||por Manuel Corbera Millán, activista de LIBRES y Pasaje Seguro||

Hace ahora prácticamente un año que se hicieron públicos los datos del Ministerio del Interior sobre las sanciones impuestas en base a la Ley de Seguridad Ciudadana (ley mordaza), que había entrado en vigor el 1 de julio de 2015. La información proporcionada, que recogían el periodo correspondiente al segundo semestre de 2015, produjo en LIBRES (La Asamblea Cántabra por las Libertades y contra la Represión, a la que pertenece el autor de estas líneas) gran sorpresa y preocupación, debido al desproporcionado número de sanciones impuestas en Cantabria, 552 por cada 100.000 habitantes (unos 3.300 expedientes).

Esta cifra estaba muy alejada de la comunidad que ocupaba el segundo lugar (Castilla-León, 213) y muchísimo más de comunidades a las que cabría suponer una incidencia mucho mayor, como Madrid cuyo número de sanciones era de 9 por cada 100.000 habitantes.

LIBRES trasladó a varios grupos del Parlamento Autonómico la información, que consideraba sumamente grave, y Podemos trasladó a la cámara la necesidad de que el Delegado del Gobierno, Samuel Ruiz, diese las explicaciones pertinentes. A pesar de que consiguiese el apoyo mayoritario, el Delegado del Gobierno desoyó la petición del Parlamento de acudir a explicarse. Más tarde recibió a los diputados de Podemos y a un miembro de LIBRES en su despacho y les proporcionó unos datos que para nada coincidían con los publicados por Interior y que, sin embargo, se aproximaban más a los que ahora publica el Ministerio.

Que aquellos datos eran producto de algún error era más que verosímil y así lo presuponía LIBRES, pero el Delegado del Gobierno debía haberlo aclarado entonces públicamente y ofrecido a la ciudadanía cántabra los datos reales.

Pero dejemos ahora aquellos datos erróneos, tan exagerados que despertaban todas las sospechas, y centrémonos en la información que ahora proporciona el Ministerio del Interior para el periodo comprendido entre el 1 de julio de 2015 y el 31 de diciembre de 2016. Porque, sin tanta estridencia como entonces, el análisis revela que Cantabria ocupa un lugar destacado en la aplicación de la ley mordaza.

Cuantía de las sanciones por habitante

ANÁLISIS DE LOS DATOS

El dato más alarmante es que los 719 expedientes de sanción correspondientes a un semestre de 2015 se han convertido en 7.118 para el años 2016; es decir, no se han multiplicado por dos como cabría esperar por referirse a 12 meses y no a 6 como en 2015 (esa es la proporción en que lo han hecho en el conjunto del Estado: 2,25 veces), sino por diez.

Manifestación

Si consideramos todo el período, es decir entre el 1 de julio de 2015 y el 31 de diciembre de 2016, Cantabria ocupa el segundo lugar en la cuantía de las sanciones por habitante (7,18 €), por detrás tan sólo de Melilla (15,5 €). Este poco honorable segundo puesto ha sido alcanzado en buena medida debido a las sanciones impuestas por “consumo y tenencia de drogas (no destinadas a tráfico) en lugares públicos”, que suponen el 72,9% de los expedientes y el 79,2% de la cuantía total de las multas.

Casi 10 sanciones al día de promedio. ¿Cómo explicar que una comunidad como Cantabria alcance tal nivel de sanciones en este capítulo? ¿Acaso se fuman aquí más canutos en público que en Madrid?. La única explicación plausible que parecen sugerir los datos es la de un exceso de celo de la policía de Cantabria, más comprometida que en otros lugares con el afán recaudatorio del gobierno.

También resulta preocupante el número de sanciones por “portar, exhibir o usar armas prohibidas”. 820 sanciones, un 11,5% del total y un 10,6% de la cuantía total de las multas; cifras con las que de nuevo Cantabria ocupa -si consideramos la cuantía por habitante- el segundo lugar entre las Comunidades Autónomas del Estado.

¿Cómo explicar esto en una comunidad en la que la percepción de seguridad y de ausencia de violencia por parte de la población es más bien bastante alta?

El resto de sanciones corresponden al bloque que el Ministerio del Interior denomina “Seguridad Ciudadana” y que se ajusta más a las infracciones más limitantes de la libertad de expresión y manifestación. Suponen 1.107 sanciones (15,6% del total), es decir un promedio de dos al día. Cantabria ocupa en este caso el séptimo lugar en cuantía por habitante, detrás de Ceuta, Melilla, Aragón, Andalucía, La Rioja y Canarias, pero bastante por delante de Madrid.

Casi el 70% de las sanciones de este bloque de “Seguridad Ciudadana” corresponde a motivos de “desobediencia o resistencia a la autoridad, negativa a identificarse y falta de respeto y consideración”, como viene sucediendo también en otras partes del Estado. Un 17% se refieren al artículo 36,3 que sanciona “desórdenes u obstaculización de espacios y vías públicas”, un capítulo que se ha multiplicado por diez en 2016 a pesar de que el número de movilizaciones sociales haya descendido considerablemente durante este año.

El resto de sanciones, mucho más dispersas, sólo suponen poco más del 13% de las de este bloque y menos del 2,5% del total.

SITUACIÓN ALARMANTE

Es decir, la situación en Cantabria puede ser considerada como particularmente alarmante. Las fuertes diferencias en la aplicación de la ley entre Comunidades Autónomas son el resultado de una formulación demasiado ambigua en su articulado, cuya interpretación ha sido dejada al arbitrio de la propia policía convertida en juez y parte y cuyo testimonio goza del beneficio de presunción de veracidad. Demostrar su falsedad resulta poco menos que imposible. Las diferencias entre comunidades no pueden, por tanto, ser achacadas propiamente a desigualdades en el cumplimiento de una ley destinada a recortar los derechos y libertades, sino más bien a un peculiar exceso de celo de la policía de nuestra región.

Hector Moreno García, nuevo jefe de Policía de Cantabria.

Los datos desnudos que ofrece la estadística del Ministerio de Interior bien lo ponen de manifiesto, aunque no permiten valorar en toda su dimensión las situaciones de violencia que pueden haber existido detrás de cada expediente de sanción.

Por eso los y las ciudadanas afectadas deberían contar sus casos, hacer públicas su experiencia. LIBRES les anima a hacerlo; le gustaría recopilar y denunciar públicamente los casos.

Sin duda ello serviría para detener los posibles abusos futuros, sobre todo teniendo en cuenta que los y las sancionadas por primera vez han quedado con antecedentes y su reincidencia supondría la elevación de la cuantía de las multas hasta niveles para muchas impagables. Para quienes os decidáis a contar vuestro caso nuestro correo es: correo@libres.com.es

La ciudadanía de Cantabria no puede sentirse tranquila. Lejos de ver reforzada su seguridad, siente el avance de los recortes de derechos y libertades, el empoderamiento absoluto de la policía a quien se ha otorgado total discrecionalidad e impunidad de sus actuaciones. Todo eso, que forma parte en sí de la propia ley mordaza, parece aplicarse aquí de manera especial.

El futuro inmediato resulta preocupante. La retirada de la ley de Seguridad Ciudadana no parece próxima; las reformas que se propusieron, además de ser muy limitadas, no se van a resolver pronto.

Por otra parte, el reciente nombramiento del comisario Hector Moreno -condenado por torturas e indultado por el gobierno del PP- como jefe de policía de nuestra comunidad, no contribuye precisamente a disipar nuestros temores. (Libres ha impulsado una pedida de firmas en Change.org contra este nombramiento)