El Gobierno responsabiliza al PP de la retirada del CEP del caso Racing

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El Gobierno de PSOE y PRC ha atribuido al Partido Popular la decisión de la retirada del CEP (la Coordinadora de Empresas Públicas, un ente que depende del Ejecutivo) como acusación particular en la investigación del caso Racing, por el que se juzga la mala gestión en el conjunto deportivo y el préstamo que se dio en sus sucesivas operaciones de compraventa.

José Ramón Blanco y Miguel Ángel Revilla firman el pacto de investidura.

José Ramón Blanco y Miguel Ángel Revilla firman el pacto de investidura.

Así lo ha asegurado el consejero de Industria y Turismo, Francisco Martín (de quien depende la empresa pública CANTUR, responsable de las políticas de turismo por donde se canalizaron las inversiones).

Lo ha hecho en el Parlamento de Cantabria, en respuesta a preguntas de Podemos sobre la situación judicial de lo que atañe al Racing en lo que implica al Gobierno de Cantabria.

“No hay ningún actuación del Gobierno, cualquier movimiento o desestimiento. Fue en el ámbito del Gobierno anterior. Este Gobierno no ha modificado ni un solo papel”, ha aseverado Martín en los últimos minutos del Pleno, para explicar que esas decisiones las tomó el Ejecutivo del PP en funciones, es decir, ese intervalo en el que hay un Gobierno saliente y otro entrante.

En concreto, la retirada se aprobó a mediados de junio de 2015 y se presentó el 2 de julio, con el PP en funciones. En el recorrido del caso Racing, quedó un poco eclipsado por otro escrito de la Fiscalía que rebajaba la gravedad de los hechos y justificaba las decisiones de PSOE y PRC en la difícil situación económica del club.

Y lo ha dicho a última hora, en su última intervención (que de hecho , ya que hasta ese momento había centrado su intervención en la parte de CANTUR, y tras enfatizar que el Gobierno como tal no está (lo está a través del sector público, no como Gobierno).

El papel del Gobierno como acusación (al ser perjudicado, por la pérdida de dinero público, cifrada en 4,8 millones de euros) en estas causas ha sido siempre delicado para ambos Ejecutivos:

-el PP se personó desde el CEP a regañadientes, y tras varias peticiones de la jueza Paz Hidalgo,

-y sus sucesores de PSOE y PRC llegaron a plantearse la retirada de la otra acusación, la de la empresa pública CANTUR, eliminando a los abogados contratados y centrándolo en la Consejería de Presidencia, controlada, al igual que CANTUR, por el PRC, que tiene un alto cargo entre sus acusados (el exconsejero de Cultura Francisco Javier López Marcano)..

Es decir, de las dos acusaciones públicas en la querella de CANTUR, una, la de CEP Cantabria, ya se ha retirado.

Desde Podemos, el diputado Alberto Abogado, de profesión abogado, pedía al Ejecutivo que no «amagara» con luchar contra la corrupción, sino que hay que «meter gol», para lo que ha apelado al desarrollo de la investigación judicial, en una intervención que ha enmarcado en la necesidad de transparencia en la gestión del club al hilo del debate abierto sobre el convenio de patrocinio para ayudar al equipo a pagar su deuda con Hacienda.

LA CAUSA JUDICIAL

Las actuaciones judiciales están a la espera de la resolución, desde hace nueve meses en la Audiencia Provincial, de diversos escritos presentados por las partes en el juzgado de instrucción número 5 de Santander.

Allí recayó el caso al renunciar a su acta de diputado uno de los exconsejeros investigados, Francisco Javier López Marcano, en la Audiencia Provincial de Cantabria, algo que le ha recordado Podemos a Paco Martín (independiente, nombrado a propuesta del PRC), quien, a su vez, ha atribuido las decisiones del PP a una persecución a sus predecesores de PSOE y PRC).

Cuando era diputado, era aforado, y por tanto el caso lo llevaba el TSJC, y al renunciar, perdió el aforamiento, por lo que pasó a otro juzgado distinto que, de algún modo, reinició la causa.
Para el acuerdo de investidura de Miguel Ángel Revilla junto a Podemos, que pasó por la abstención de Podemos, ambas formaciones acordaron mantener la acusación en el caso Racing aunque el documento sellado no aclaraba las condiciones ni si los abogados que debían mantenerla serían del propio Ejecutivo o externos.

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