Victoria Ortega: «No se puede criminalizar todo»

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Victoria Ortega, presidenta del Consejo General de la Abogacía Española y de la Unión Profesional || Foto: CGAE

Nacida en Palencia, ha desarrollado su carrera profesional en Cantabria, en Santander, donde tiene su despacho, la plaza en la Universidad y su residencia. Las nuevas tecnologías permiten a Victoria Ortega, la primera mujer en 75 años de historia que preside el Consejo General de la Abogacía Española, dirigir sus responsabilidades desde aquí. Es una de las cántabras más ‘poderosas’ porque además, desde hace unas semanas, es la presidenta de la Unión Profesional. Una etapa que arranca con la idea de reunirse con todos los gremios para elaborar un Plan Estratégico a dos o tres años.

En una entrevista concedida a EL FARADIO DE LA MAÑANA hemos hablado ampliamente de actualidad: de igualdad -el día antes de la lectura de la sentencia de La Manada-; de la necesidad de «seguridad» que la Justicia debe ofrecer a las víctimas; de la convulsa situación política en España, demasiado judicializada; del código penal, que si contempla apología del terrorismo debería incluir la apología de otros tipos de delitos (como los cometidos por el fascismo), pero que en cualquier caso no es la solución a todos nuestros problemas; de los retrocesos en libertades, «no se puede criminalizar todo»; o de la «vergüenza» por la regresión en derechos fundamentales básicos en toda la Unión Europea. Del poder judicial, la idea de independencia y las reformas pendientes.. Y de la necesidad de pacto, de que nuestra clase política se ponga «de acuerdo en algo» y no deje pasar otra legislatura.

-Se debate mucho sobre feminismo y sobre igualdad en nuestros tiempos y usted es un ejemplo de mujer en la primera línea: ¿Cómo ve el movimiento feminista y cuál cree que es el papel que tiene que tener la mujer en la sociedad actual?

Una sociedad que discrimina a la mitad de su población nunca puede ser justa. La existencia de esta discriminación salarial o en el acceso a los puestos de representación está acreditado. Es una realidad que no podía mantenerse. No creo que nadie, mujeres ni hombres, pueden querer que permanezca esta desigualdad. En un momento dado la sociedad ha parado y se ha propuesto poner fin a esta situación. Bienvenido el movimiento feminista, que se ha incrementado este año.

– Desde su ámbito, el mundo jurídico, ¿Cómo están las cosas y con qué medidas se puede impulsar la igualdad?

A la vista está que en la Abogacía soy la primera que ocupa este puesto. En el Consejo General sólo hay un 17%, cuando hasta los 40 años ya hay una mayoría de abogadas y en el total son la mitad. En el resto del mundo jurídico es más elevado el número de mujeres pero sucede lo mismo. En la judicatura vemos que es mucho mayor el número de mujeres pero a medida que vamos ascendiendo en la pirámide van descendiendo hasta la apertura del año judicial en la que se ve que todo son hombres en el Supremo. Es un fenómeno de la sociedad en general. En ese sentido se está trabajando mucho

-¿Cómo se cambia? ¿Con discriminación positiva?

Hay que dar la oportunidad de que uno pueda demostrar que vale. Las medidas de discriminación positiva son necesarias para dar esa oportunidad, que es lo que piden las mujeres. No se piden medidas injustas o no regidas por los criterios de mérito y capacidad. Los criterios de selección deberán ser los generales pero hay que tener la oportunidad de demostrarlo. También se reclaman medidas de conciliación porque la mujer no tiene por qué renunciar a la vida familiar. Medidas desde la corresponsabilidad. No medidas que actúen en sentido contrario a lo pretendido, que se permita que la mujer siga ocupándose de la familia, de los niños y de los ancianos, porque al final en la vida profesional no va a progresar y al final se convierte en una trampa esa conciliación. Conciliación que incorpore la corresponsabilidad de mujeres y hombres

¿Violencia de género o terrorismo machista?

Violencia machista, entiendo.

¿Es precisa una reforma de la Ley de Violencia de Género?

