El acuerdo con Carmena para la operación Chamartín, excepción que confirma la regla de la falta de diálogo del ministro.

Colectivos protagonistas de algunos de los principales conflictos en España durante el primer año de gestión del Ministerio de Fomento por parte del santanderino Iñigo de la Serna han afeado su falta de diálogo o incluso su «violencia institucional».

Así lo han hecho portavoces del sector de la estiba o de la Plataforma por el Soterramiento del AVE en su llegada a Murcia, en una edición especial de EL FARADIO DE LA MAÑANA con motivo del aniversario, este próximo sábado, del nombramiento del exalcalde de Santander como ministro del Gobierno de Mariano Rajoy.

Un ascenso político que vino precedido de muchos años de persecución del objetivo por parte de De la Serna, que siempre buscó esa proyección como alcalde de la capital cántabra, y que le llegó a las pocas fechas de su mayor fracaso político: la anulación del Plan General de Ordenación Urbana cuyas consecuencias han quedado para la gestión de su herencia recibida en Santander.

La capital de Cantabria, donde De la Serna empezó a ensayar las mismas actitudes políticas que ahora le reprochan en otros lugares de España, con el caso emblemático del vial de Amparo Pérez como punto de inflexión que derivó en lo que el propio político denominó «plataformitis», una inflamación de plataformas en la ciudad.

EL RESCATE DE LAS AUTOPISTAS Y OTRAS POLÉMICAS

De la Serna ha tenido que afrontar varias crisis en su primer año de gestión. Su primer reto ha sido asumir otra herencia del Partido Popular: el rescate de las autopistas de la Comunidad de Madrid, de la etapa del ministro Álvarez Cascos (Gobierno de Aznar) y de Esperanza Aguirre con su consejero Francisco Granados (trama Púnica), en el Ejecutivo autonómico.

Esperanza Aguirre, José María Aznar, Álvarez Cascos y Alberto Ruiz Gallardón, en una inauguración de autopista que ha tenido que ser rescatada por De la Serna

Entre 2.500 y 3.700 millones de euros costará a las arcas públicas el rescate de nueve autopistas, entre ellas las radiales de peaje, en una operación que pasará a continuación por una nueva licitación para una nueva privatización que volverá a adjudicarse en base a previsiones de tráfico para los próximos 25 años.

Más problemas. Como anteriores ministros de la misma cartera ha tenido dificultades para anticipar los riesgos meteorológicos. Recordemos a Magdalena Álvarez (PSOE), a quien el PP pidió su dimisión por no anticipar una nevada que colapsó el Aeropuerto de Barajas; a De la Serna se le quedaron atrapados 2.000 conductores en la Comunidad Valenciana. Tuvo que pedir disculpas.

El pasado verano, la falta de diálogo llevó a una crisis de tráfico áereo, por la huelga de los trabajadores de Eulen en el Aeropuerto del Prat de Barcelona, que llevó al despliegue de la Guardia Civil en el control de seguridad. Fue en la previa de los atentados de Cataluña y del desenlace del desafío independentista.

La única excepción a la norma de la falta de diálogo ha servido para llegar a un acuerdo con el Ayuntamiento de Madrid (sí, con Carmena) y Francisco González (BBVA) para cerrar la macro operación urbanística de Chamartín ‘Madrid, nuevo norte’. 

EL DECRETO DE LA ESTIBA, A MEDIDA DE JP MORGAN

El principal tropiezo de De la Serna tal vez fuera un gran error de cálculo, el conflicto con los estibadores, personal trascendental en la descarga en los puertos españoles.

De repente, al ministro de Fomento le entró una prisa tremenda por cumplir con una directiva europea sobre el sector en la que se llevaba años sin avanzarse nada. So pretexto de evitar una multa (que se había calculado en 25 millones por el propio Gobierno) lanzó el primer decreto de un Gobierno (en minoría) rechazado por el Congreso en el periodo democrático.

Percutió De la Serna sin diálogo y sin atender a los costes de una huelga que se elevaron a 146 millones (frente a una multa que finalmente se quedó en 3 millones de euros).

Pero desde los sindicatos de estibadores, que no se olvidan de la campaña de desprestigio abonada por el ministro en los medios de opinión pública, siempre manejaron otra hipótesis sobre las prisas del Gobierno de España en adaptarse a la regulación europea (que estaba pendiente desde 2014) sobre la liberalización del sector: el negocio de las multinacionales.

