La Asamblea Cántabra por las Libertades y contra la Represión, Libres, ha expresado su “gran preocupación” con las recientes decisiones de órganos judiciales de Cantabria “que condenan y encausan actuaciones políticas solidarias y el ejercicio de derechos democráticos”.

Se refieren tanto a la sentencia que condena a sanción y multa a Iván Martínez, portavoz de ACPT por la ocupación y restauración posterior del solar de Espacio Argumosa en Torrelavega como al auto que confirma las imputaciones de los activistas de Preguntar no es delito por el escrache al expresidente Ignacio Diego en un acto en la UC.

“Las dos son una clara muestra del divorcio creciente entre la práctica real de las instituciones, la administración de justicia en este caso, y los principios que dicen defender”, aseguran.

Libres, preocupado por el retroceso en libertades

Así, por un lado, no entienden la condena a Martínez (a quien se puede apoyar con un formulario de autoinculpación) por “promover el adecentamiento y recuperación de un espacio urbano abandonado por razones especulativas por sus propietarios”, recordando que lo que hizo fue “defender el interés general”, principio reconocido en la Constitución española.

Y respecto al escrache, aclaran que se trata de una forma de protesta que no supone “agredir o violentar”, al mismo nivel que los piquetes en la huelga, expresiones ambas modalidades de la libertad de expresión y manifestación que además resultan “acciones indispensables en una sociedad crecientemente desigual e injusta”.

En concreto, recuerdan que “el escrache a Diego fue la respuesta a la negativa de la Universidad a permitir el acceso a un acto público en el que participaba el entonces presidente” y que “el propio Diego ha señalado que no se sintió amenazado”, por lo que interpretan que el mantenimiento de la causa “se pervierte en un mecanismo disciplinario tanto para los encausados como para quienes pudieran hacer algo parecido”.

A su juicio, “la deriva autoritaria que padecemos tiene un fin: disuadirnos de ejercer como sociedad civil organizada, como ciudadanía consciente y solidaria”.

Por tanto, llaman a “ser conscientes de que solo la movilización y la presión social cambiarán esta situación”.

“Debemos ser activamente solidarios con quienes son perseguidos por ejercer derechos. Al hacerlo damos valor a las personas perseguidas, a sus razones y causas. Hacerlo es la única manera de cambiar las cosas y de disuadir a los privilegiados y poderosos de seguir por este camino”, reivindican.

PENDIENTES DE LOS VÍDEOS

Por su parte, los activistas de Preguntar no es delito, la plataforma surgida a raíz de las imputaciones de los estudiantes que participaron hace dos años en un escrache al expresidente Ignacio Diego, están pendientes de la respuesta judicial a sus pruebas, los vídeos con los que desmontan la versión policial y judicial de los incidentes.

El viernes se conocía un auto de la Audiencia Provincial en el que se rechazaba un recurso contra la decisión del juzgado menor de dar por finalizada la investigación y mandar la causa a juicio oral.
Con todo, pese a este rechazo, recalcan que están pendientes de que Ministerio Fiscal y juez se pronuncien tras el visionado de los vídeos de los hechos que “reflejan la absoluta irrealidad de las acusaciones” y que exhibieron en su momento en un multitudinario acto en la UC.

El colectivo denuncia “irregularidades graves” en el trámite judicial, como la ausencia de pruebas para sostener su imputación, faltas de notificación, testimonios obviados que “favorecían a la verdad”.

Ese fue el contenido de su recurso, rechazada por la Audencia, que no se mete en culpabilidad o inocencia, ya que eso es algo que se sustancia en el juicio, y todavía no está decidido si lo habrá.

Finalmente, desde Preguntar no es delito agradecen las muestras de apoyo que vienen recibiendo tanto estos días como desde que pasó todo. “Sabemos que no estamos solas en la reivindicación pacífica de una educación digna e igualitaria”, afirman.

En declaraciones a EL FARADIO DE LA MAÑANA, uno de los activistas, Diego San Gabriel, relataba como a ese acto no les permitió el «acceso democrático», dentro de la tradición de protestas estudiantiles y como la escolta del expresidente en lugar de «tranquilizar» las cosas «agredió» a uno de ellos.

Recordaba que el proceso judicial ha desechado las versiones que les favorecían a ellos, quedándose con la de escoltas y el propio Diego, y niega tanto los insutlos que se ponen en su boca como que se produjeran daños a los vehículos.

Las facturas en los vehículos, por arrancar logos, son una de las pruebas en que se apoya el proceso judicial. Diego San Gabriel incide en que en el vídeo se ve como se marchan los coches sin problemas y con los logos puestos porque no se arrancaron