El diálogo social pasará a ser una obligación legal

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Patronal, sindicatos y Gobierno se reunirán con frecuencia para pactar medidas en materia económica y social para Cantabria.

Y la principal diferencia respecto a otros momentos de la historia reciente de Cantabria es que NO LES QUEDARÁ OTRO REMEDIO: será una obligación legal.

Aunque no sería la primera vez que una administración incumple la Ley, lo que denota el gesto es evitar que la relación entre los que crean empleo, los trabajadores y las instituciones públicas no dependa de la voluntad de las personas ni de las malas relaciones, como las que mantenían el anterior Gobierno del PP y los sindicatos.

La concertación social

La concertación social

 

Gobierno, patronal y sindicatos se reunían este martes y escenificaban ese nuevo tiempo en materia económica y laboral.

Lo hacían suscribiendo en una declaración formal su voluntad de «recuperar» el diálogo social «que contribuya a un mayor crecimiento económico, a más empleo y a un reparto equilibrado de los beneficios, esfuerzos y cargas que coadyuven a reforzar la cohesión social en Cantabria».

Y en una foto, tradicionalmente asociada al PSOE,  en la que junto a Eva Díaz Tezanos y el titular de Educación, aparecieron representantes del PRC, como el consejero de Presidencia Rafael de la Sierra, y el de Industria, Paco Martín (exsocialista nombrado por el PRC como independiente)

EJES Y OBJETIVOS

La vicepresidenta del Gobierno cántabro, titular de la macroconsejería que incluye competencias en materia de investigación, urbanismo, política social y de la que ‘cuelga’ la empresa pública SODERCAN, Eva Diaz Tezanos ha explicado que se ha acordado que los ejes estratégicos del futuro acuerdo marco serán el empleo; el nuevo patrón de crecimiento, y la cohesión territorial-

Y se constituirán dos mesas especiales de trabajo, una que avanzará en el cambio de modelo de crecimiento y otra que se ceñirá al Plan Besaya, tal y como se acordó en la reunión del 28 de agosto.

En los próximos días otras once mesas sectoriales, empezando por la de empleo y formación que se constituirá mañana. Medio ambiente y política territorial; industria y energía; turismo; comercio; transportes y comunicaciones; forestal y medio natural; obra publica y vivienda; sanidad; servicios sociales, y agroalimentaria y del sector pesquero.

EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN

Pese a las continuas apelaciones a la necesidad de un cambio de modelo, lo cierto es que la economía de Cantabria depende y dependerá de un sector como el de la construcción.

Las pequeñas constructoras temen el panorama en la obra pública tras el fin de las obras en la A-8

Las pequeñas constructoras temen el panorama en la obra pública tras el fin de las obras en la A-8

El consejero de Obras Públicas y Vivienda, José María Mazón, se reunía este martes con los representantes de la Asociación de Excavadores de Cantabria (AEXCA), que agrupan a este sector,  formado por pequeñas empresas constructoras que son subcontrata habitual de las grandes.

Allí se están preparando ya para lo que puede pasar en el sector de la obra pública el año próximo, cuando finalicen las obras de la A-8, la última gran infrestrctura de comunicaciones hecha en Cantabria en los últimos años, sin que haya mucho más a la vista en el futuro.

Otro asunto que les afecta es el fenómeno de las bajas temerarias, las rebajas excesivas que hacen ciertas empresas respecto a los precios de partida que lanzan las administraciones en las obras públicas.

Es una práctica rechazada en el sector y por organizaciones como el Colegio de Caminos, toda vez que la baja temeraria (al margen de que se la pueden permitir las empresas más grandes frente a unas pequeñas que la ven competencia desleal) suele ir acompañada de un descenso en la calidad de los materiales y las condiciones laborales.

Y que no siempre suele acabar resultando tan barata, porque la combinación de baja temeraria en las adjudicaciones y sobrecoste posterior que compense esa reducción es bastante frecuente (es, por ejemplo, la que se dio en el vial de Amparo Pérez en la S-20, ejecutado por COPSESA).

Desde el Gobierno, el consejero Mazón les ha trasladado su sensibilidad ante este problema, y también la necesidad de incluir en los pliegos que rigen las adjudicaciones cómo deben ser los pagos a las subcontratas, aquejadas por una morosidad que no deja de ser una forma de financiación para las grandes.

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