El Partido Popular de Cantabria ha hecho público este jueves el “desembarco” de asesores externos y el pago de obras sin terminar en el Servicio Cántabro de Salud, donde, según ha denunciado su secretaria general y exconsejera de Sanidad, María José Sáenz de Buruaga, se está produciendo también un sustancial incremento de los contratos menores (aquellos que por su cantidad no se someten a competencia y pueden adjudicarse directamente a una empresa concreto).

Sáenz de Buruaga en rueda de prensa hoy

Son, ha recalcado, “realidades documentales y contrastadas” que suponían “un secreto a voces” dentro del sector legislatura.

En rueda de prensa, Sáenz de Buruaga ha advertido del “desembarco” de estos asesores externos, vinculados al Servicio Cántabro de Salud, a través del recurso a contratos menores y asistencias técnicas a empresas relacionadas entre sí.

Además, ha revelado que se están recepcionando y pagando obras “sin estar terminadas” y suministros que no están aún en servicio.

La noticia ha provocado las reacciones de Ciudadanos y Podemos, que han pedido comparecencias en el Parlamento de los responsables de la Consejería de Sanidad y de la funcionaria que ha alertado de estos hechos, contra la que el subdirector del SCS  Javier Gómez   presentará una querella, al igual que el gerente, mientras que Izquierda Unida ha apelado a la intervención de la Fiscalia sin descartar sus propias acciones legales.

En rueda de prensa convocada de urgencia, el director del SCS, Julián Pérez, ha confirmado que sí que se cuenta con asesores y asistencias técnicas en la gestión sanitaria, pero ha negado cualquier tipo de irregularidad y ha apuntado como causa a un «conflicto personal» y a una «injerencia política» en el asunto, sin mencionar expresamente al Partido Popular.

ASESORES Y ADJUDICACIONES

Sáenz de Buruaga ha puesto como ejemplo de esta tendencia la ampliación de la Unidad de Atención Temprana del Centro de Salud de El Alisal, que pese a que estaba “sin terminar” recibió la certificación del SCS de que estaba correcto y se abonó el pago.

Uno de esos asesores externos tiene un despacho propio en la Gerencia del SCS, desde donde maneja las contrataciones, interviniendo en la elaboración de los pliegos de prescripciones técnicas de los concursos y en la valoración de los contratos.

Desde el segundo semestre de 2015 hasta el cierre de 2017, esta persona ha cobrado del presupuesto de Valdecilla 31.399 euros a través de tres contratos menores bajo el concepto de “otros”. Además, otras dos personas con idéntico apellido, Sáenz de Viteri, han recibido 53.280. Por lo tanto, tres personas con idéntico apellido han recibido en dos años y medio 84.599 euros de la sanidad pública de Cantabria.

“Tenemos constancia documental de que el Servicio Cántabro de Salud ha abonado facturas de equipamiento médico para centros de salud y Valdecilla por valor más de 2 millones de euros. Han pagado equipos cuando todavía guardados en los almacenes de los proveedores”, ha añadido.

La exconsejera de Sanidad ha cifrado el “espectacular” incremento de los contratos menores en un 187% respecto al último año del Gobierno del PP.

Y ha observado que “llama poderosamente la atención” la adjudicación de contratos menores de obras a tres empresas concretas “sin experiencia previa” con el SCS y que llegan a sumar adjudicaciones por valor de un millón de euros “a dedo”.

Son, ha detallado, tres empresas que “tienen algo en común”, ya que cada una tiene dos administradores solidarias, y se vienen repitiendo en las distintas sociedades. Entre ellos, “al parecer”, uno es hijo de un alcalde soclaista.

Estas tres empresas han ejecutado obras en Valdecilla y en el edificio del Hospital Virtual, todas con contratos menores, y cobraron 200.000 euros por pintar cuatro centros de salud, cuando esta prestación está incluida en el contrato de mantenimiento de Atención Primaria.

Esta misma mañana, EL DIARIO MONTAÑÉS se hacía eco de la carta que la alta funcionaria responsable de la contratación, a punto de jubilarse, remitía a los responsables de Sanidad sobre este tipo de irregularidades, citando expresamente la proliferación de asesores externos ligados a estas empresas o el pago de facturas contra su criterio.

