El Ayuntamiento de Santander ha librado a la constructora Arruti del pago de una multa por el retraso en las obras en las calles Acebedos y Monte debido al “desconocimiento” de las canalizaciones subterráneas de abastecimiento y saneamiento en esa calle.

Gema Igual en el comienzo de las obras en Los Acebedos

Las obras –en las que se produjo un corrimiento de tierras y el derrumbe de un muro– debían haber terminado este mes de julio, pero se retrasarán hasta agosto, según documentación municipal a la que ha tenido acceso EL FARADIO.

La legislación establece que cuando los retrasos en los plazos son culpa de la empresa adjudicataria, deberán pagar una sanción económica por lo que no deja de ser un incumplimiento de contrato.

En cambio, si la causa del retraso no es imputable al contratista, entonces queda liberado de esa responsabilidad y del pago de la multa.

En este caso, se relata la incidencia por el “desconocimiento” de las canalizaciones subterráneas de las redes de abastecimiento y saneamiento, y en la necesidad de localizar manualmente estas canalizaciones y su sustitución, así como sus conexiones con las redes generales.

Esto se hace a propuesta de la empresa que realiza la gestión del abastecimiento de agua y el saneamiento, y se achaca a que estos servicios “no fueron debidamente señalados por las compañías suministradoras”.

Las obras fueron adjudicadas por un importe de 769.560 euros, cuando salieron a licitación por 1,5 millones de euros (técnicamente no fue una baja temeraria, porque para considerarlo así se calcula en relación a las ofertas de las demás, y la inercia que se ha creado es que al saberse que se adjudica al que más baje, todas bajan mucho).

PRÁCTICA RECURRENTE

A tenor de lo que refleja la documentación municipal, la práctica totalidad de las veces que se produce un retraso en obras municipales es culpa del Ayuntamiento o de factores externos, pero nunca de las propias empresas.

Liberarlas de la responsabilidad y, por tanto, de la multa por el retraso, es práctica habitual en la relación entre el Ayuntamiento de Santander y las adjudicatarias de las empresas.

Es lo que sucedió, por dos veces, con los cráteres de Tetuán, obra de COPSESA (la constructora del vial de Amparo): primero apareció una instalación eléctrica de la que no se tenía constancia y luego se recogieron nuevas peticiones vecinales sobre el proyecto, adjudicado por baja temeraria en 321.000 euros. El caso es que meses después se produjo un coste extra (técnicamente no fue un sobrecoste, ya que eso implica modificación del mismo proyecto), al encomendarse a la empresa unos trabajos complementarios por valor de 30.000 euros.

También a TEGINSER, responsable de las obras en el Parque de La Remonta (cuestionadas por su poca naturalización y adjudicadas, también por baja temeraria, a una empresa sucesora de los anteriores propietarios del Racing), se le liberó de responsabilidad por los retrasos en las obras del entorno del Centro Cultural Doctor Madrazo apelando a las complicaciones que supuso la lluvia en el que fue uno de los otoños más secos de los últimos años, tal y como confirmaba la Agencia Estatal de Meteorología.

Estos errores que libran de responsabilidad y benefician a empresas no se producen sólo en contratos de obras, también se han producido casos en adjudicaciones de servicios municipales, como el del mantenimiento de los viales de Santander, que COPSESA ha retenido, sin necesidad de concurso –por segunda vez-, debido a que se produjo un “error” en los pliegos que impidió cumplir los plazos de adjudicación.