Como ha recordado en EL FARADIO José Loreto, portavoz del sindicato SCAT mayoritario en el Puerto de Santander, a los pocos días de la aprobación del decreto De la Serna viajó con Rajoy a China para sellar la venta de activos de una de las grandes financieras globales, JP Morgan. «Salió volando con su jefe, Mariano Rajoy, para China para la venta de los terminales de contenedores a la naviera Cosco china».

EL MURO DE MURCIA Y LA «VIOLENCIA INSTITUCIONAL»

Murcia sigue manifestándose por el soterramiento del AVE a pesar de la represión, de la que hacen responsable al propio De la Serna || Foto: El Salto

No sabemos cuándo llegará el AVE a Cantabria pero hay otras regiones de España donde es inminente. En otras partes tienen otros problemas.

Es el caso de Murcia, donde la integración del tren de alta velocidad, que está previsto llegue en 2019, pasa por la división de los barrios de El Carmen y Santiago Mayor con el levantamiento de un muro contra el que ha habido una revuelta popular que sólo el monotema del conflicto Cataluña-España ha podido invisibilizar.

Allí, había un convenio entre administraciones del año 2006, por el cual se procedería al soterramiento de una vía a nivel de mucho riesgo, en la que ha habido históricamente numerosos accidentes.

Los vecinos llevaban años manifestándose todos los martes, pero la construcción del muro, en lugar del soterramiento que piden, y la respuesta autoritaria del Gobierno a los manifestantes, ha generado un movimiento superior, con movilizaciones de hasta 50.000 vecinos en Murcia que han llevado también sus protestas a Madrid. 

«Iñigo de la Serna ha tenido en su mano resolverlo y sin embargo no lo está haciendo. La situación es de una violencia institucional que ignora las reclamaciones pacíficas«, ha denunciado Joaquín Contreras en una entrevista concedida a EL FARADIO.

Los movimientos vecinales lamentan que «por otra parte, una serie de organizaciones empresariales -alineadas con el ministro- que defienden la llegada del AVE como sea, como si Murcia fuera a resurgir y cuando tenemos otros problemas que no se resuelven con el AVE ni muchísimo menos».

Los vecinos de Murcia también responsabilizan al actual ministro de Justicia, Rafael Catalá, que fue responsable de ADIF en la etapa anterior.

Al respecto, y a modo de balance, EL FARADIO también ha documentado algunos tics adjudicadores de la misma empresa pública en la nueva etapa gestionada por Iñigo de la Serna.

EN CANTABRIA MÁS ANUNCIOS QUE OBRAS

Cantabria había llegado a un consenso institucional para demandar al Estado un tren de altas prestaciones low cost, por un precio inferior a los 400 millones de euros, compatible con una reducción de tiempos para una conexión de tren con Madrid suficientemente competitiva (menos de tres horas).

Sin embargo la llegada de De la Serna al Ministerio de Fomento ha supuesto varios cambios sobre aquel consenso del Parlamento de Cantabria, al menos en forma de anuncios. Primero extendió la Alta Velocidad hasta Aguilar de Campoo y lo último es la idea de que llegue hasta Reinosa (a lo que se había opuesto, porque le parecía poco, cuando era alcalde de Santander).

Sin avances en licitaciones, básicamente apoyado en titulares de prensa, la última cifra que se maneja para el proyecto superaría los 1.500 millones de euros. Por eso, todavía en periodo de escasez presupuestaria, que el AVE a Cantabria haya pasado de un proyecto asequible a otro de perfil más ambicioso hace temer que sea cada vez más difícil de realizar.

De hecho, para Cantabria, el primer presupuesto de la era De la Serna en el Gobierno de España fue malo para la comunidad autónoma, con un descenso del 2,6% fundamentado en el descenso de las partidas en el área de Fomento.

Y de cara a 2018 las previsiones no son nada halagüeñas. Bien por la prórroga presupuestaria, bien por un nuevo acuerdo con el PNV, Cantabria no saldrá nunca bien parada.

Lo único tangible, a la fecha, de inversiones del Estado en infraestructuras en Cantabria, es la licitación del enlace entre Barreda y Sierrapando, para evitar atascos en la confluencia de la A-67 y la A-8.  Y no será una obra rápida, porque el plazo para la construcción es de más de 40 meses (y todavía necesita que tenga presupuesto y pasar el trámite de la adjudicación).

También quedan lejos de concretarse las noticias sobre la integración ferroviaria en Santander o el soterramiento en Torrelavega, donde además el ministro ha contado con una actitud muy favorable tanto del Consistorio como del Gobierno, que han aceptado financiar la mitad de la actuación – algo que es impensable que hubiera aceptado De la Serna cuando era alcalde de la capital.