El Comité Ejecutivo del PP cántabro, esto es, la dirección del partido, acordó la pasada noche dos decisiones que serán polémicas y que, dado el enconamiento de las facciones en su seno, no acabarán ahí:

-Por un lado, se proclama a María José Sáenz de Buraga, presidenta del PP tras un convulso proceso precongresual, como portavoz del Grupo Parlamentario, en contra del criterio de la mayoría de sus miembros, por lo que en estos momentos resulta difícil que este acuerdo se materialice.

-Y por otro, se ha acordado abrir expedientes informativos a los afiliados que “dañan la imagen” de la formación, entre ellos el exdiputado Carlos Bedia, el movimiento ‘Lealtad Popular’ y no se descarta abrírselo a los diputados que no acepten a Buruaga como portavoz (en estos momentos, la mayoría del grupo).

Todo dentro del conflicto abierto tras la sucesión, no pacífica, de Ignacio Diego, relevado por su exsecretaria general y vicepresidenta, en un proceso en el que algunos han señalado como inductor al ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, y en el que se han trasladado a la dirección nacional (que las ha derivado a la cántabra) y a los tribunales irregularidades como el pago masivo de cuotas de afiliados (necesarias para poder votar) en nombre de una persona con discapacidad en Laredo.

Comité ejecutivo del PP

EL PP IMPONE AL GRUPO EL NOMBRAMIENTO DE BURUAGA COMO PORTAVOZ

Lo de la portavocía dará bastante de sí: en estos momentos el portavoz es Eduardo van den Eynde, estrecho colaborador del expresidente Ignacio Diego y muy activo en la crítica a Saénz de Buruaga.

En teoría, según las normas parlamentarias, la decisión sobre quién es el portavoz le corresponde al Grupo Parlamentario.

De hecho, la propia Sáenz de Buruaga se quejaba en el Comité de la situación de bloqueo para asumir la portavocía, ya que son mayoría los diputados dieguistas y la convivencia diaria está resultando muy tensa.

Ignacio Diego, expresidente cántabro, junto al portavoz parlamentario, Eduardo van den Eynde

En este sentido, El Comité Ejecutivo del Partido Popular ha acordado que la presidenta de los populares, María José Sáenz de Buruaga, asuma la portavocía del grupo parlamentario para “avanzar en la nueva estrategia política acordada por la dirección», según informa el partido..

Esta decisión, aprobada por 43 votos a favor, tres en contra y una abstención, supone sobre el papel– el relevo como portavoz del diputado Eduardo Van den Eynde «y se produce en aplicación de los Estatutos del Partido Popular, que establecen que corresponde al Comité Ejecutivo definir la estrategia general y sus pronunciamientos políticos y programáticos, establecer las líneas maestras de la acción política de los grupos institucionales y nombrar y cesar a los portavoces».

Tal y como recuerda el partido, “el grupo parlamentario es uno de los pilares fundamentales de la estrategia política del Partido Popular que corresponde definir a los órganos de dirección del partido y no al revés”, tal y como ha explicado la secretaria general, María José González Revuelta, quien ha subrayado que “un grupo de diputados no puede bloquear la acción política acordado por los órganos de dirección y mucho menos decidirla”.

El PP advierte de que “este acuerdo es vinculante y de obligado cumplimiento para todos los diputados en el Parlamento de Cantabria elegidos en las lista electoral del Partido Popular, ya que prevalece sobre el reglamento del grupo, que establece que las decisiones deben adoptarse por mayoría”.

Por tanto, se abre la posibilidad de que el partido acaba expedientando a aquellos diputados que no acaten las directrices de la dirección, ya que la designación del portavoz depende de los diputados y no del partio.

EXPEDIENTES A QUIENES DAÑEN EN PÚBLICO LA IMAGEN DEL PARTIDO

Por otra parte, el Comité Ejecutivo del Partido Popular también ha acordado instar al presidente del Comité de Derechos y Garantías regional a abrir un expediente informativo sobre las actuaciones de determinados afiliados que dañan la imagen del partido.

Diego, De la Serna y Sáenz de Buruaga durante el Congreso

Se trataría de afiliados como el exdiputado autonómico Carlos Bedia, o el movimiento ‘Lealtad Popular’, que aglutina a los críticos con la dirección y que se manifiesta en intervenciones en medios o en su propio perfil en Facebook.

El partido matiza que “este acuerdo no supone en ningún caso la apertura inmediata de expedientes disciplinarios, sino que se da traslado al Comité de Garantías para que determine si esas actuaciones tienen una repercusión pública negativa para el nombre y la imagen del Partido Popular de Cantabria, dirigentes y afiliados”.

Detallan que “los Estatutos del Partido tipifican como infracción muy grave toda manifestación o declaración hecha con publicidad que incite al incumplimiento o descalificación de las decisiones o directrices válidas y democráticamente adoptadas por los órganos de gobierno y representación del partido”.

Y también que los estatutos “recogen como infracción grave propagar por cualquier medio noticias que desprestigien al partido y descalifiquen a cualquiera de sus órganos de gobierno o representación, además de cualquier manifestación pública oral o escrita que suponga descrédito, menosprecio o descalificación de cualquier afiliado”.

Así que defienden que “el expediente informativo no se va a abrir, por lo tanto, por verter opiniones, un derecho que el Comité Ejecutivo respeta al máximo, y tampoco por ejercer el derecho a recurrir en los tribunales”, donde ya está denunciado el proceso congresual del PP.