El Tribunal de Cuentas, organismo estatal fiscalizador de la actividad económica de las instituciones, detectó “deficiencias contables relevantes” en SODERCAN durante los años en que esta empresa pública estuvo gestionada por Salvador Blanco (quien sigue manteniendo esta responsabilidad en la actualidad).

Así consta en informes de los ejercicios 2008 a 2011 consultados por EL FARADIO en los que se alude a cuestiones como el incremento de los gastos de personal, la falta de control sobre la devolución de los préstamos, la duplicidad de funciones, la falta de información contable, ocultada al Tribunal de Cuentas o su endeudamiento.

Salvador Blanco durante la anterior etapa de Gobierno.

La gestión de Salvador Blanco ya ha sido cuestionada por el Parlamento, con reprobaciones y peticiones de destitución aprobadas por PP, Ciudadanos y Podemos (que suman mayoría, no atendidas debido a que en realidad la decisión le corresponde al Gobierno).

Y por la Intervención General de Cantabria –a quien el propio Blanco trató de desautorizar aludiendo a motivos políticos pese a que es un nombramiento, el del Interventor, ratificado por el Gobierno del que él forma parte–.

(Consulta aquí detalles sobre el Informe de Intervención: 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 )

SODERCAN ha sido polémica desde el inicio de la legislatura, al cambiar, debido al reparto de competencias en la negociación del pacto entre PSOE y PRC, de la Consejería de Industria de la que venía formando parte (cuyo titular es nombrado ahora por los regionalistas) a la macroconsejería de la socialista Eva Díaz Tezanos).

El mantenimiento de Blanco pese a lo polémico de su gestión amenaza la aprobación de los presupuestos de Cantabria: Podemos se niega a apoyarlos si no se le cesa y Ciudadanos podría apoyarlos si SODERCAN vuelve a Industria, mientras que el PRC ya ha enviado algún mensaje público crítico con su figura.

Los informes del Tribunal de Cuentas inciden en cuestionar los resultados de una de las grandes apuestas de SODERCAN en aquella legislatura y en esta: la participación, vía préstamos o incluso presencia en el accionariado –práctica en la que también cayó el PP—en empresas privadas, como fueron los casos de GFB o IDERMAR.

En ellos, este organismo fiscalizador percibe gastos sin reflejo, información que no les llegaba y falta de cumplimiento de los fines pese al impacto económico de esta política en su cuenta de resultados y deuda.

DEUDAS, INDEFINICIÓN Y EMPLEO: REFLEJO DEL SECTOR PÚBLICO

Los informes del Tribunal de Cuentas inciden en cuestiones que se producían en el conjunto del sector público y que se incrementaban en SODERCAN, como la política de personal, la deuda, la ambigüedad y la opacidad sobre su funcionamiento y gestión.

Sede de SODERCAN en el Parque Científico y Tecnológico

La empresa experimentó resultados financieros negativos, con un crecimiento que se disparó en 2009 en un 191%, en que pasó de los 5,7 millones de euros a los 16,7 de resultados negativos, debido al incremento de provisiones económicas por su política de participaciones en empresas.

Es, de hecho, la empresa más endeudada en ambos ejercicios, sin contar a sus propias deudas la de los préstamos que recibió del Ministerio de Industria.

En los años 2008-2009 el gasto en personal en SODERCAN se incrementó en un 81%.
En 2010, se volvió a producir un aumento de un 15% en el número de trabajadores y de un 9% en los gastos de personal.

Mientras que en 2011 descendieron en un 12% y en un 8%, respectivamente, sin que se dieran incrementos de personal significativos en ninguna empresa pública.

Para aquellos años había empresas públicas como EMCANTA e IDICAN cuyo objeto y funciones coincidía con el de SODERCAN (de hecho esos años se abordó una reordenación del sector público que no culminaría hasta 2012).

Al Tribunal de Cuentas le llama la atención la ambigüedad y generalidad de la definición de funciones con que nació esta empresa pública, pese a que luego se fue especializando, de facto, en el crédito y préstamos a empresas.

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