Fue uno de los sitios que más sufrió la plaga del ladrillo, donde antes estalló la burbuja, reventada en forma de una causa general contra sus gobernantes, y donde, entre escándalos de corrupción, puertos deportivos, pactos insólitos y transfuguismo general, acabó llegando, antes que al resto de ciudades, lo que se dio en llamar nueva política, en este caso con una amplia representación de CastroVerde ya en la anterior legislatura, y ahora gobernando el municipio.

Pero la historia no tan lejana de Castro Urdiales acecha: el Juzgado de lo Penal nº 1 de Santander ha condenado a cuatro años y tres meses de inhabilitación para cargo público al que fuera alcalde de Castro Urdiales Fernando Muguruza Galán (ex PRC), al considerarle autor de un delito
continuado de prevaricación.

Asimismo, la magistrada firmante de la resolución ha condenado a los que fueron concejales de Obras e Industria durante el mandato de aquel, Salvador Hierro y Jaime Díez Muro, por el mismo delito y les ha fijado una pena mayor: cuatro años y nueve meses de inhabilitación.

Los hechos que han sido considerados delictivos se refieren a la manera de actuar que los tres condenados desplegaron durante el proceso de contratación de las obras de acondicionamiento del túnel de Mioño y de las de instalación de un ascensor en el mercado municipal, ambas encargadas a la empresa de la que era gerente un hermano de los condenados.

En una sentencia fechada y notificada en el día de hoy, la juez decide absolver al resto de los imputados: cuatro ediles, el secretario y el interventor municipal, y el gerente de la empresa constructora.

A su juicio, no ha quedado probado que el resto de los concejales y los dos funcionarios públicos –a quienes se imputaba un delito de prevaricación- tuviesen conocimiento de la ilicitud del procedimiento empleado para la adjudicación de las obras.

También exime al constructor del delito de tráfico de influencias del que se le venía acusando ya que, considera la magistrada, no se ha acreditado que ejerciera “presión moral o instigación” que condicionara la decisión del concejal responsable de Obras, Salvador Hierro.

La resolución, que no es firme y contra la que cabe recurso de apelación ante la Audiencia Provincial, reconoce la circunstancia atenuante de dilaciones indebidas (retrasos excesivos en el proceso judicial), dado el tiempo transcurrido desde que se incoaran diligencias previas en septiembre de 2006.

La sentencia declara probado que en 2004 la junta de gobierno local de Castro Urdiales acordó por unanimidad aprobar las ofertas y la adjudicación a la empresa IZETA de las obras de acondicionamiento del túnel de Mioño y las de instalación de un ascensor en el mercado municipal.

Entiende la juez que tanto el alcalde, como el concejal de obras, Salvador Hierro, y el concejal de Industria, Jaime Díez Muro, tenían “pleno conocimiento de la ausencia total de expediente administrativo de contratación” así como de “los vínculos de parentesco” entre este último y
el gerente de IZETA, que era su hermano.

Además, el edil Díez Muro votó favorablemente a las adjudicaciones, lo que evidencia “una consciente y deliberada ausencia de abstención, con la silenciosa complacencia y el encubrimiento del alcalde y del concejal de obras”.

En aquellas votaciones, el secretario municipal no advirtió de la ausencia total de expediente, si bien “no consta que tuviera conocimiento previo de la inexistencia del expediente, ni de los vínculos concurrentes”.

Días después de la junta de gobierno local en la que se acordó la adjudicación de las obras del ascensor, concretamente el 31 de diciembre de 2004, el interventor municipal reconoció una obligación del 20% del coste para las obras del ascensor del mercado municipal. Un día después, el 1 de enero de 2005, realizó un reconocimiento del 80% restante.

Entiende la magistrada que “no ha quedado debidamente acreditado que su actuación tuviera una finalidad distinta a la de evitar la pérdida de una subvención concedida para aquella”, dado que las obras finalmente se ejecutaron meses después.

EL FISCAL PEDÍA CONDENA PARA TODOS

La fiscalía solicitaba la condena de todos los ediles y también de los funcionarios públicos por un delito continuado de prevaricación, con penas que iban desde los nueve años de inhabilitación para los tres ediles que han resultado condenados, a los siete años para los dos funcionarios públicos.

Sin embargo, la juez considera que sólo cometieron delito continuado de prevaricación los que eran concejales de Obras –quien recibió las ofertas y las presentó ante la junta municipal- y de Industria –hermano del gerente de IZETA y que no se abstuvo en las votaciones-, así como el alcalde –que conocía tanto la ausencia de tramitación como los lazos familiares.

El resto de cargos y funcionarios públicos quedan absueltos ya que no se ha acreditado que conocieran que las contrataciones se hicieron a dedo.

El ministerio público también imputaba al gerente de la empresa que ejecutó las obras, pues le consideraba autor de un delito de tráfico de influencias que debía ser penado con nueve meses de cárcel y 10.000 euros de multa.

Finalmente, en cuanto a la absolución del gerente de IZETA, señala la sentencia que no consta “una actuación positiva e intencionada de presión al concejal o a los demás implicados, dirigida a provocar un proceso de decisión viciado fraudulentamente para lograr obtener decisiones injustas”. Por tanto, entiende la juez que no cometió el delito de tráfico de influencias
del que se le venía acusando.