Durante el pleno de este jueves en el Ayuntamiento de Santander, el concejal de Urbanismo y teniente de alcalde César Díaz instó a los vecinos afectados por las irregularidades en varias promociones de las Viviendas de Protección Oficial que acudan al Gobierno de Cantabria o a los Juzgados.

Al término del pleno, los vecinos presentaron una batería de preguntas para saber cuándo y cómo planea el Ayuntamiento, como responsable de la empresa pública Sociedad, Vivienda y Suelo (SVS), promotora de las construcciones, resolver estas irregularidades.

Afectados por las deficiencias en las VPO de Santander, hoy en el Pleno

Los vecinos se quejan de que las conversaciones con la SVS son infructuosas y han solicitado en numerosas ocasiones reunirse con responsables del equipo de Gobierno, que siempre han vuelto a dirigirles a la empresa pública.

Los afectados también han preguntado si el Ayuntamiento no contempla otros caminos más dialogantes para resolver estos problemas que el ir a los juzgados. Y es que, según admitió el concejal de Urbanismo, de las últimas 12 promociones construidas, tres han debido ir a juicio contra la SVS.

Ya hay sentencia en dos de esos casos, que ha condenado a la empresa pública y al Ayuntamiento a pagar una media de 100.000 euros en cada caso para paliar los desperfectos. Los vecinos, sin embargo, preferirían no tener que acudir a los tribunales porque eso supone un coste económico que muchos de ellos no pueden permitirse.

Pero parece de las pocas opciones que les permite el Ayuntamiento, pues este jueves César Díaz manifestó que hay muchos casos en los que consideran que la responsable de estas irregularidades no es la SVS, sino otros agentes intervinientes como la empresa constructora.

A los vecinos les trasladó que la empresa pública, que preside el alcalde de Santander, no haría nada contra la constructora hasta que no haya sentencia judicial por medio. También aseguró que la mayoría de los desperfectos ya han sido subsanados.

“En caso de que no estén satisfechos pueden acudir a la Intervención del Gobierno de Cantabria o a los Juzgados”, les ha instado, para que así “un organismo externo” determine cómo se debe resolver y quién tiene responsabilidad. “La vía judicial siempre está abierta para los que no están contentos”, ha matizado.

EL AYUNTAMIENTO INSISTE EN LA ‘CONSPIRACIÓN’ DE LA PLATAFORMITIS

César Díaz comenzó respondiendo las cuestiones insinuando que la plataforma de afectados está politizada. Para ello, leyó extractos de un acta de una de sus reuniones, en la que se reflejaba que los vecinos se han reunido con representantes de los partidos políticos del Ayuntamiento, tal y como habían anunciado.

Fachada sur del edificio de VPO de General Dávila con los huecos de las plaquetas desprendidas en una de las rachas de viento del pasado verano.

Los vecinos han tratado en todo momento de conseguir el apoyo de la mayoría de los grupos políticos, y han denunciado en más de una ocasión que solo el Partido Popular se negaba a una reunión, trasladándoles siempre a la SVS. Al término del pleno, consiguieron el compromiso de Díaz de reunirse con ellos.

Sin embargo, el concejal de Urbanismo vio en estas reuniones y en los consejos que los partidos, especialmente Santander Sí Puede, les dieron para tener mayor visibilidad mediática, una especie de teoría de la conspiración.

La ‘plataformitis’ volvió a planear sobre la política municipal, como ya es habitual desde que Iñigo de la Serna calificara así a los diferentes movimientos sociales que han surgido de vecinos afectados y descontentos con las consecuencias del Plan General.

El equipo de Gobierno ha criticado siempre que los vecinos, que muchos de ellos tienen en peligro sus casas como el caso del Pilón o Prado San Roque, cuenten su problemática a la prensa en vez de limitarse a reunirse con ellos en privado. Las plataformas siempre han asegurado que acuden a la prensa después de intentar resolver las cuestiones con reuniones directas y que es precisamente la difusión mediática la que ha acelerado algunos de esos casos.

Otra de las afirmaciones que Díaz llevó a cabo fue que aseguró no conocer “ninguna promoción que, después de construida, haya estado exenta de reclamaciones por parte de los propietarios de las viviendas entregadas”.

Con esta afirmación, el concejal de Urbanismo pareció llegar a la conclusión de que ‘ninguno está conforme con nada’, pero también insistió en que una de las tres promociones que han ido a juicio por los desperfectos, se decidió “en una asamblea al a que acudieron 10 de 130 propietarios” lo que, en su opinión, “no coincide con la mayoría de los vecinos”. El concejal no aclaró si esa promoción es la que queda aún por resolver o una de las cuales el juzgado ya ha dado la razón.