Los críticos del PP apelan a la «ética» y Buruaga denuncia una campaña de «acoso»

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Diputados autonómicos y senadores del PP han presentado este viernes un comunicado firmado por más de 1.000 críticos del partido en el que expresan la «condena» y «repulsa» por el uso de un discapacitado, ‘Miguelín‘, por la candidatura de María José Sáenz de Buruaga, secretaria general del PP cántabro, para ganar el Congreso Regional de marzo del año pasado.

El manifiesto está impulsado a partir de documentos de la investigación judicial que han trascendido en medios nacionales (en Okdiario o La Sexta) y que revelan los ingresos de dinero para el pago de cuotas de más de 500 militantes en una cuenta «interpuesta» a nombre de ‘Miguelin’, que cobra una prestación por discapacidad intelectual.

Las aportaciones fueron realizados por la propia Buruaga (y su entorno familiar), entonces secretaria general (número 2) y actual presidenta del PP de Cantabria; la actual secretaria y entonces tesorera, María José González Revuelta o la actual número 3 y en el momento del Congreso responsable de Derechos y Garantías del partido, Isabel Urrutia.

El portavoz del Grupo Parlamentario Popular en Cantabria, Eduardo Van den Eynde, la diputada Ruth Beitia y el senador Javier Fernández han apelado a la «ética», en una rueda de prensa en la que han pedido explicaciones a la dirección del partido en Cantabria por las informaciones publicadas. Por el momento no solicitan dimisiones.

Entre los firmantes, junto a diputados autónomicos como el expresidente Ignacio Diego o Mercedes Toribio y senadores como Esther Merino, Javier Fernández y Blanca Martínez, está el diputado y alcalde de Arnuero, José Manuel Igual, que es hermano de la alcaldesa de Santander, Gema Igual, que apoya junto al ministro de Fomento, Iñigo de la Serna, a la actual dirección regional de Buruaga.

José Manuel Igual ya anunció que se presentaría a la reelección municipal «con o sin Rajoy», del mismo modo pero no repetiría en listas a las autonómicas, al considerar agotado ese ciclo político.

También está expedientado por el partido, como el resto de cargos díscolos, por sus manifestaciones públicas o tras bloquear que Buruaga asuma la portavocía parlamentaria (en el Parlamento el PP tiene 13 diputados y 9 son críticos del proceso interno). No está entre los firmantes el diputado, Francisco ‘Kiko’ Rodríguez Argüeso.

Los críticos han afeado además la utilización de cuentas bancarias institucionales y los ingresos realizados desde ordenadores del partido, en las sedes de Santander y la calle Génova – también desde el Parlamento de Cantabria según las informaciones publicadas-.

En total, más de 9.000 euros ingresados en la cuenta bancaria «interpuesta», abierta el 27 de febrero en una sucursal de Laredo a nombre de Miguelín y desde la cual se realizaron 511 transferencias para actualizar las cuotas de otros tantos militantes para que pudieran votar en el Congreso regional del Partido Popular, antes de que fuera cerrada, el 6 de marzo de 2017.

LAS EXPLICACIONES DE BURUAGA

Poco después comparecía en rueda de prensa la secretaria general María José Sáenz de Buruaga, acompañada de una veintena de cargos y militantes, para dar explicaciones sobre el proceso.

Respecto a las principales acusaciones que se le hacían, el uso de la cuenta «interpuesta» y que estuviera a nombre de una persona con discapacidad intelectual, ha señalado:

-que es habitual que otras personas se hagan cargo de pagos de militantes cuando no están al día de sus cuotas, y que la novedad en este caso fue que se utilizó una cuenta para «centralizar» estos pagos, algo que, ha apuntado, también hizo la candidatura contraria en el Congreso en los casos de Los Corrales de Buelna y Castro Urdiales, en estos casos además en un trámite que hicieron cargos públicos

-Y por otra parte, ha añadido que la persona que abrió la cuenta fue un militante del PP local que se ofreció a hacerlo. Y ha reivindicado que se trata de una persona con todas sus capacidades (para abrir cuentas o votar), porque no es lo mismo tener una «discapacidad» que una «incapacidad».

‘PUCHERAZO’ VERSUS «ACOSO»

El portavoz parlamentario del PP, Eduardo Van den Eynde, con la diputada Ruth Beitia y el senador Javier Fernández || Foto: Oscar Allende

A aquella elección se presentaron Saenz de Buruaga, que se impuso por 4 votos en la asamblea de compromisarios, y el anterior presidente de la formación y expresidente de Cantabria, Ignacio Diego.

Pero aunque resultara derrotado finalmente, Diego se había impuesto en el voto directo de los militantes por más de 100 votos de diferencia, una cifra que resultó insuficiente para ganar porque no ganó por la diferencia del 15% que establecen los estatutos para cerrar el proceso.

Desde entonces, los críticos han denunciado un «pucherazo» en el Congreso del PP que concluyó a finales de marzo de 2017, han impulsado denuncias ante los órganos del partido y en los tribunales, donde registraron una querella criminal que fue archivada. Está pendiente la resolución la demanda por la vía social. La vista del juicio será el próximo 15 de mayo.

Los críticos están expedientados y se ha producido alguna expulsión, como la del exdiputado Carlos Bedia, cabeza visible del movimiento Lealtad Popular que cuestiona la legitimidad de los resultados del Congreso, o el exdirector de Cultura, Joaquín Solanas, que no recurrió la sanción y ha anunciado que ha solicitado el ingreso en Ciudadanos.

La presidenta del PP, María José Sáenz de Buruaga, también ha convocado este viernes a una rueda de prensa, a las 12.30 horas, con el Congreso Regional como asunto de la comparecencia pública.

«NO NOS VAMOS A PLEGAR ANTE TANTA DIFAMACIÓN»

Buruaga, flanqueada por la secretaria general, González Revuelta, y arropada por los diputados Ana Madrazo y Diego Movellán o el Delegado del Gobierno, Samuel Ruiz. || Foto: El Faradio Facebook Live

La presidenta del Partido Popular, María José Sáenz de Buruaga ha respondido que «ya ha dado todas las explicaciones e incluso más de las que debía» sobre este asunto.

Ha matizado que «una cosa es la discapacidad y otra la incapacidad», y en este sentido, ha asegurado que el militante de Laredo participa en el Congreso en «plenas facultades», por lo que «no hay nada ilegal, nada anormal y nada poco ético».

«No nos vamos a plegar ante tanta difamación», ha aseverado.

En respuesta a los periodistas, la presidenta popular ha declinado valorar ninguna de las pruebas que se han publicado ni los argumentos que se han aportado a este juicio.

Y ha subrayado que es «el momento de los jueces», a quienes «hay que dejar trabajar».

 

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