Cantabria es la quinta comunidad con más procesados por corrupción
Sede del Consejo General del Poder Judicial || Foto: CGPJ
Cantabria se sitúa en el grupo de cabeza de comunidades autónomas afectadas por la corrupción, como la quinta con más casos, hasta 100 personas procesadas por delitos relacionados con estos comportamientos en nueve procesos entre julio de 2015 y diciembre de 2016.
De esta manera, nuestra comunidad autónoma sólo se ve superada por la corrupción cuantificada en Cataluña, Andalucía, Madrid y Canarias, según una nueva base de datos que ha hecho pública este jueves el poder judicial (CGPJ).
Las cifras llegan, precisamente, después del enésimo anuncio de las intenciones del presidente del Gobierno cántabro de crear una oficina anticorrupción, en una entrevista a Radio Nacional de España, al tiempo que justificaba que no es una prioridad porque “aquí no se comete ninguna tropelía”.
La información traslada por el CGPJ ha generado las primeras críticas políticas, como la diputada de Podemos, Verónica Ordóñez
La #corrupcion en Cantabria nos sitúa en el top 5 estatal, pero para @RevillaMiguelA ni existe, ni s una prioridadhttps://t.co/OHWQlPHZxr
— Veronica Ordoñez (@Verito_OL) 12 de enero de 2017
Según fuentes judiciales que cita Europa Press, los nueve procesos de Cantabria se circunscriben al cuarto trimestre de 2015, y la mayoría se corresponden con casos de corrupción urbanística de los juzgados de instrucción de Castro Urdiales.
De los 100 procesados en Cantabria, 72 son hombres y 28 mujeres.
EL REPOSITORIO
Este repositorio tiene como finalidad ofrecer a la ciudadanía los datos existentes sobre procedimientos judiciales por los delitos relacionados con la corrupción y dar a conocer la acción de la justicia en el marco global de la lucha contra esta “lacra criminal”, como ha calificado el presidente del CGPJ, Carlos Lesmes.
Los datos que se ofrecen, que se actualizan cada trimestre, se corresponden con procesos penales por delitos relacionados con la corrupción con auto de apertura de juicio oral o de procesamiento, los condenados por sentencia firme, y la población reclusa por este tipo de delitos.
Estos fenómenos tienen su traducción en el Código Penal en un amplio listado de delitos que incluye la prevaricación urbanística (artículos 320 y 322), la prevaricación administrativa (art. 404, 405 y 408), la infidelidad en la custodia de documentos y la violación de secretos (art. 413, 414, 415, 416, 417 y 418), el cohecho (art. 419, 420, 421 y 422), el tráfico de influencias (art. 428, 429 y 430), la malversación (art. 432, 433, 434 y 435), los fraudes y exacciones ilegales (art. 436, 437 y 438), las negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos y los abusos en el ejercicio de su función (art. 439, 441, 442 y 443) y la corrupción en las transacciones comerciales internacionales (artículo 286, 3º y 4º).
Las fuentes de las que los datos se obtienen son: los boletines estadísticos elaborados por los Letrados de la Administración de Justicia, el Ministerio de Justicia, la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias del Ministerio del Interior y la Dirección General de servicios Penitenciarios del Departamento de Justicia de la Generalitat de Catalunya.
FASE PROCESAL
Los datos que se ofrecen en el repositorio corresponden a procedimientos penales por delitos relacionados con la corrupción una vez dictado auto de apertura de juicio oral o de procesamiento.
Se ha optado por fijar éste como el momento procesal a partir del que solicitar la información a los órganos judiciales dado que la finalidad de la fase de instrucción es determinar la naturaleza y circunstancias del hecho y las personas que hayan participado en él, pudiendo variar durante la investigación tanto el tipo penal como el número de personas implicadas en la misma.
1.378 PERSONAS ACUSADAS/PROCESADAS POR DELITOS DE CORRUPCIÓN
Con estas premisas, los datos del repositorio indican que, entre el 1 de julio de 2015 y el 30 de septiembre de 2016, los Juzgados y Tribunales españoles dictaron auto de apertura de juicio oral o de procesamiento por delitos relacionados con la corrupción contra 1.378 personas.
399 CONDENADOS POR SENTENCIA FIRME
El repositorio permite también conocer el número de personas condenadas por las sentencias dictadas por delitos relacionados con la corrupción que han adquirido firmeza en cada trimestre.
La suma de los cinco trimestres que recoge la base de datos es de 399 personas condenadas, según la información del Registro Central de Penados, dependiente del Ministerio de Justicia.
Los delitos que con mayor frecuencia aparecen en esas sentencias son, por este orden, los de prevaricación administrativa, prevaricación urbanística –es decir, delitos contra la ordenación del territorio, urbanismo, medio ambiente y patrimonio histórico- y malversación.
82 PENADOS SOMETIDOS A REGIMEN PENITENCIARIO
Por último, el repositorio ofrece los datos procedentes de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, dependiente del Ministerio del Interior, y de la Dirección General de Servicios Penitenciarios de la Generalitat de Cataluña sobre población reclusa.
En este caso, la información se refiere a las personas sometidas a régimen penitenciario –como penados o en situación de prisión preventiva- tomando en consideración el delito principal por el que han sido condenados o acusados.
A 1 de enero de este año había en el conjunto de España 82 penados –en 47 casos, con el de malversación como delito principal y en otros 25 con el de cohecho- y cinco preventivos.
TRASLADAR LA IMAGEN REAL DE ACCIÓN DE LA JUSTICIA
En el acto de presentación del repositorio, el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, ha subrayado que con la información que a partir de hoy se hace pública se da “un paso más, y esperamos que importante, en la recuperación de la confianza de la sociedad en sus instituciones”.
“Nuestros jueces y nuestras juezas están cumpliendo con su misión, y no siempre en condiciones fáciles”, ha señalado Lesmes, que ha añadido que aunque en ocasiones se critica de manera interesada la labor de jueces y magistrados, sugiriendo elementos de politización en las decisiones adoptadas y veladas acusaciones de falta de imparcialidad.
“La realidad deja sin fundamento esas críticas” y demuestra que “frente a la eventual degradación criminal de personas con responsabilidades políticas, el Poder Judicial se limita a actuar sobre cada caso concreto, aplicando únicamente la ley, desde la legitimidad que nos brinda el Estado de Derecho por el que nos regimos”.
Por su parte, la vocal del órgano de gobierno de los jueces Mar Cabrejas, miembro del Grupo de Transparencia del Consejo, ha dicho que la información que ofrece el repositorio evidencia “la existencia de límites reales y tangibles contra la arbitrariedad, el abuso y el despotismo”
Asimismo, ha añadido que ofrece “una visión clara de la dimensión del Poder Judicial como una instancia independiente e imparcial llamada a controlar desde el Derecho, a hacer efectiva la idea del Estado Constitucional como sistema de límites y de vínculos impuestos al ejercicio de cualquier poder”.
Cabrejas ha confiado también en que el repositorio contribuya a trasladar a los ciudadanos “la imagen real de una labor muchas veces silenciosa de sus jueces, magistrados, fiscales, letrados de la Administración de Justicia, Policía Judicial, funcionarios y demás servidores públicos en su firme compromiso de lucha contra la corrupción”.