Este martes el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, ha comunicado al ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, “la máxima colaboración institucional del Gobierno de Cantabria” con el nuevo jefe superior de la Policía Nacional de Cantabria, Hector Moreno García, de quien ha confiado que su mandato sea “ejemplar”.

Hector Moreno García.

Moreno García fue condenado por torturas y detención ilegal en 1994 por la Audiencia Provincial de Madrid, pena que fue conmutada por el Gobierno de José María Aznar en 1998 junto a la de los otros cuatro policías que fueron condenados en el mismo caso.

El diario Público fue el encargado de revelar la sentencia de la Audiencia Nacional que condenó los hechos ocurridos la noche del 29 de abril de 1982, cuando siete agentes de policía arrestaron en el barrio madrileño de Malasaña a siete peatones, según la sentencia, sin que hubiera “causa alguna”.

El actual jefe de la Policía Nacional fue condenado junto a otros cuatro policías a 48 años de inhabilitación especial y a cinco meses y medio de arresto por torturas y de detención ilegal. A una de las víctimas el actual jefe de la Policía en la región llegó a restregar su cabeza por la basura.

Revilla ha aceptado las explicaciones ofrecidas por el ministro Zoido, que ha justificado esa actuación en que se estaba trabajando en la localización y detención del autor de un atraco a un miembro de la Policía Nacional, a quien le fue sustraída su arma reglamentaria, con la que intentó dispararle en la cabeza.

Según Zoido, y a pesar de que la sentencia de la Audiencia Nacional constataba que no hubo “causa alguna” para la detención, en el dispositivo un grupo de personas rodeó un coche policial “agrediendo a los agentes que estaban en el interior, motivo por el cual pidieron ayuda a otros compañeros, que se personaron en el lugar, produciéndose varias detenciones, entre ellas la de una persona que denunció a los policías”.

SEGÚN INTERIOR, “LA PROPIA AUDIENCIA PROPONÍA EL INDULTO”

El ministro le ha remitido una extensa carta a Miguel Ángel Revilla, donde ha explicado la versión de los agentes de los hechos.

Según Zoido “el caso fue archivado, pero se reabrió en 1994 a instancias de uno de los detenidos”, y la Audiencia Provincial condenó al grupo al que pertenecía el comisario Moreno, “aunque la propia Audiencia proponía el indulto, que fue avalado por el Tribunal Supremo”, y que fue conmutada en 1998 por el Gobierno de José María Aznar.

Zoido defiendo que durante estos 19 años Moreno ha continuado con su carrera profesional “ocupando diferentes puestos de relevancia de manera brillante, sin que aquella circunstancia haya supuesto nunca un inconveniente, puesto que su responsabilidad ya quedó dirimida”.

Asimismo, destaca que tanto la Constitución como el sistema judicial español determinan que cualquier persona en la situación de Moreno “tiene pleno derecho a ejercer su profesión con la dignidad y respeto que merece, por lo que no puede tener vetada la posibilidad de proseguir con plenitud con su vida y su carrera profesional”.