El Gobierno cántabro veta la iniciativa legislativa popular autonómica de la PAH

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El Gobierno de Cantabria ha vetado este jueves la tramitación de la Proposición de Ley de Iniciativa Legislativa Popular que impulsó la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Cantabria.

Una iniciativa legislativa popular permite que sean los ciudadanos y no sólo los partidos los que presenten leyes en las instituciones, para lo cual necesitan el respaldo de firmas de ciudadanos.

Miembros de la PAH en el Parlamento de Cantabria registrando su propuesta.

El colectivo que lucha por el derecho a la vivienda promovió el pasado mes de febrero una campaña para impulsar esta iniciativa en la comunidad autónoma, al margen de la legislación que propone a nivel nacional, y que ha sido finalmente rechazada por el Ejecutivo cántabro en su reunión semanal de Consejo de Gobierno.

El Ejecutivo de Revilla ha justificado su rechazo en que la proposición de ley implica un aumento de los créditos y una disminución de los ingresos presupuestarios, además de que prevé la creación de un nuevo impuesto y un canon municipal a las viviendas vacías.

Por tanto, según este argumento, esta regulación vulnera lo previsto en el artículo 2.2 de la Ley de Cantabria de iniciativa legislativa popular, sobre las materias excluidas de este tipo de iniciativa. Porque aunque la legislación sea potestad del Parlamento, el presupuesto lo gestiona el Gobierno, y si se ve modificado por una ley, puede oponerse a ello. Es el mismo mecanismo por el que el Ejecutivo central, en minoría, haya rechazado acciones aprobadas en el Congreso de los Diputados por la mayoría de la Cámara, al afectar a gastos o ingresos.

El Gobierno de Cantabria aprobaba recientemente una nueva ley para las Iniciativas Legislativas Populares, que acaba de ser publicado en el BOC y para el que se ha finalizado el proceso de alegaciones.

La nueva ley precisamente se impulsó con el argumento para que las ILP se utilizaran más, ya que hasta el momento solo se han presentado dos iniciativas en Cantabria, una sobre el ferrocarril Santander-Mediterráneo en el año 2002 y, otra, sobre hipotecas de bienes inmuebles un año antes. Ambas propuestas decayeron en su tramitación.

En la nueva legislación se han reducido a la mitad (5.000) el número de firmas precisas para que las iniciativas legislativas populares puedan ser debatidas, dobla el plazo para recoger los apoyos, de tres a seis meses, y se permite el uso de medios electrónicos y páginas web, además del tradicional en papel, para la obtención de apoyos.

Pese al argumento de pretender fomentar la participación a través de las iniciativas legislativas populares, cuando ha llegado la primera, el Gobierno la ha vetado.

EL GOBIERNO NO QUISO RENUNCIAR AL DERECHO DE VETO A INICIATIVAS LEGISLATIVAS POPULARES

Ese derecho de veto es una potestad que se reservó el Ejecutivo y a la que no ha querido renunciar, pese a que tuvo la oportunidad: a finales de año, junto a los presupuestos, se tramitó la Ley de Acompañamiento.  Y entonces Podemos presentó enmiendas a esa Ley tratando de simplificar los trámites y de que fueran necesarias menos firmas. Sin éxito, PSOE y PRC rechazaron su propuesta y meses después presentaron su propia propuesta en lugar de aceptar o negociar lo de Podemos. Pero en las pretensiones del partido morado también se incluía la eliminación del derecho de veto del Gobierno, cosa que la Ley de PSOE y PRC ha conservado.

LA PAH, DECEPCIONADA

La PAH se ha mostrado “decepcionada” por el Gobierno de Cantabria que, por un lado, apoya la Ley de Vivienda que el colectivo presenta a nivel nacional, pero por otro lado veta la iniciativa en Cantabria. También advierten al Ejecutivo de que “ni Revilla ni el PSOE van a poder con nosotras” y de que “saldremos a la calle a explicarlo a los cántabros y cántabras”. En las próximas horas también han convocado una rueda de prensa para explicar su hoja de ruta a partir de ahora.

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