La Fiscalía abre la investigación de la denuncia de IU sobre las irregularidades en el SCS

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La Fiscalía Superior de Cantabria ha abierto la investigación sobre las irregularidades en contrataciones en el Servicio Cántabro de Salud a raíz de la denuncia presentada por Izquierda Unida tras las revelaciones de una alta funcionaria de este departamento.

También el Partido Popular ha anunciado que presentará una denuncia, mientras el Gobierno ha ampliado el plazo para la investigación interna abierta por el propio Ejecutivo al trascender los hechos (que se les habían trasladado hace meses) y está próxima a acabarse la auditoría de Intervención.

LA FISCALÍA INICIA LA INVESTIGACIÓN DE LA DENUNCIA DE IU

En un comunicado, la coordinadora autonómica de Izquierda Unida en Cantabria, Leticia Martínez, se ha mostrado satisfecha al conocer que este organismo judicial ha abierto las diligencias de investigación con las que espera que “se puede aclarar lo que el Gobierno de Cantabria no sólo no ha querido aclarar, sino que ha decidido perseguir judicialmente a la funcionaria”.

Leticia Martínez, en Salesas, tras registrar la denuncia

Martínez ha reivindicado que “Izquierda Unida ha hecho lo que tenía que hacer; ante la sospecha de irregularidades en un área tan básica como la sanidad pública hemos actuado con responsabilidad”.

Unos hechos que, según se apunta en la denuncia que presentó IU la pasada semana, podrían implicar la comisión de delitos de prevaricación administrativa, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos, tipificados todos ellos en el Código Penal, los artículos 404, 428 y 432, además de la usurpación de funciones y falsedad en documento público, de los artículos 402 y 390 del mismo texto legal.

La coordinadora de IU ha diferenciado esta denuncia de la anunciada ayer, “forzados por la iniciativa de IU”, por el Partido Popular, y considera que «carece de sentido que el PP corra ahora a poner una denuncia que no puso cuando debió hacerlo», y explica que las denuncias se pueden presentar indistintamente ante la policía, la Fiscalía o el juzgado, «no se le mandan a Revilla para no se sabe muy bien qué.

Por ello, ha instado al PP a “secundar” su denuncia ante la Fiscalía “en lugar de abrir una nueva”, “sumando” ahí “las pruebas que parece que acaba de encontrar y no tenía”.

En ese sentido, Martínez se ha preguntado por qué el PP “no había acudido antes a la Fiscalía” y ha rechazado que fuera porque entonces hubiera “falta de pruebas”, como vienen sosteniendo los ‘populares’.

“¿Significa entonces que la presidenta del PP lleva dos semanas dando ruedas de prensa escandalizada sin tener pruebas? ¿Si no tenían pruebas, qué documentación le entregaron al presidente del Gobierno cuando su estrategia ante las irregularidades era priorizar la lealtad institucional con Revilla a la preocupación por el cumplimiento de la legalidad?”, se ha preguntado.

Martínez ha hecho hincapié en que “si no se tienen pruebas, no se convoca ruedas de prensa poniendo el grito en el cielo y se va a la Fiscalía, que en nuestro ordenamiento jurídico es la que tiene el impulso de las investigaciones”. “Y si se tienen”, ha añadido, “a donde se va es al Juzgado, a poner denuncias con nombres y apellidos”.

“Así funciona la Justicia, y así hicimos nosotros cuando llevamos a los tribunales al exalcalde de Astillero del PP Carlos Cortina”, remarca Leticia Martínez, quien ha recordado que el juicio a Carlos Cortina “es inminente”. «No nos cabe duda de que el Partido Popular conoce bien lo que es sentarse en el banquillo y los procedimientos judiciales, por lo que no cabe tratar con tanta ligereza estos asuntos».

Para la coordinadora de IU, “eso es lo que podría haber hecho ya el PP si priorizaba el rigor en la investigación a su escenografía política” con Revilla, “pero prefirió el espectáculo al rigor” y ahora quiere “extender el show”.

Martínez ha puesto en cuestión la preocupación del PP por la sanidad pública, recordando como la “ahora escandalizada” presidenta del PP, María José Sáenz de Buruaga, puso “Valdecilla, nuestro mayor referente de la sanidad en manos de constructoras”, y también ha recriminado a PSOE y PRC sus “incoherencias” en la defensa de la sanidad pública.

EL GOBIERNO AMPLIA EL PLAZO PARA LA INVESTIGACIÓN INTERNA

Por su parte, el Gobierno de Cantabria ha decidido hoy ampliar el plazo de 15 días concedido inicialmente a la Consejería de Sanidad para concluir el expediente informativo sobre las supuestas irregularidades de contratación denunciadas en el Servicio Cántabro de Salud por una funcionaria y por la presidenta regional del PP, con el fin de garantizar «el cumplimiento escrupuloso de los procedimientos legales y administrativos» y facilitar al investigador la tarea de presentar «unas conclusiones fiables al 100 por 100».

