El Comité Nacional de Derechos y Garantías ha acordado desestimar las impugnaciones presentadas desde Cantabria, Sevilla y el congreso local de La Coruña.

María José Sáenz de Buruaga e Ignacio Diego.

Así lo ha confirmado en un comunicado de prensa en el que ha destacado que, además, en el caso de Cantabria, las impugnaciones presentadas se han realizado fuera del plazo de 48 horas que establece el Reglamento Marco de Congresos.

Así, el Comité Nacional de Derechos y Garantías del PP ha acordado remitir a los comités de garantías autonómicos respectivos la denuncia sobre supuestas irregularidades presentadas por los afines a Ignacio Diego en Cantabria tras el congreso regional.

Tras este movimiento, la dirección del Partido Popular en Cantabria ha manifestado que el Comité de Derecho y Garantías Nacional ha ratificado que los críticos “no han agotado en tiempo y forma ninguna de las vías internas previstas en los Estatutos del Partido Popular” para impugnar los resultados.

De hecho, insisten en que todo “obedece a una estrategia perfectamente definida antes incluso del 12 Congreso Regional orquestada por quienes se niegan a aceptar el resultado tras haberlo perdido”, y cuyo “único objetivo es pervertir el resultado del Congreso y destruir al Partido Popular”.

Desde la nueva dirección del partido, presidido por María José Sáenz de Buruaga, cree que no hay ningún motivo para cuestionar el resultado del 12 Congreso Regional, en el que Buruaga se impuso a Diego por los votos de cuatro compromisarios.

En el proceso congresual de primarias los afiliados que se decantaron por Diego fueron 1.568, mientras Buruaga consiguió 1.414; pero la votación de los compromisarios volcó el resultado, lo que llevó a afirmar a los críticos que se trata de una victoria «ilegítima».

ACUSACIONES DESDE LOS CRÍTICOS

Desde los críticos de la actual dirección denunciaron a EL FARADIO que se habrían podido cometer delitos de “blanqueo de capitales” o “financiación irregular de partidos”, en referencia al supuesto pago masivo de actualización de cuotas de 491 militantes de toda Cantabria por un importe cercano a los 9.000 euros, por parte de un ciudadano de Laredo de quien aseguran que cobra una prestación por incapacidad.

Un hecho que fue archivado por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 2 de Laredo y posteriormente recurrido por el denunciante.

A raíz de entonces, alcaldes y portavoces municipales del Partido Popular en 70 de los 102 ayuntamientos de Cantabria, así como diputados autonómicos y parlamentarios nacionales, respaldados por hasta 1.000 militantes, solicitaron a la dirección nacional de la formación la suspensión cautelar de la nueva dirección regional.

Algunos de ellos llegaron a viajar a Madrid para entregar estas peticiones, donde la dirección de Génova no les recibió. La propia Buruaga ha sido arropada por la dirección del partido, con el apoyo del ministro de Fomento y ex alcalde de Santander, Iñigo de la Serna.

El equipo de Sáenz de Buruaga insiste en que “mantiene la mano tendida” y en que apuestan por “pasar página y mirar al futuro frente a quienes han optado por la estrategia de judicializar la situación interna del Partido Popular”