El CETA y el TTIP recortan la soberanía y los derechos sociales y privatizan la justicia
||por Darío Serrano, abogado y miembro de LIBRES, la Asamblea Cántabra por las Libertades y contra la Represión||
El TTIP (Acuerdo Trasatlántico sobre Comercio e Inversión), junto al TiSA (Acuerdo en Comercio de Servicios) y el CETA (Acuerdo Económico y Comercial Global) constituyen la triada de tratados de libre comercio que está negociando la Unión Europea y que se caracterizan por incluir cláusulas que fomentan la privatización de servicios públicos y que limitan la soberanía de los Estados, tanto en lo relativo al ámbito judicial y legislativo, como en lo referente al control sobre el sistema financiero.
Contra el TTIP
La ratificación del CETA por el Consejo Europeo es inminente, pues está prevista para el presente mes de octubre y, más adelante, el Parlamento Europeo decidirá sobre el Acuerdo. El movimiento europeo contra CETA/TTIP ha convocado una serie de acciones para impedir la firma del CETA (conocido como el caballo de Troya del TTIP) y exigir el fin de las negociaciones del TTIP. En el Estado Español la semana de movilizaciones se prolongará desde el día 8, hasta el 15 de octubre.
A pesar de su enorme trascendencia, los textos y las decisiones adoptadas en los tres tratados de libre comercio permanecen ocultos no solo a la ciudadanía, sino también a sus representantes públicos. La extrema opacidad y secretismo con que se están llevando a cabo estas negociaciones no solo constituyen un impedimento para su análisis, sino que conforman su primera carencia: la ausencia de legitimidad democrática.
En palabras del profesor de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU) Juan Hernández Zubizarreta, “toda la tramitación del TTIP quiebra los principios básicos del Estado de Derecho, es decir, las garantías procesales de la ciudadanía (transparencia, separación de poderes, debates parlamentarios, etc.). Ahora bien, el resultado final de la norma es de una gran seguridad jurídica y de obligado cumplimiento.”.
Gran parte del contenido negociado solo se ha conocido a través de filtraciones de documentos secretos, como la realizada por Wikileaks o por Greenpeace Holanda, que han puesto de manifiesto los riesgos de los tratados respecto a aspectos tan diversos como son el medio ambiente, la sanidad, la privatización de servicios públicos o la protección de los consumidores, entre otros muchos.
En este artículo me referiré únicamente a los riesgos más relevantes en materia de Justicia y Derechos sociales:
1.- Tribunales de arbitraje.- Los ISDS (ahora denominados ICS, tras algunas modificaciones puramente cosméticas) son tribunales privados que constituyen un sistema paralelo al poder judicial, favorable a las empresas transnacionales, que queda al margen de los poderes judiciales nacionales y europeos, lo que supone una amenaza para el pleno ejercicio de la soberanía y de los derechos sociales.
Las empresas multinacionales/inversoras pueden demandar e imponer sanciones a los Estados (no hay previsiones formales de que pueda suceder al contrario), pero ellas no serán responsables ante los ciudadanos, al no tener que cumplir con las reglas del juego democrático, ni afrontar las consecuencias sociales de sus decisiones.
La asociación Jueces para la Democracia (JpD) ha manifestado recientemente su rechazo a la creación de tribunales especiales en materia de arbitraje internacional, que asumirían parte de las competencias asignadas a los órganos judiciales nacionales y europeos en el ámbito civil, laboral, administrativo y fiscal, entre otros.
En opinión de JpD, tal iniciativa “representa una usurpación de las funciones judiciales estatales, caracterizadas por su independencia e imparcialidad, para adjudicarlas a un organismo vinculado a las grandes corporaciones económicas y a los gobiernos más importantes del mundo“.
En este sentido, precisa que la naturaleza de estos tribunales especiales puede repercutir de manera muy negativa en los derechos laborales, en los derechos de los consumidores y en las normas de protección del medio ambiente.
“No existe ninguna necesidad de crear un tribunal especial de esta naturaleza, a no ser que se pretenda proteger relaciones económicas privilegiadas. Tampoco resulta admisible que la protección jurídica a los inversores llegue al extremo de que puedan reclamar ante un Estado y que dicha pretensión sea resuelta por un tribunal arbitral al margen del organigrama judicial estatal y europeo“. De este modo, JpD opina que las pérdidas de soberanía “no se encuentran justificadas y obedecen a razones económicas que no resultan acordes con el interés general“.
También La asociación MEDEL (Magistrados Europeos por la Democracia y las Libertades) ha advertido sobre el peligro que, para la obtención de una justicia independiente y eficaz en Europa, entrañan los tribunales de arbitraje previstos en los tratados comerciales y acuerdos de inversión que se negocian actualmente en la Unión Europea.
