El Gobieno de Cantabria ha habilitado el Fondo de Suministros Básicos, dotado con dos millones de euros, con el se ayudará a financiar los gastos básicos de la familias y personas más necesitadas de Cantabria.

El Fondo está Incluido dentro del Plan de Emergencia Social, que el Ejecutivo aprobó el pasado 28 de enero, y se gestionará a través de los servicios sociales de los ayuntamientos.

El objetivo es cubrir las distintas necesidades básicas que tiene una familia o persona incluye ayudas para productos básicos (alimentación, ropa, calzado, pañales y productos básicos de higiene doméstica y personal).

Se contemplan ayudas para la vivienda cuando haya garantía de continuidad en el domicilio (pago de alquiler o fianza, equipamiento del hogar, pago de deudas de suministros básicos y alojamiento en pensiones, hostales y pisos compartidos).

Y también ayudas para actividades y materiales educativos (material escolar, comedor, transporte, actividades extraescolares), ayudas para el transporte (para acudir a acciones de formación ocupacional, para tramitar documentación con fines de inserción sociolaboral, y para mujeres víctimas de violencia de género para asistir a trámites judiciales) y ayudas para el pago de medicamentos no cubiertos por el Sistema Nacional de Salud siempre que haya prescripción médica.

El Gobierno ha habilitado una oficina específica para situaciones de emergencia relacionadas con la vivienda

Además, con cargo a este fondo se podrán financiar los gastos de endeudamiento previo originados en los tres meses anteriores a la solicitud y, en todos los casos, la cuantía máxima de la ayuda será de 1.500 euros al año por unidad de convivencia.

No hay plazo de presentación de solicitudes, ya que se puede formalizar en cualquier momento del año.

Para ser beneficiario hace falta ser mayor de 18 años o menor con cargas familiares o mayor de 16 años emancipado por decisión judicial. También se exige el empadronamiento y residencia efectiva en el municipio, salvo en el caso de mujeres víctimas de violencia de género o personas demandantes de asilo.

Además, se deberá acreditar la escasez de ingresos fijada en una renta máxima de 666 euros (125%IPREM) en caso de que la unidad de convivencia esté integrada por un miembro, en una renta máxima de 865 euros en caso de que la unidad de convivencia cuente con dos miembros, 1.038 euros si son tres las personas que la integran, 1.194 euros si son cuatro, 1.314 euros en caso de que la unidad de convivencia esté formada por cinco personas, 1.445 euros si la unidad de convivencia está compuesta por seis miembros y 1.589 euros en caso de que la integren siete o más miembros.

El Gobierno firmará con los ayuntamientos que quieran formar parte de este programa un convenio, previsiblemente dentro de un mes, que les obligará a complementar la ayuda que el Ejecutivo destinará a ese municipio con un 20% de financiación adicional. A día de hoy, 74 ayuntamientos han confirmado su intención de formar parte de esta medida.