La ampliación del plazo ha sido acordada por el Consejo de Gobierno en su reunión de esta mañana a petición del instructor del expediente, que estima en unos 15 días el plazo que aún necesita para finalizar la tarea que le ha sido encomendada.

A la vista de la gravedad de las irregularidades denunciadas y de la importancia de las decisiones a adoptar en el caso de que sean confirmadas, el Ejecutivo considera «imprescindible» que el responsable designado por la Consejería de Sanidad para instruir el expediente informativo «cuente con el tiempo que estime necesario para realizar sus indagaciones y comprobar todos los datos que crea preciso».

Por otro lado, también ha anunciado que la Intervención General de la Comunidad Autónoma está a punto de concluir la auditoría sobre las actuaciones desarrolladas por el Servicio Cántabro de Salud en 2017, entre las que se incluyen buena parte de las contrataciones cuestionadas por jefa del servicio y por el PP.

En consecuencia, ha destacado que en estos momentos hay «dos investigaciones paralelas en marcha» sobre este asunto, las cuales aportarán en unos días «claridad a lo ocurrido y determinarán si han existido o no irregularidades».

EL PP PIDE A REVILLA RESPONSABILIDAD

La presidenta del PP y exconsejera de Sanidad, María José Sáenz de Buruaga, quien ha avisado de que eso no supone renunciar a la vía política.

Sáenz de Buruaga

En concreto, el Partido Popular va a formalizar una denuncia ante la Fiscalía de Cantabria para que investigue las contrataciones del Servicio Cántabro de Salud porque tiene serios indicios de que se han cometido delitos de malversación, falsedad documental, tráfico de influencias y usurpación de funciones públicas.

El PP tiene indicios de que se pudieron cometer presuntos delitos de malversación cuando se adjudicaron contratos de asesoramiento externo que no estaban justificados, contratos por asistencias técnicas injustificadas, inexistentes o ficticias porque no había nada sobre lo que asesorar.

También existen indicios de que el uso fraudulento de la contratación menor, de la que se han beneficiado principalmente tres empresas que en realidad son la misma y tienen como administrador al hijo de un alcalde socialista, puede constituir, además de un delito de tráfico de influencias, un delito de malversación por doble contratación, ha añadido.

Además, hay indicios de que la recepción y pago de obras sin terminar y de suministros sin haber sido entregados a los centros pueden constituir un delito de falsedad documental en concurso con usurpación de funciones públicas.

La dirigente popular ha explicado que el PP ha decidido abrir el frente judicial porque ha llegado a la conclusión de que «esta es la única vía para que se abra una investigación real, independiente y transparente, puesto han pasado 15 días desde que trasladó los hechos al presidente Miguel Ángel Revilla y ni se han depurado responsabilidades políticas como reproche a un escándalo monumental ni se ha abierto una verdadera investigación a través de la Intervención General» (más aún, se han anunciado acciones judiciales contra la funcionaria que lanzó el aviso).

“El propio Gobierno nos ha abocado a ello, nos ha empujado directamente a la Fiscalía”, ha afirmado Buruaga, quien ha hecho hincapié en que no es partidaria de judicializar la vida política y por eso ha tratado por todos los medios de evitarlo.

La presidenta del PP ha subrayado que la denuncia ante la Fiscalía no supone que el Partido Popular abandone la vía política ni renuncie a una respuesta política: el asunto llegó al Parlamento este lunes y seguirá haciéndolo, ya que la semana que viene se abordarán peticiones de comparecencias en Comisión y hasta el PRC no ha descartado apoyar una Comisión de Investigación que ya han sugerido Podemos y Ciudadanos (con dos partidos que la pidan, valdría).

En este sentido, Sáenz de Buruaga ha explicado que «una cosa son las graves irregularidades en la contratación que inhabilitan a la cúpula para seguir dirigiendo la sanidad un minuto más; otra las ilegalidades en el ámbito administrativo que pueden llevar aparejada la nulidad de determinados contratos, y otra bien distinta son las responsabilidades penales».

Por eso, el PP «seguirá señalando a Revilla y exigiéndole el cese inmediato de la consejera, del gerente y del subdirector del SCS» porque, de lo contrario, «estará uniendo su destino al suyo».

Además, se va a sumar a todas las iniciativas que adopten en el Parlamento los demás grupos parlamentarios salvo, ha precisado, a una, la comparecencia de la funcionaria que en febrero presentó la denuncia ante la consejera, a la que en su opinión «hay que amparar y proteger».

 

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