Este martes, 25 de abril, la Plataforma Cantabria por lo Público y Contra los Recortes ha convocado a las 19:30 horas de la tarde una concentración frente al Ayuntamiento de Santander en contra de la ratificación del CETA, tratado de libre comercio con Canadá en nuestro país.

Las organizaciones y partidos contrarios al CETA queman sus últimos cartuchos.

La plataforma ha convocado la cita con motivo de la celebración la semana pasada del día Internacional de la Lucha Campesina. Y es que el modelo agroindustrial que plantea el acuerdo, aprobado por el Parlamento Europeo el pasado 15 de abril, supone, según Cantabria por lo Público y Sin Recortes, “una gran agresión para el campo de nuestra región”.

“La agricultura y la ganadería de Cantabria están amenazadas ante la posible ratificación del CETA por España”, denuncian desde la plataforma, que considera que la libre circulación de mercancías y de inversiones “sin contar con la protección de nuestros agricultores y ganaderos” es un riesgo para el mercado autonómico.

La Plataforma se une así a las críticas de multitud de asociaciones y partidos políticos críticos, que sostienen que el modelo apoya el desarrollo de las grandes industrias agroalimentarias y fomenta un aumento de la desigualdad económica y social entre las personas.

“A las grandes empresas agroalimentarias a nivel mundial no les interesa si las familias ganaderas y agrícolas cántabras han tenido o no que abandonar sus vacas y sus terrenos, el modo cómo se han obtenido los productos o la seguridad alimentaria”, critican.

MOVIMIENTOS POLÍTICOS CONTRA EL CETA

El Tratado Económico y Comercial entre la Unión Europea y Canadá, (CETA por sus siglas en inglés), es también conocido como el ‘TTIP canadiense’. Menos conocido que el acuerdo con EEUU, que actualmente se encuentra temporalmente paralizado, el acuerdo es igualmente criticado.

Al igual que el TTIP, los partidos mayoritarios apoyan su implantación. De hecho, el Gobierno de Mariano Rajoy registró el pasado mes de marzo el proyecto de ley que ratificaría el acuerdo en España. Lo ha hecho después de que fuera aprobado por el Consejo de Ministros.

Desde las organizaciones solicitan que se someta a referéndum, aunque no parece posible que ese procedimiento vaya a activarse.

Los movimientos políticos que están llevándose a cabo desde el Congreso de los Diputados para frenar el CETA es la iniciativa presentada por Unidos Podemos –En Comú Podem– En Marea, solicitando al Tribunal Constitucional un examen que confirme que el tratado entre la UE y Canadá viola los derechos constitucionales de la ciudadanía, tal y como se ha hecho con anterioridad en Francia y Alemania.

Sus críticos aseguran que el CETA vulnera al menos cuatro artículos de nuestra Constitución, pues para su aplicación habría que modificar procesos legislativos sin haber sido estos aprobados con anterioridad por las Cortes.

Las concentraciones convocadas, como la de este martes por la Plataforma Cantabria por lo Público y Contra los Recortes, buscan presionar a los grupos parlamentarios, especialmente al PSOE, para que den las cuentas y el control previo de inconstitucionalidad del CETA salga adelante en el pleno del Congreso.

ANDARIVEL SE CONCENTRA FRENTE AL AYUNTAMIENTO

Por otra parte, el colectivo Andarivel se concentraba este lunes frente a la sede del ICASS (el Instituto Cántabro de Servicios Sociales), recordando que la Ley de Servicios Sociales habla de una Renta Social Básica como una «prestación económica de carácter periódico destinada a hacer efectivo el derecho a la protección social en situación de carencia de recursos económicos, posibilitando a las personas en situación o riesgo de exclusión social la cobertura de sus necesidades básicas…”.

Concentración de Andarivel

Y señalan que la cifra es de 426,01, aseverando que «las cuentas no nos salen», por lo que denuncian que «la Renta Social Básica son las migajas que el sistema destina a las personas que después de pasar por un sinfín de pruebas demuestran que son realmente pobres, y asignando una cuantía miserable a la cobertura de sus necesidades básicas. Pretenden lavarse la conciencia y justificar todo el aparataje de los Servicios sociales, abocándolas a vivir por debajo del umbral de la pobreza y con la espada de Damocles sobre sus cabezas no vaya a ser que les falte un papel en la próxima revisión…»

Este colectivo quiere saber cuántas personas han solicitado la Renta Social Básica, cuántas se han denegado, cuánto tarda el proceso y que medidas se toman en relación con el papel de los ayuntamientos.

«Creemos que los datos tienen que ser públicos, y tienen que ser expuestos de manera periódica a la opinión pública, no sacarlos cuando le interesa al político de turno ponerse una medalla o realizar una maniobra de distracción», afirman.

Ellos reclaman que la cuantía sea mayor que el umbral de la pobreza (894 euros en 2016). que la valoración para ser perceptor sea individual («es absurdo pensar que 5 miembros puedan vivir con 665,64€ cuando en el mismo calculo la Consejería dice que un perceptor puede vivir con 426,01€»), y que cuando «un pensionista o una precaria o cualquier persona que conviva con el perceptor y que tenga unos ingresos ínfimos, no se conviertan en un obstáculo para que el solicitante reciba cualquier prestación por considerar la Consejería, el Ayuntamiento o el Estado que con estos ingresos son suficientes para vivir».

También piden que «el dinero destinado a la Renta social básica sea para la gente que lo necesita: no se puede hablar de que se ha ampliado el presupuesto y luego destinar el mismo a la contratación de personal».

«Y podríamos seguir hasta lo que Andarivel reclama como un derecho fundamental de todas las personas: una Renta Básica Universal, individual, incondicional y suficiente que sirva para garantizar el derecho a una vida digna: la Renta básica de las personas iguales y mucho más». añaden.