Con el ritual anual de Consejo de Gobierno extraordinario y registro en el Parlamento de las cuentas públicas para el año que viene, el Gobierno de Cantabria vuelve a la época en que, invariablemente, cada año, los presupuestos que se aprobaban eran “los mayores de la historia”.

El Ejecutivo PSOE-PRC trata de vender una recuperación de la normalidad institucional y financiera de la época de los recortes, con un presupuesto que sube por segundo año consecutivo –si bien los anteriores sufrieron luego recortes por el incumplimiento del objetivo de déficit, que ahora se descarta– y que recupera la retórica pre-crisis.

Además, el bipartito hace un esfuerzo argumental para explicar que pese a que prevé un aumento de la recaudación de impuestos, los presupuestos no suben los impuestos de forma generalizada (pese a que se gravan conceptos como la compraventa de vivienda usada o se suben las tasas que se pagan por trámites con la administración).

Y, como viene haciendo en los últimos tiempos, trata de combinar el mensaje de que los presupuestos son buenos porque los hacen ellos, con los factores negativos que dependen, en su relato (el “Cantabria no paga”), del Estado, que al tenerlos prorrogados los suyos impide cuantificar partidas que vendrían del Gobierno central como las de Valdecilla o el Campus Comillas.

A la vez, pese a esa venta de la normalidad, en realidad son unas cuentas públicas en las que PRC y PSOE se distancian de algunas esencias que los propios socios siempre habían vendido como propias:

-el ala socialista de su primer Ejecutivo siempre reivindicó el diálogo social, y ahora los propios agentes sociales critican que apenas se les ha facilitado información, dos días antes de la aprobación

-y el ala regionalista, el propio Revilla, siempre habían hecho gala de la normalidad que supuso para Cantabria aprobar los presupuestos en plazo y sin contar con tránsfugas, y ambas cosas, en estos momentos, están por demostrar. Ya el año pasado se aprobaron en febrero.

LAS CIFRAS

En total, el Gobierno de Cantabria contará el próximo año con un presupuesto que asciende a 2.728 millones de euros, un 4,9 por ciento más que en 2017.

El argumentario habla de un “nuevo impulso” a las políticas públicas, sobre todo en las áreas sociales, que se consideran las prioridades fundamentales (sanidad, educación, política social, vivienda y empleo), al concentrar el gasto productivo autonómico, si bien áreas como sanidad, educación o empleo siempre tienen una buena parte de los gastos fijos al incluir las partidas para el empleo del personal de estas áreas.

A la política social van 1.792,3 millones de euros, con 65,2 millones más que el año anterior en lo que se vende como una forma de recuperarse de la época de los recortes del Partido Popular. Educación crece en 18,8 millones de euros y llega a su “máximo histórico” de 556,7 millones.

Y en cuanto a la política de I+D+i, este ámbito aumenta un 15,64 por ciento en las cuentas del próximo año, unos 8,7 millones de euros más.

IMPUESTOS

En los presupuestos preparados por la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo a cuyo frente está Juan José Sota , se incluye una reforma fiscal “progresiva” y “anticíclica”, estimada en  una subida global de un 0,1%, 24 millones de euros.

Sota registra los presupuestos en el Parlamento

En cuanto a los ingresos presupuestarios, los cambios que introduce el proyecto se pueden dividir en dos grandes grupos.

Por un lado, cambios normativos en los tributos de titularidad autonómica que suponen incrementos de ingresos presupuestarios para el ejercicio 2018 con respecto a los previstos al final del cierre de 2017. Este incremento se estima en unos 24,5 millones de euros.

Por otro lado, se fijan nuevas aplicaciones presupuestarias en el estado de ingresos, bien por aparición de nuevos ingresos con respecto a ejercicios anteriores o bien por la utilización de un mayor desglose en la estructura económica para mejorar la información contenida en el estado de ingresos.

Así, el proyecto de Ley de Medidas Fiscales y Administrativas para 2018 introduce cambios normativos en los tributos de titularidad autonómica con incidencia al alza en la previsión inicial de ingresos presupuestarios.

Concretamente, en lo que respecta al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, se modifica la bonificación de las adquisiciones mortis causa para los grupos I y II, se mantiene la reducción por parentesco, se limita la reducción del 100 por cien de los seguros de vida y de la reducción por la vivienda habitual con un límite de 125.000 euros.

Asimismo, por primera vez en Cantabria, se regula el tipo de gravamen de las donaciones para los grupos I y II, hermanos y sobrinos, que en todos los casos se reducen.

En relación con el impuesto sobre Patrimonio, se establece una nueva tabla para regular los tipos de gravamen de manera progresiva manteniéndose el mínimo exento. En Cantabria pagan este impuesto 3.200 personas de los 270.000 contribuyentes.

En relación con el impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, se equipara el tipo de gravamen de las transmisiones patrimoniales onerosas al tipo reducido del Impuesto sobre el Valor Añadido, del 10%. El tipo de gravamen aplicable a las transmisiones patrimoniales de bienes muebles pasa al 8%.