Afortunadamente se llegó a un pacto de Estado, que tiene su mérito porque no se llega en nada. Con una serie de medidas, que hay que poner en funcionamiento con la dotación económica prevista. Hemos oído recientemente que la dotación económica no cubre la previsión. Lo que no podemos es llegar a una serie de medidas después de trabajar mucho entre todas las instituciones y que no entren en vigor o no tengan la dotación, lo que aboca al fracaso. Vamos a ver si funciona y luego, si no, lo cambiamos.

¿Están bien protegidas las víctimas? Y sobre todo en juicios por agresiones sexuales o violación, ahora que es noticia la sentencia por el caso de la manada de Pamplona? (La entrevista se realiza el día antes de la lectura de la sentencia. Sobre la misma, la opinión de Victoria Ortega en su blog)

Lo fundamental es dar seguridad a la víctima, que llegue un momento que sepa que se la va a defender, que cuenta con una seguridad que le ofrece el sistema; si no, quedará al margen del sistema. Tenemos que conseguir ese concepto de seguridad en todos los ámbitos: en la defensa, en el proceso y en las medidas que se adopten. La confianza y la seguridad son fundamentales.

-Se habla mucho de la necesidad de pacto en España, y también de reformas… Le pregunto directamente por la Justicia ¿Se puede hablar de independencia judicial en España? ¿Le parece preocupante que haya una percepción de injusticia o de impunidad? ¿Cree que hay motivos para que se perciba de esa manera uno de los poderes más importantes del Estado?

Sobre el pacto de Estado, todos estamos de acuerdo en el diagnóstico de la situación y que hay que adoptar una serie de medias. Es la hora sobrada de empezar a adoptarlas, están obligados nuestros representantes políticos a ponerse de acuerdo en unas medidas básicas que la población está demandando y que nadie niega que la ciudadanía tiene razón cuando lo reclama. Hay que empezar a ponerse de acuerdo en algo y no dejar pasar la legislatura en su integridad. En cuanto a la independencia judicial, no hay duda de que los tribunales han sido el último recurso para muchos ciudadanos que en un momento determinado han visto que lo perdían todo. La ciudadanía confía en la administración de Justicia. Personalmente considero que la Justicia en España es totalmente independiente. Se dictan cientos de sentencias al día por jueces y juezas absolutamente independientes. La ciudadanía lo sabe y confía en ellos. Otros métodos de resolución de conflictos están fracasando precisamente porque el ciudadano quiere ir a la administración de justicia y quiere una sentencia. Aparece cuestionada la independencia en cuanto a determinados nombramientos en determinados órganos, que no son todo lo transparentes o no están basados en los criterios que deberían ser. Se tiene el convencimiento de que vivimos en un Estado de Derecho y que uno de los requisitos es la independencia judicial.

-Se refiere a casos de preferentes, desahucios, cláusulas abusivas…

El ciudadano se ha visto amparado en la administración de justicia. Otro tema es cómo se elijan o no se elijan a los miembros del poder judicial. Pero sin duda alguna la justicia está basada en un criterio de independencia de los jueces.

-Hay un marco bastante claro de retrocesos en algunas cuestiones relacionadas con los derechos humanos. Retrocesos en libertades, leyes mordaza… hay casos muy mediáticos, pero cuantitativamente también está habiendo un incremento de la judicialización de asuntos relacionados con libertad de expresión…

Efectivamente llama la atención. Hemos visto comparativamente que cuestiones que podían merecer hace años una sanción pública pero no desde luego la imposición de una pena. Y ahora sí, lo cual no deja de ser un límite a la libertad de expresión. No podemos confundir todo. Un tema son delitos de odio y otra expresiones que te pueden no agradar pero que lógicamente entran en el margen de la libertad de expresión. No se pueden llevar las cosas tan lejos, ni judicializar y criminalizar todo. A todos hay expresiones que no nos parecen convenientes pero no deben trascender para nada penalmente. ¿Que hay una regresión en derechos? Que vamos a decir, cuando estamos viendo la reacción de Europa ante el fenómeno migratorio y de refugiados. Una reacción que nos puede avergonzar a todos. Pues sí, no hemos sabido reaccionar ante derechos humanos elementales, básicos. Ante lo más básico. No sólo nosotros sino Europa.

