El juzgado suspende la expulsión de ‘Samuel’

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El Juzgado ha notificado este miércoles a ‘Samuel’ la suspensión cautelar de su expulsión de España, según ha podido saber EL FARADIO.

Así lo ha trasladado en una resolución que responde a las medidas cautelares solicitadas por la abogada del menor camerunés, mientras dure el procedimiento, que tiene señalado el juicio para resolver la situación del menor extranjero no acompañado (MENA) para el próximo 9 de enero.

El juez había dado 10 días a la Delegación del Gobierno para que presentara alegaciones a la suspensión cautelar solicitada y el Abogado del Estado no se ha opuesto, por lo que el juzgado ha dictado la suspensión cautelar de la expulsión.

‘Samuel’ es el nombre ficticio del menor camerunés que llegó a España en 2015, con 15 años, después de una migración, un viaje de dos años que inició en su ciudad, Duala (Camerún), a la edad de 13 años. Atravesó Nigeria, los desiertos de Níger y Argelia y fue detenido y agredido por la policía de Marruecos en la valla fronteriza de Melilla.

Según su relato, un empresario marroquí le proporcionó un sitio en una patera, a cambio de trabajar en la construcción de su casa. Cuando la embarcación estaba a punto de naufragar, fue rescatado por un Ferry con destino al Puerto de Málaga y una ONG le proporcionó un billete de autobús para llegar a Santander, donde tenía un contacto.

Se enfrenta a este nuevo procedimiento de expulsión después de que en enero la Delegación del Gobierno archivara la anterior orden, al entender que los argumentos de la Abogacía del Estado, en base a la doctrina del Tribunal Supremo que da más validez a la documentación del menor (partida de nacimiento y pasaporte) que a las pruebas médicas encargadas por la Fiscalía de Menores.

A pesar de que había sido archivado el caso, el Instituto Cántabro de Servicios Sociales (ICASS) reactivó el caso en junio, al volver a pedir a la Fiscalía nuevas pruebas médicas de determinación de la edad o que se reafirmara en su decreto inicial, en abril de 2015.

Entonces, el ICASS ocultó a la Fiscalía que ‘Samuel’ tenía una partida de nacimiento, que estaba documentado. Y según la Ley de Extranjería las pruebas de determinación de la edad están reservadas para los indocumentados.

En cualquier caso, la ONU considera esta práctica ilegal y el Defensor del Pueblo además añadió al procedimiento que la prueba que se le hizo a este menor camerunés, además de imprecisa, fue la más básica de todas.

La publicación de la historia de este menor camerunés ha provocado una reacción social en toda España, con casi 95.000 firmas que piden protección y no expulsión de los MENAS.

Movimientos sociales como Pasaje Seguro han pedido que se actualicen los protocolos de atención a los menores no extranjeros no acompañados y van a elevar el caso al presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla.

Desde la oposición política, Podemos ha pedido la destitución fulminante de todos los responsables políticos del ICASS (PSOE).

El Gobierno de Cantabria guarda silencio sobre el caso y el único comunicado del ICASS justificaba las actuaciones en el criterio de la Fiscalía de Menores (forzado en este segundo trámite desde los Servicios Sociales del Gobierno).

Una reactivación que niegan desde la entidad dependiente de la macroconsejería que dirige la vicepresidenta del Gobierno, Eva Díaz Tezanos (PSOE), aunque en su propio relato de las actuaciones confirman que fue el Gobierno de Cantabria el que volvió a poner a ‘Samuel’ ante el trámite de expulsión cuando ya estaba archivado.

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