá crear una Junta de Compensación, que obliga a los vecinos a costear la demolición de sus casas y la edificabilidad de la zona.

En el caso de que los vecinos se nieguen a acogerse a este instrumento legal, el Ayuntamiento podría aprobar su expropiación. En este caso no es obligatorio que estos vecinos sean realojados en otras viviendas.

Los vecinos, además de pedir a la oposición ayuda, también ha presentado un escrito solicitando el amparo del Defensor del Pueblo. Esta institución ya ha abierto una investigación de otra denuncia presentada por unos vecinos de la zona, los de la Plataforma Salvemos Prado San Roque, cuya actuación se encuentra en estos momentos paralizada.

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