-También hay una sensación generalizada de que la Justicia está teniendo que lidiar con conflictos políticos cotidianos en España, caso de Cataluña o del País Vasco, con el final de ETA en el horizonte pero también con acusaciones vivas por delitos de terrorismo como en caso de Alsasua…

Los políticos tienen que hacer su función. No podemos judicializar todas las relaciones. Hay que hablar más e intentar ponerse de acuerdo para que los tribunales estén para lo que están concebidos y no para ser el recurso inmediato en cualquier cuestión porque no se trate en el ámbito político. La clase política debería hacer ese esfuerzo.

-Habría que actualizar el código penal en relación a los delitos de terrorismo o de apología del terrorismo? Y qué pasa con otras apologías, del fascismo o del franquismo?

Claro, eso es lo que tiene. Primero, no todo lo podemos solucionar con el código penal. Y no es bueno tampoco legislar a golpe de noticia. Ahora, claro está, que si nos fijamos en las apologías de delitos deberíamos hacerlo de todos Pero no todo se puede solucionar a golpe de Código Penal porque está demostrado que no se soluciona. Influyen muchos más factores, como una cultura del respeto. No sólo el Código Penal.

-Vivimos tiempos de mucha víscera, de mucho odio volcado sobre todo en las redes sociales. Podría aclarar qué es delito de odio y qué no lo es?

Muy difícil, lo que si puedo es invitaros a un congreso que vamos a tener con ese título, sobre delito de odio y redes sociales, este verano en Santander, en la UIMP. Dónde están los límites y la influencia de los medios de comunicación en la Justicia. Está abriendo un crecimiento exponencial dentro de las redes que habrá que reflexionar con calma, con serenidad, y ver lo que se puede hacer.

-Qué opina de las iniciativas que abogan por la regulación de las redes sociales para rebatir las fake news o la desinformación?

Claro, claro, claro. Habrá que ver cómo se puede solucionar este tema. No puedo adelantar las conclusiones, aunque tengo mi propia idea. hay que escuchar a especialistas en redes, a los propios medios, a los penalistas. Haremos de verdad unas jornadas que de ahí sacaremos conclusiones.

-¿Está cumpliendo la Fiscalía su misión constitucional?

Hombre, en principio sí, y así trabaja todos los días. Vivimos un tiempo complicado y estoy segura que la Fiscalía estará actuando conforme cree que debe de actuar. Cuestión distinta son luego opiniones personales sobre que las actuaciones sean más o menos acertadas.

-¿Necesita una reforma la Fiscalía?

Más que una reforma de la Fiscalía, para la adaptación de la investigación penal atribuida a la Fiscalía en vez de a los jueces de instrucción como en este momento. Entonces todo eso lleva consigo una cierta modificación para la adaptación. Pero esta es una de las cosas que se lleva hablando en todas las cosas que se lleva hablando en todas las propuestas de modificación de la LECRIM y ahí estamos. Es uno de los temas que se encuentran parados.

-¿Más medios y más presupuesto?

Pues sí, y también mejor gestión. Va unido siempre. Pero sin duda parece que hacen falta más recursos no sólo materiales sino humanos también para alcanzar esta nueva competencia.

-Un asunto más concreto, sobre el que hemos informado en El Faradio. Los derechos de la infancia y las actitudes de Fiscalías y gobiernos autonómicos en relación a la aplicación de la Ley de Extranjería para evitar la tutela de menores extranjeros no acompañados. Reciben muchas quejas al respecto en el Consejo General de la Abogacía.

Estamos trabajando mucho en el tema de MENAS, iniciamos el trabajo con el compañero Jaime de la Mata que falleció prematuramente y luego su mujer creó la Fundación Raíces. Con ellos trabajamos mucho en avanzar en esta materia. Es muy importante este trabajo, con mucha gente que no figura y está haciendo un trabajo muy importante. Esta casa siempre ha tenido una sensibilidad muy importante y sí tenemos la satisfacción de que se ha avanzado y las cosas van un poco mejor.

-Le pregunto por una competencia directa de los colegios de abogados y por lo tanto de la abogacía. El turno de oficio. ¿Qué papel tiene, cuáles son las reivindicaciones más frecuentes y en qué pasos se está trabajando?

