Tribugest, la empresa adjudicataria de los servicios complementarios a la recaudación en Santander que ha causado problemas al no enviar las cartas a los contribuyentes notificando del fin del plazo para el pago del impuesto de circulación, percibe 1,2 millones de euros al año.

El retraso ha provocado problemas en el servicio de recaudación

Su gestión ha causado colas en el servicio de recaudación municipal y la petición de los grupos de la oposición, no atendida, de que se amplíe el plazo.

El contrato actual se adjudicó en 1,2 millones anuales el año pasado, por un período de dos, si bien no es la primera vez que Tribugest es beneficiaria de este servicio.

Un contrato que ha pasado por varios avatares, incluyendo que su supervisión municipal pasara a hacerla un cargo directivo municipal en lugar de el funcionario designado los criterios de aplicación del IPC en la revisión de precios e incluso la adjudicación del contrato a la misma empresa después de que se suspendiera cautelarmente el procedimiento por denuncias de otras empresas, según refleja la documentación municipal recopilada por EL FARADIO.

UNA EMPRESA QUE OFERTA A LA BAJA

Es un contrato que se define como de prestación de servicios complementarios a la función recaudatoria, pero que no impliquen ni el ejercicio de autoridad ni el manejo o custodio de fondos públicos o formación de una base de datos única de contribuyentes.

En 2013 se adjudica el contrato por el importe de 1,4 millones de euros, tras ofrecer Tribugest 30.000 euros de baja a la cantidad de liquidación anual (su competidora ofrecía 1.000). Ese contrato se prorrogaría al año siguiente.

En 2016 el contrato se adjudicó en 1,2 millones de euros anuales, tras haber salido a licitación en 1,6 millones.

EL CRITERIO DE LAS REVISIONES DEL IPC

Pero ya consta desde 2007. Ese contrato se renovaría en 2008, y se hizo una revisión del precio, en base a la subida del IPC, que se correspondió con un 4,2%, es decir, 69.300 euros.

En octubre se prorrogó el contrato, acordándose no aplicar al año siguiente la revisión que le correspondió al IPC del ejercicio anterior (el de 2008, que fue de un 1,40%, en ese momento de la crisis en que los precios bajaban)) y usar el de 2007, es decir, el que se había aprobado ya, es decir, el del 4,2% superior al 1,40%.

En 2015 lo que se aprobó fue una prórroga, y ahí se ciñeron a lo marcado, una revisión del IPC, en este caso al del año que le correspondía, o sea, el de 2013 (al ser una prórroga, es el contrato que regía), y en ese momento la variación de precios fue ya negativa, de un -0,4% que acabaría siendo un -0,34% en base a condiciones del contrato.

SE PRORROGÓ A LA MISMA EMPRESA DESPUÉS DE QUE FUERA SUSPENDIDO CAUTELARMENTE

En diciembre de 2015 se aprobó la continuación provisional del contrato, que había sido suspendido judicialmente tras una denuncia presentada por otra empresa sobre las condiciones que se les exigían.

Por tanto, se suspendió el contrato, de forma cautelar (es decir, provisional mientras se dictara sentencia), pero el Ayuntamiento aceptó la petición de la Directora General de Ingresos de proponer su continuación provisional con la misma empresa, Tribugest, hasta que se adjudicara uno nuevo, apelando a que los servicios de recaudación, “necesarios para la Administración”, “no pueden quedar suspendidos sin provocar graves perjuicios”.

La petición de esa empresa, Lindorff España, y de una segunda, Teodoro Zurita, fue aceptada por el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, que anuló la cláusula 5 del pliego fijado por el Ayuntamiento, por lo que el Consistorio tuvo que desistir de ese proceso y convocar uno nuevo.

En 2016 el contrato se adjudicó en 1,2 millones de euros anuales (salió a licitación en 1,6) por un período de dos años.

DE SUPERVISARLO UN FUNCIONARIO A HACERLO UN CARGO DIRECTIVO DE HACIENDA

Es importante el papel de la Directora General de Ingresos Públicos, autora de informes sobre este servicio.

Ana González Pescador, concejala de Economía del Ayuntamiento de Santander.

Por contrato, quien debía supervisarlo es el tesorero municipal, un funcionario de alto rango del Ayuntamiento de Santander.

Pero en diciembre de 2015 se aprobó que su supervisión pasara a manos de la directora general de Ingresos Públicos, cargo directivo dependiente de la Concejalía de Economía –a diferencia de los concejales que son elegidos en listas por los ciudadanos–, retribuido, según el Portal de Transparencia, con 2.742,64 euros mensuales.

Este cargo ya fue polémico al ser la responsable de un informe que avalaba los argumentos del equipo de Gobierno cuando se recurrió el impuesto de la plusvalía municipal por la discriminación que implicaba en las bonificaciones. La concejala de Hacienda, Ana González-Pescador, informó en un comunicado de que un informe técnico, del letrado de los servicios municipales, respaldaba su tesis, cuando en realidad ese informe procedía de este cargo directivo.

Y no es la primera vez, por cierto, que esta Concejalía no cuenta fielmente temas administrativos: cuando se conoció la primera sanción por la cesión ilegal de trabajadores procedentes del desempleo a la empresa pública Santurban aseguró públicamente que la sanción se basaba únicamente en los criterios de los denunciantes, el sindicato CC.OO., cuando se había dictado después de que Inspección de Trabajo hablara con todas las partes implicadas, su departamento incluido.

La sanción ha sido confirmado y el impuesto de la plusvalía anulado tras perder el Consistorio dos juicios.

EMPRESA MULTADA EN OTRAS CIUDADES

Las prácticas de Tribugest le han supuesto problemas en más ciudades donde ha sido adjudicataria de servicios similares:

En Murcia, el pasado mes de junio se le propuso una multa de 3.000 euros por no comunicar cambios significativos, como que había subcontratado la subrogación del servicio de notificación de multas a otra empresa, entre otros problemas en el servicio como las notificaciones y los recargos.

También en Lugo se le multó, en este caso con 6.000 euros, por cobrar indebidamente el recargo a contribuyentes. En Mahón (Baleares) el contrato se resolvió anticipadamente, cuando todavía quedaba para su finalización.