Los centros de formación muestran su “sorpresa” ante la investigación de la UDEF

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La Comisión de Formación de CEOE y la plataforma de centros de formación en Cantabria ha mostrado su “sorpresa” ante la investigación abierta por la UDEF en relación a una presunta trama de “mordidas” en la comunidad autónoma, que ha supuesto incluso registros en dependencias del Gobierno regional.

Lo hacían en una rueda de prensa en la que alertaban sobre el riesgo de cierre de estos centros por las deudas de la administración, que ha respondido airadamente acusándoles de decir falsedades.

LA INVESTIGACIÓN

Respecto a la investigación de la Unidad de Delitos Económicos y Financieros (UDEF), de lo que los centros no han tenido constancia, han señalado que los centros deben cumplir con una serie de requisitos de accesibilidad y barreras cuya certificación de que están adaptados le corresponde al Instituto Cántabro de Servicios Sociales (el ICASS, que orienta sobre estas obras).

Sede del ICASS

Sede del ICASS

Dentro de estas pesquisas se sospecha que funcionarios del Instituto Cántabro de Servicios Sociales fabricaron informes falsos, al anotar supuestos incumplimientos en los centros de Cossío Formación –denunciante de la trama– en Santander y Torrelavega, de los que nunca se le dio traslado.

La UDEF sospecha que dichos informes son falsos. Se habrían elaborado a la carta, a petición de la trama funcionarial, para ‘castigar’ así a un centro de formación que no quería participar del esquema de presuntas ‘mordidas’ a cambio de adjudicaciones de cursos de formación a otra serie de centros beneficiados.

Cossio Formación presentó en diciembre de 2015 una querella criminal contra 8 funcionarios, entre los que destaca el actual presidente de la Plaza de Toros, Constantino Álvarez, que era el responsable de homologación de los centros de formación, así como contra dos responsables políticos: las dos últimas directoras generales de Empleo, con el PSOE, Carmen Díez Marzal –cuyo marido, es, por cierto, el empleado de la Universidad de Cantabria apartado tras detectarse un desvío de fondos–, y con el PP, María Ángeles Sopeña.

El caso está a la espera de que la Audiencia de Cantabria resuelva el recurso de la academia, pero por medio ha entrado en juego la investigación de la UDEF.

EL RIESGO DE CIERRE

La Plataforma, que agrupa a prácticamente el 100% de las empresas que imparten Formación para el empleo en Cantabria, cifra la deuda de la Administración en 20 millones de euros, remontándose a hace dos años.

Responsables de centros de formación

Responsables de centros de formación

Montserrat Peña, Presidenta de la Plataforma de Empresas de Formación y de la Comisión de Formación de CEOE , acompañada por Javier Muñiz, Daniel Álvarez y Carlos Ponga y una decena de representantes de los centros explicaban el “incumplimiento” del calendario de pagos.

Según sus datos, “en 2015 un total de 77 centros de la Comunidad impartimos formación a 7.050 alumnos y contratamos para ello a más de más de 1800 trabajadores», mientras que «en 2016 se habían perdido 17 centros y se impartieron 70 cursos menos y se formó a mil alumnos menos, lo que llevó a perder cerca de 300 empleos”.

El incumplimiento supone que “70 empresas privadas de Cantabria están financiando a coste cero los cursos que la Administración imparte mientras los empresarios nos vemos empujados en algunos casos a medidas como hipotecar nuestros propios bienes para poder hacer frente a las deudas contraídas”.

LA RESPUESTA DE SOTA

En respuesta, el consejero de Economía, Hacienda y Empleo mostraba su “sorpresa” por estas declaraciones, reivindicando que el Gobierno de Cantabria trabaja para reducir el número de parados en la región y no para “justificar subvenciones” a centros de formación privados.

En un comunicado, Sota achacaba estas dificultades a modificaciones legislativas del Gobierno de España.

Juan José Sota, consejero de Economía

Juan José Sota, consejero de Economía

Y añadía que desde el Servicio Cántabro de Empleo (EMCAN) se ha tomado la decisión de “no programar cursos que no tengan demanda ya que el pilar de su labor es generar oportunidades para los desempleados y cubrir sus necesidades y, por eso, no se puede obligar a ningún desempleado a hacer cosas que no le aporten nada para encontrar un puesto de trabajo”.

Además, incidía en que, según legislación estatal, el 40 % de la subvención sólo podría cobrarse una vez finalizado cada curso, justificado y en un plazo de doce meses que la Administración tiene para revisar toda la documentación.

Sota ha insistido que “es falso” que estén en peligro fondos de la Unión Europea. Ya que, detallaba, no dependen del número de cursos sino de los objetivos que cumplan.

También negaba que el Servicio Cántabro de Empleo haya dejado de asesorar a los desempleados sobre los cursos a los que pueden acceder, sino que se ha cambiado el método y será desde Internet cuando esté disponible la nueva Web del SCE.

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