Lo que permite es que todos los ciudadanos independientemente de sus condiciones económicas puedan acceder en condiciones de igualdad a la tutela judicial. Se viene cumpliendo a satisfacción de quien lo ha utilizado. Puede salir esa idea de que el abogado de oficio está como aprendiendo, pero las encuestas entre los usuarios, el servicio sale muy bien parado. ¿Qué demandas tenemos ahora? Los Colegios son los que organizan el servicio. Exigen formación, exigen una disponibilidad del abogado y una serie de requisitos para que sea eficaz. Esto por la CNMC se consideró una práctica contraria a la competencia. Recientemente la AN se ha pronunciado sobre que esto tiene que ser así, regulado y controlado por los Colegios. Con eso nos felicitamos. También existe un problema en cuanto a la indemnización que se abona. Un problema porque por ejemplo, en el territorio que depende del Ministerio de Justicia, las cantidades llevan sin revisarse desde hace 12 o 13 años. Se han quedado muy desproporcionadas en si mismas y en comparación con el resto de las CCAA. Estamos en la revisión de esos baremos. Pero se tiene que aprobar el presupuesto. Y luego, las indemnizaciones se abonan en un carácter medianamente periódico. Se acaba de percibir el último trimestre del año pasado. Del resto de factores se encargan los colegios y este Consejo. Se exige formación acreditada, control, regimen disciplinario… lo que puedo asegurar es que el servicio que se presta es de calidad y está muy lejos de esa idea de que se está aprendiendo: exige un nivel de formación mucho mayor que en el ejercicio libre, porque además se exige una formación específica.

-Usted reivindica la participación de la abogacía en los procesos legislativos ¿Hasta qué punto, de qué manera? ¿Cómo ve el momento actual? ¿Qué opina de los vetos de los partidos en el Gobierno de iniciativas legislativas de la oposición? (De esto tenemos en España, hasta 62 iniciativas legislativas ha vetado el actual Gobierno o en Cantabria, con el veto a la ILP de la PAGH).

Una parte se va haciendo mediante los informes de los proyectos. Sería bueno tan bien que se atienda a ello con más o menos frecuencia. Ahora tenemos la formulación directa de iniciativas. Ahora tenemos presentado un proyecto de ley orgánica de defensas. Nos felicitamos el otro día cuando el ministro de Justicia dijo que las 103 medidas que habían salido de la subcomisión de Justicia se convertirían en iniciativas legislativas y que echaríamos a andar. Pero no se ve mucho que avancemos, hay que impulsar un poco el proceso normativo porque hay muchas cosas paralizadas y que deberían empezar a legislarse. Todo lo que venga por ahí bienvenido sea.

-Desde la crisis hemos tenido una mirada autocrítica, en muchos ámbitos, sobre una crisis de valores. En la política, en los sindicatos o en los medios de comunicación¿Qué importancia tiene la ética en el desempeño de la abogacía?

Tiene una importancia capital. Comparto la idea de que no toda la crisis económica. Tampoco tengo muy claro si es el origen del resto de las crisis la crisis económica que ha hecho perder un poco el resto de valores. No hay duda que una actitud dentro del margen de la deontología, la ética en el mundo de la abogacía está en su origen y en su funcionamiento diario. En pocas profesiones existe un control como en la abogacía.

-¿Còmo es su relación con Cantabria?. 

En Santander tengo el despacho y la plaza en la Universidad. La tengo más que directa. En este tiempo los medios tecnológicos me permiten estar allí y dirigir las cosas de aquí. Vivo allí, me desplazo cada semana a Madrid, pero allí continuo. La relación es directa y no querría que fuera de otra manera.

-¿Qué retos se marca en este nuevo periodo de Presidencia de la Unión Profesional?

La primera idea que tenemos es escuchar a los responsables de todas las profesiones para trazar un plan estratégico a dos o tres años en el cual se recojan todos aquellos puntos en común que tengamos las profesiones, por las que debamos luchar y avanzar. Encontrar estas ideas, y desde ahí adoptar medidas, poner plazos para su ejecución y que se pueda rendir cuentas de lo que vamos haciendo.

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