Los contratos sanitarios esta legislatura ya han sido polémicos: desde Sanidad se adjudicó el seguimiento de las obras en Valdecilla a una asesoría ligada al grupo ROMA (adjudicataria habitual de la SODERCAN de Salvador Blanco) que tenían entre sus directivos a un alto cargo de Ferrovial, la adjudicataria del megacontrato de Valdecilla.

PIDE A LA ADMINISTRACIÓN QUE ACTÚE

La presidenta del PP ha mostrado sus “fundadas sospechas” de que “esto es sólo la punta del iceberg”.

Buruaga ha explicado que sus acusaciones tienen como soporte documental la relación de contratos menores que publica el Boletín Oficial de Cantabria trimestralmente y documentación enviada por la Consejería de Sanidad a requerimiento del grupo parlamentario.

La exconsejera ha anunciado que ya se ha dirigido al presidente de Cantabria y al interventor general para que, de manera inmediata, actúen y pongan coto a estas irregularidades.

De la Intervención General de la comunidad espera que se pongan en marcha de manera inmediata los instrumentos de fiscalización y control de los que dispone, abriendo una investigación y auditando todos los contratos del Servicio Cántabro de Salud desde el principio de la legislatura.

Del presidente, como máximo responsable político de las actuaciones de su Gobierno y de los consejeros a los que nombra, espera «que llegue hasta el final del asunto y que depure las responsabilidades políticas a las que haya lugar».

EL GOBIERNO INSTA A QUE DENUNCIEN

Por su parte, la consejera de Sanidad, María Luisa Real, ha asegurado que el Servicio Cántabro de Salud “no ha apreciado irregularidad alguna” que sustente las afirmaciones que la jefa del servicio de Contratación Económica y Gestión Administrativa, Inmaculada Rodríguez, realizó en un correo electrónico el pasado mes de febrero.

María Luisa Real, consejera de Sanidad

Según ha dado a conocer esta tarde la propia consejera, «nada más recibir dicho email» ella misma solicitó información al gerente del SCS como máximo responsable del organismo autónomo, del que dependen tanto la jefa de servicio como el subdirector de Gestión Económica e Infraestructuras cuestionado por ella. Las investigaciones realizadas en aquel momento se saldaron sin apreciar ninguna irregularidad.

Real ha defendido la “transparencia” de las contrataciones y ha recordado que Inmaculada Rodríguez es la responsable de la gestión del Servicio de Contratación Administrativa y sus expedientes, además de presidir habitualmente las mesas de contratación del organismo autónomo, de las que también forman parte otros técnicos, entre ellos representantes de la Dirección General del Servicio Jurídico y de la Intervención General.

También ha destacado que la contratación administrativa del Servicio Cántabro de Salud está sometida al control financiero de la Intervención General.

Asimismo, ha recalcado que tanto la Consejería de Sanidad como el SCS “actúan siempre con la máxima transparencia” en materia de contratación y ha recordado que toda la información relacionada con esta materia está disponible en el Portal de Transparencia, en el Perfil de Contratante y en el Boletín Oficial de Cantabria.

Por todo ello, ha valorado que si la jefa de servicio y la presidenta del PP de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, tienen constancia de la existencia de posibles irregularidades “lo que deben hacer es formalizar una denuncia ante los organismos competentes y a través de los cauces adecuados, en lugar de sembrar sospechas acerca de la gestión del Servicio Cántabro de Salud mediante correos electrónicos y declaraciones a los medios de comunicación”.

PODEMOS Y CIUDADANOS PIDEN COMPARECENCIAS

La revelación ha tenido repercusiones prácticamente inmediatas:

-El diputado de Podemos Cantabria, Alberto Bolado, ha solicitado la comparecencia en la Comisión de Sanidad de tres funcionarios del Gobierno autonómico para tratar de aclarar las supuestas irregularidades denunciadas por la Jefa de Contratación Administrativa y Gestión de Infraestructuras del Servicio Cántabro de Salud (SCS), Inmaculada Rodríguez.

