Los contratos de los dos últimos directores generales de la Fundación Comillas han ido en contra de la legislación autonómica en factores como las indemnizaciones, el uso particular de los vehículos de empresa o incluso sus propios nombramientos.

Son advertencias que van haciendo los sucesivos informes de Intervención General (el departamento del Gobierno de Cantabria que fiscaliza que las actuaciones de la Administración se hagan de forma correcta), consultados por EL FARADIO. Estos informes comienzan a hacerse a partir de 2013.

Universidad Pontificia de Comillas

EL USO PARTICULAR DEL COCHE

Uno de los incumplimientos se refiere al uso del coche de la anterior directora general, Tatiana Álvarez, nombrada por el PP, con el que se incumplieron normas aprobadas por ese mismo Ejecutivo autonómico.

Porque desde febrero de 2012 en Cantabria existe una Ley que fija límites salariales a los altos cargos del Gobierno de Cantabria, tanto en las consejerías como en las empresas públicas.

Es la Ley de medidas fiscales y administrativas del Plan de Sostenibilidad, el primer gran paquete de recortes del Ejecutivo del PP, aprobada en febrero de 2012.

Pues bien, ese vehículo en cuestión, en modalidad de renting, se destinaba a usos profesionales, a los que se sumaba el pago de la gasolina para los desplazamientos.

El problema es que los usos profesionales se compatibilizaban con los personales y el pago de la gasolina afectaba a ambos, lo cual, tal y como establece la legislación estatal sobre el IRPF supone un pago en especie.

Intervención señala que, en consecuencia, eso supone una remuneración a efectos fiscales que implicaba la obligación fiscal por parte de la Fundación de consignar un pago. Es decir, es que se trata de un rendimiento que no se ha declarado.

Pero además, al ser una retribución, variaba la remuneración que percibía la directora general y eso supone el incumplimiento de la ley autonómica en esa materia.

Además, de la información aportada por la Fundación se deduce que no era posible distinguir el combustible de los usos particulares del de los usos profesionales, y que sí que había una disponibilidad total del vehículo, que se encontraba en la residencia particular de la directora, lo que para la Agencia Tributaria significa que, efectivamente, es un rendimiento en especie.

LA INDEMNIZACIÓN “DESPROPORCIONADA”

Entre las condiciones de ese cargo (y de las que se beneficiaron tanto ella como su predecesor), está la indemnización por cese, en virtud de la cuales podía recibir hasta 24 mensualidades del total de lo que le quedara por percibir de los cuatro años por los que estaban contratados.

Es una cláusula que se considera “desproporcionada”, ya que lo habitual para los puestos directivos en el sector público es de siete días de salario por año de servicio hasta un máximo de seis meses.

En este sentido, Intervención llama la atención también sobre que la legislación cántabra no permite -desde diciembre de 2014- cláusulas indemnizatorias en el sector público, de modo que si un contrato las incluye, no son válidas.

Los gastos por indemnización de personal ascendieron, según los presupuestos de 2013 –que no precisan si es a una sola persona o varias- a 85.000 euros. Es decir, no son datos que se refieran sólo al despido e indemnización de la directora general, pues hubo varios despidos.

NOMBRAMIENTO SIN INFORME ECONÓMICO

En la actualidad ya no existe personal con contratos de alta dirección con esas condiciones.

Pero el cumplimiento de las normas no mejoró: cuando se marchó esa directora general, se nombró como su sucesor al que era director financiero (Manuel Preciado) y en lugar de firmar un nuevo contrato se le asignó un complemento salarial para equiparar las condiciones.

Lo que no se hizo es cumplir con el precepto legal de contar con el informe de la Secretaría General de la Consejería de Economía y Hacienda sobre esto.

Ese informe y una memoria económica son necesarios para poder hacer las contrataciones de modo que si no cuentan con ellos, avisa Intervención, son “nulos de pleno derecho”.

Es un aviso que lanzó Intervención en su segundo informe sobre Comillas, el de 2014, y que ha ido reiterando en distintos informes y escritos, el último de ellos en diciembre de 2016, sin que conste que se haya regularizado esa situación.