Asimismo, se establece una subida de un 1,5% de las tasas de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Cantabria con respecto a las del ejercicio 2017, lo cual supone un incremento de los ingresos previstos por este concepto de unos 550.000 euros.

INGRESOS AUTONÓMICOS Y PARTIDA DE VALDECILLA

En el capítulo de ingresos, suben un 4,91 por ciento, la mayoría de ellos provenientes de los incrementos de los impuestos directos y cotizaciones sociales, impuestos indirectos y transferencias corrientes. En el caso de las tasas y precios públicos bajan un 3,54 por ciento, una cifra superior a la media que afecta a las tasas universitarias y las deducciones a los colectivos necesitados.

Por otra parte, el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla tiene consignada una cuantía de 22 millones de euros, el importe que correspondería con una anualidad de las dos pendientes de recibir en función del compromiso del Gobierno de España con la Comunidad Autónoma para la financiación de las obras del centro hospitalario.

La prórroga de los Presupuestos Generales del Estado tiene, según el consejero de Economía, un “efecto directo” sobre el presupuesto de la Comunidad Autónoma, bien porque algunos de los contenidos de la ley del Estado, son legislación básica, de obligado cumplimiento para las Comunidades Autónomas, como es el incremento salarial de los funcionarios o las tasas de reposición de personal.

Asimismo, esta prórroga impide conocer las transferencias finalistas que se reciben del Estado, como la financiación de las políticas activas de empleo, el despliegue de la Ley de Educación, la aportación al Convenio de la Fundación Comillas o la transferencia para el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla.

ESTABILIDAD, SE DESPEJA RIESGO DE DÉFICIT

Con estos condicionantes, el presupuesto se ha elaborado cumpliendo el objetivo de estabilidad presupuestaria (0,4 % del PIB) y la regla de gasto (2,4 por ciento), aprobados para el conjunto de las Comunidades Autónomas, así como el objetivo de deuda pública, en este caso, específico para Cantabria del 22,7 por ciento del PIB.

En este sentido, el consejero ha señalado que el pasado 24 de octubre la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) emitió el informe preceptivo sobre las líneas fundamentales de los Presupuestos de Cantabria de 2018, que dice que bajo las previsiones de crecimiento recogidas en el Plan Presupuestario y con el escenario central considerado por la AIReF respecto a los recursos del sistema de financiación, estima factible que Cantabria cumpla en 2018 el objetivo de estabilidad. La venta de la normalidad no consigue esconder que en realidad se dedica al pago de la deuda el doble que a inversiones.

DETRÁS DE LA NORMALIDAD: FUERA DE PLAZO Y PENDIENTE DE TRÁNSFUGAS

Pese a este intento de recuperar la normalidad institucional y financiera, el presupuesto llega al Parlamento sin apenas conocimiento por parte de patronal o sindicatos, con retraso frente a las fechas en que debía hacerse, y en un contexto de cambio constante de socios por parte de un Gobierno que está en minoría parlamentaria (primero, Podemos; después, Ciudadanos, y ahora está por ver si les valdrá el único voto del tránsfuga de Juan Ramón Carrancio, exdiputado de Ciudadanos.

El Gobierno aprueba en Consejo extraordinario los presupuestos de 2018

Así, el presupuesto llega a la Cámara regional casi dos semanas más tarde de lo establecido, la fecha límite era el 31 de octubre.

Pese a ello, el Gobierno PRC-PSOE confía en que se agilicen los trámites y debates para que puedan entrar en vigor el 1 de enero, y no ocurra como este 2017 en el que hubo que ampliar los presupuestos del pasado año y este documento económico no vio la luz hasta el mes de marzo.

Aunque hay que recordar que la situación del bipartito PRC-PSOE es de una minoría en el Parlamento, por lo que necesita el apoyo de al menos un diputado para sacar adelante las cuentas.

En 2016 se apoyó en Podemos y para aprobar el documento económico de este año lo hizo en Ciudadanos. Sin embargo, en esta ocasión, los que probablemente serán los últimos antes de las próximas elecciones, desde la oposición se ha dado por hecho que acabarán aprobándose  con el apoyo del que llaman el diputado número 18, Juan Ramón Carrancio.

El exdiputado de Ciudadanos se ha convertido en el sorprendente apoyo del Gobierno en el Parlamento, y los temores de la oposición se han acrecentado después de que Miguel Ángel Revilla se negara a aceptar el reto de José Ramón Blanco (Podemos) de comprometerse públicamente a no apoyarse en un tránsfuga para sacar adelante el presupuesto económico.

Carrancio se ha convertido en tránsfuga después de su salida de Ciudadanos, junto a los concejales de Santander, David González y Cora Vielva, tras ser denunciado por falsedad documental por la presunta falsificación de un acta del partido.

Una denuncia que el juzgado acaba de archivar por defectos formales y al no percibir pruebas por parte del denunciante, que no ha aclarado en calidad de qué se personaba. Tras este archivo, Carrancio ha acusado a Ciudadanos de “persecución política” y de llevar a cabo “una campaña de desprestigio contra su persona y tres compañeros David González, Jesús Calleja y Roberto Morales”; y ha adelantado que tomará “medidas legales para defenderme”.