En concreto, Bolado ha pedido la presencia en la Comisión de Rodríguez, así como del gerente del Servicio Cántabro de Salud, Julián Pérez Gil y del subdirector de Gestión Económica del Servicio Cántabro de Salud, Francisco Javier González, con el objetivo de informar sobre las irregularidades en expedientes y en la gestión de contrataciones en el SCS.

Además, el diputado preguntará en el Pleno del Parlamento de Cantabria a la consejera de Sanidad, María Luisa Real, sobre las irregularidades denunciadas por la Jefa de Contratación y las medidas adoptadas por su departamento para esclarecer los hechos denunciados.

Para Bolado, «la denuncia de la funcionaria de la Consejería de Sanidad supone un hecho gravísimo que debe aclararse de inmediato por parte del Ejecutivo, y que se suma a los supuestos casos de corrupción que se han registrado en la Consejería en los últimos meses, entre ellos, el doble cobro de un sueldo y una pensión durante varios años por parte del exgerente de la Fundación Marqués de Valdecilla, Joaquín Ruiz Sisniega, o la dimisión de Estela Goicoechea, directora del Observatorio de Salud Pública de Cantabria, tras mentir en su currículo».

-También el portavoz parlamentario de Ciudadanos (Cs) Cantabria, Rubén Gómez, ha solicitado comparecencias, en este caso la de la consejera de Sanidad del Gobierno de Cantabria, María Luisa Real.

El portavoz parlamentario de Cs Cantabria se ha mostrado «sorprendido» del anuncio realizado por el gerente de este Servicio, Julián Pérez Gil, de iniciar acciones legales contra la jefa del Servicio de Contratación Administrativa y Gestión de Infraestructuras del SCS, ya que se trata, en su opinión, de una «reacción desproporcionada» antes de llegar «al final de este asunto» y ha incidido en que las explicaciones aportadas por Pérez Gil en rueda de prensa «nos parecen insuficientes».

Por último, Rubén Gómez ha avanzado que «también nos genera dudas la posibilidad de que el anterior interventor general del Gobierno de Cantabria, que fue cesado hace dos meses, tuviera conocimiento de esta denuncia» y ha indicado que «si es cierto que incluyó la fiscalización de la contratación administrativa del SCS por parte de asesores externos, nos encontramos ante un hecho de extrema gravedad en el seno de la administración».

IU APELA A LA FISCALÍA

Por su parte, Izquierda Unida de Cantabria espera que la Fiscalía “tome nota” de las adjudicaciones “a la carta” en la Consejería de Sanidad, denunciadas por la jefa de Contratación del Servicio Cántabro de Salud.

“Esto es lo que se esconde detrás del discurso del PSOE cántabro en defensa de la sanidad pública: la constatación de que el Servicio Cántabro de Salud es un departamento fuertemente adjudicador y con mucha relación con empresas privadas”, asevera Martínez, quien avanza que IU estudiará los detalles del caso, por el que no descarta emprender sus propias acciones judiciales.

Todo esto sucede, recuerda, mientras “siguen las denuncias sobre el retroceso de lo público”, con casos como el CAD de Sierrallana o el servicio de Informática del Servicio Cántabro de Salud.

“PSOE y PRC vuelven a las andadas en su política de contratación”, recrimina Martínez, recordando que “el paso de socialistas y regionalistas por la Administración siempre se ha saldado con “abundantes sospechas” sobre sus adjudicaciones a empresas constructoras, publicitarias, mediáticas o sus “socios en proyectos que acabaron siendo ruinosos o inexistentes para Cantabria como el Racing, Comillas, GFB, la Ciudad del Cine, el Plan Eólico o el Puerto de Laredo”.

Además, la líder de IU enfatiza que la denuncia la hace una alta funcionaria de la Administración autonómica, próxima a la jubilación, que espera “no corra el mismo destino que el Interventor General”, otro destituido tras sus informes críticos y “sea tratada con más respeto que el dimitido director de la empresa pública del Año Lebaniego”.