Cantabria cuenta con un protocolo de servicios sociales municipales para la atención a las mujeres víctimas de violencia y a sus hijos e hijas que ha sido elaborado conjuntamente por las direcciones generales de Política Social e Igualdad y Mujer, así como el Instituto Cántabro de Servicios Sociales (ICASS), la Delegación del Gobierno en Cantabria y un grupo de trabajadores sociales.

El instrumento de coordinación, que ya ha sido presentado a 130 profesionales de los servicios sociales municipales de distintos ámbitos relacionados con la atención a víctimas de violencia de género, incluye la coordinación de los servicios sociales municipales, los servicios sociales sanitarios y los servicios de protección a la infancia y adolescencia “para dar la respuesta más eficaz”.

Performance contra la violencia de género en Santander.

Tal y como explica la vicepresidenta regional y consejera de Universidades e Investigación, Medio Ambiente y Política Social, Eva Díaz Tezanos, el nuevo protocolo pretende dar una visión “lo más completa posible” sobre un “grave” problema social que contempla, además, a los hijos e hijas de las víctimas como sujetos de protección desde el ámbito social.

Entre los objetivos que persigue el nuevo instrumento, destaca la detección precoz de las situaciones de violencia de género; ayudar a las mujeres en la toma de conciencia de su problemática; apoyarlas en la toma de decisiones encaminadas hacia su empoderamiento y libertad, y evitar la victimización secundaria que supone el peregrinaje de las víctimas por diversos organismos.

También reforzará el proceso facilitador de la intervención de los profesionales de los servicios sociales ante situaciones de violencia de género para ayudar a la mujer a “entender lo que está sucediendo y decidir qué cambios quiere y puede realizar en cada momento para mejorar su situación”.

Dada la “clara” intencionalidad de los malos tratos de generar “un clima de terror” en el hogar con un patrón y una “intensidad progresiva y creciente” de conductas de maltrato, el nuevo protocolo incide en la importancia de que los profesionales “estén bien formados y actúen de manera coordinada para detectar ese tipo de situaciones, ofrecer apoyo e información, derivar a los servicios sociales especializados y lograr que las víctimas y sus hijos puedan iniciar una nueva vida con seguridad”.

Otra de las novedades que trae consigo el nuevo protocolo consiste en la apuesta por garantizar que la intervención en los servicios sociales incluya a los y las menores, hijos de la víctima con el mismo estatus jurídico que sus madres, tal y como recogía de manera pionera la Ley contra la Violencia de Género de Cantabria de 2004.