La Asamblea en Defensa de la Senda Costera ha solicitado una ampliación de plazo para tener tiempo a preparar alegaciones y propuestas al nuevo proyecto de la senda costera.

Tras el fiasco de las obras excesivas sin supervisar desde las instituciones y paralizadas por la presión vecinal de la primera versión, se ha presentado un nuevo proyecto que no incluye aportaciones externas para el que se acaba de abrir un período de alegaciones (20 días, marcado por ley).

Ruta por la senda costera para presentar ‘Expulsados’

El debate sobre la senda costera ha estado marcado en todo momento por la demanda vecinal de participación en el diseño de un paisaje que siempre han sentido muy suyo y que resultó agredido.

Dentro de esa demanda de participación, la Asamblea en Defensa de la Senda Costera quiere más plazo que el escueto marcado por Ley para presentar propuestas a un diseño de la senda que mantiene el trazado inicial., según consta en distintos escritos consultados por EL FARADIO.

El Defensor del Pueblo pidió sobre este proyecto que tuviera un período de información pública con la mayor visibilidad y participación posible y este colectivo hace hincapié en la “complejidad” técnica y “extensión” de los documentos presentados, que dificultan el proceso de participación.

El recorrido propuesto no se corresponde con el de la senda natural, desviado, según han denunciado en varias ocasiones, de un modo que permitía reubicar los terrenos haciendo hueco a un campo de golf contemplado en el proyecto del Parque Litoral Norte.

Así, la Asamblea pide a la Demarcación de Costas –dependiente del Ministerio de Medio Ambiente, responsable del proyecto de la senda—diez días más de plazo para estudiar el proyecto y presentar alegaciones.

También pide el apoyo del Gobierno de Cantabria, en concreto a la macroconsejería de Díaz Tezanos, la vicepresidenta.

A este departamento, de quien dependen las competencias en materia de medio ambiente, le preguntan si la Demarcación de Costas le ha trasladado documentación del proyecto para su estudio, si ellos han emitido un informe, y, en caso de ser así, que se lo facilitara a la Asamblea.

También quieren saber si el Gobierno ha comprobado que este nuevo proyecto tendrá vigilancia y control ambiental, así como seguimiento de los yacimientos arqueológicos.

Finalmente, al Ayuntamiento de Santander –responsable de la vigilancia del proyecto—le preguntan si ha comunicado a Costas en qué estado queda la zona y los proyectos tras la anulación del PGOU y también si el proyecto tendrá que someterse a impacto ambiental, y si va a haber mayor vigilancia del proyecto.