Concretamente, la asociación critica las negociaciones “secretas” de los Acuerdos que, entre otras medidas, están considerando la creación de un sistema de resolución de conflictos ajeno al control judicial de los países: “Esto supone equiparar a las corporaciones multinacionales al mismo nivel que los Estados soberanos, basado en la errónea presunción de que los tribunales nacionales de los Estados miembros no pueden otorgar protección jurídica efectiva a los inversores extranjeros“.
Así, afirman, “que no existe ninguna justificación objetiva o base jurídica para la creación de este nuevo Tribunal y que todos los ciudadanos europeos deberían estar seriamente preocupados por esta propuesta”… “Un tribunal de arbitraje privado que reemplace a los tribunales de los Estados no puede establecerse más que para favorecer los intereses de la codicia corporativa multinacional“.
2.- Privatización de la justicia.- Junto a la privatización de parte de la potestad jurisdiccional, también el ejercicio de la abogacía se verá “liberalizado” en su condición de servicio y, por tanto, directamente afectado por el TiSA.
El Decano del Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona (ICAB), Oriol Rusca, ha censurado duramente la liberalización que propone el TiSA, delimitando cuál es el verdadero problema al que nos enfrentamos: “El problema esencial no es que puedan venir a ejercer la profesión otros despachos en nuestro territorio; el problema reside en que los lobbies financieros –que no jurídicos- pretenden arrasar con todos los principios esenciales sobre los que se ha construido la profesión. Lo que quieren es cambiar nuestros valores y nuestra forma de entender la profesión, que va más allá de ser un simple negocio”.
Respecto a la justicia gratuita, Oriol Rusca afirma que “la posición de la Abogacía es de sentido común. La Justicia Gratuita está considerada como un servicio público, un servicio que da la Administración delegándolo en organizaciones colegiales, que son corporaciones de Derecho Público.
Por definición, el servicio público no es mercado, está fuera del mercado. Es imprescindible que permita al acceso de todos los ciudadanos que sean acreedores del mismo, sin los avatares de la pura especulación propia del mercado. Sería imposible encajar el modelo actual de asistencia jurídica gratuita en ese sistema neoliberal que intentan imponernos. La defensa de los derechos, las libertades y la dignidad de las personas más desfavorecidas de la sociedad no puede ni debe ser un negocio. La Asistencia Jurídica Gratuita no es un mercado y los derechos y libertades de los ciudadanos no son una mercancía como se pretende.”.
3.- Pérdida de derechos laborales. Una de las materias que puede verse más afectada es, una vez más, la laboral. El derecho de sindicación y la negociación colectiva no se encuentran garantizados en ninguno de los tratados.
Es importante destacar que ni Canadá (CETA), ni EEUU (TTIP) han suscrito los ocho convenios fundacionales de la OIT que abarcan: la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación (1948); el derecho de sindicación y de negociación colectiva, (1949);la igualdad de remuneración (1951); la abolición del trabajo forzoso (1957); la discriminación laboral (1958); la edad mínima para trabajar (1973); y el convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, de 1999. Los países integrantes de la UE, por el contrario, han ratificado todos los convenios. Lo relevante es que en la negociación de los tratados comerciales se pretende eliminar toda barrera —arancelaria o no— que dificulte el desarrollo del libre comercio y de la inversión.
Para eso se está procediendo a la armonización normativa a la baja; es decir, si el control financiero es más estricto en EEUU, se armoniza teniendo en cuenta la regulación europea, pero si la legislación laboral es más protectora en la Unión Europea, se aplican las normas de Estados Unidos, que desregulan los derechos de los trabajadores y trabajadoras. Así se armoniza desregulando los derechos de las mayorías sociales en todas las materias susceptibles de transformarse en mercaderías.
La profesora de Derecho Laboral por la Universidad de Valencia, Adoración Guzmán, recuerda que EEUU ha firmado solo dos convenios fundamentales de la OIT y critica que “no existen normas internacionales protectoras de los derechos laborales que sean igualmente obligatorias para todos los países que están negociando el TISA, ni hay presión política capaz de obligar a países como Estados Unidos a la ratificación de los Convenios de la OIT que lleva décadas negándose a asumir”.
En definitiva, aun cuando estos tres tratados internacionales nos están siendo publicitados como normas cuyo objetivo es facilitar el comercio internacional, para obtener progreso económico y puestos de trabajo, lo cierto que es que su verdadero espíritu inspirador no es otro que el “neoliberalismo salvaje”, que considera el comercio como mera acumulación de riqueza, sin tener en cuenta que el comercio adquiere verdadero sentido cuando es un medio para logar un fin más importante: El bienestar de las personas.
Quieren imponernos un futuro en el que prime el capital sobre ese bienestar, sobre los valores y los derechos, como algo contra lo que no se puede luchar. Pero no es cierto, los ciudadanos europeos queremos, podemos y debemos luchar por decidir cuál es nuestro futuro y no es admisible que los exclusivos intereses económicos de los lobbies y de las empresas transnacionales se impongan sobre las decisiones que debemos tomar de forma soberana y democrática.