La Fiscalía de Cantabria ha acordado archivar las diligencias abiertas para investigar el proyecto empresarial de Ecomasa, después de que el Parlamento autonómico le trasladara las conclusiones a las que llegó la Comisión de Investigación que han desarrollado en los últimos años los partidos representantes de la Cámara.

Trabajadores de Ecomasa-Néstor Martin manifestándose frente al Parlamento de Cantabria.

En una resolución que ha difundido el Partido Popular, la fiscal superior, Pilar Jiménez Bados ha concluido que ya hay un procedimiento penal abierto que está en trámite, con una investigación penal sobre el asunto que deriva de una querella que presentó en su momento el Comité de Empresa de Ecomasa.

La fiscal explica que están personadas en ese procedimiento las representaciones de las entidades públicas Sodercan e ICAF, que aportaron fondos públicos al proyecto, y agrega que la primera de ellas ya presentó una denuncia en la Fiscalía que se archivó.

Por ello, consideran que los intereses del Gobierno de Cantabria «se hallan por tanto plenamente representados».

LA MAYORÍA DE LOS PARTIDOS DECIDIERON ELEVAR LAS CONCLUSIONES A LA FISCALÍA

El pasado 16 de mayo concluyó la Comisión de Investigación en que la que la mayoría de los partidos representados en el Parlamento de Cantabria, PRC, PSOE, Podemos y Ciudadanos, anunciaron su voto a favor de elevar las conclusiones a la Fiscalía de Cantabria para saber si la Administración pública tuvo responsabilidad judicial en lo ocurrido.

Desde el Parlamento se llegó a la conclusión de que el Gobierno de Cantabria, presidido entonces por el popular Ignacio Diego, tuvo responsabilidad política en el proyecto al inyectar 18 millones de euros de fondos públicos a la fábrica de estufas que se ubicó en Maliaño.

La fábrica era un proyecto de los empresarios Jesús Lavín y Andrés de León, en el cual el Ejecutivo de Diego puso sus esperanzas de colocar a la mayoría de los trabajadores despedidos en un ERE de la empresa TEKA.

Además de los 18 millones de euros, los trabajadores recolocados pusieron más de 3 millones de euros que correspondían a las indemnizaciones de despido que les correspondían, y que según se ha concluido en la Comisión los empleados ni siquiera llegaron a tocar.

Posteriormente, según ha comprobado la investigación, este dinero fue a parar a un entramado de empresas que Lavín y de León tenían establecido, y no a financiar el proyecto de Ecomasa.

EL PP CREE QUE ESTA DECISIÓN AVALA SU TESIS

El PP emitió un voto particular contra el envío del caso a la Fiscalía al ya estar judicializado. FOTO: PP Cantabria.

En el Partido Popular han mostrado su satisfacción por esta decisión de la Fiscalía.  El portavoz parlamentario del Partido Popular, Eduardo Van den Eynde, cree que “ha pasado lo que tenía que pasar”, ya que, como explicó en reiteradas ocasiones a lo largo de las comparecencias de dicha comisión, “en el caso de Ecomasa ya había abiertas diversas causas judiciales, con lo que los trabajos de la comisión no iban a servir para hacer lo que ya estaba haciendo la Justicia, que es quien debe ocuparse de instruir y juzgar presuntos hechos delictivos”.

Además, tal y como ha recordado, a pesar de la voluntad de algunos grupos parlamentarios de tratar de generar un relato de presunta corrupción de responsables políticos del anterior Gobierno de Cantabria, “ni una sola persona, empezando por el expresidente Diego, así como por el resto de altos cargos de su gobierno, ha recibido reproche penal alguno”.

En su opinión, especialmente desde los grupos que apoyan al Gobierno de Revilla, “se ha tratado de establecer un cierto paralelismo entre los casos de GFB y CANTUR, y el de Ecomasa, y no tienen nada que ver”. Así, según ha recordado, tanto en GFB como en CANTUR (que luego derivo en el caso Racing), las comisiones de investigación parlamentarias enviaron a la Fiscalía conclusiones que supusieron el inicio de causas judiciales, y que posteriormente derivaron en responsabilidades penales, caso de la inhabilitación del ex – consejero de Industria socialista, Miguel Ángel Pesquera.

“No olvidemos además que dos ex altos cargos de Revilla, el señor Marcano y el señor Higuera, siguen ambos inmersos en procedimientos judiciales, en el caso del segundo con una sentencia en contra. Es decir, algo diametralmente opuesto a lo que ha sucedido en ECOMASA, en donde sí, todos coincidimos que fue una inversión fallida, pero hasta ahí, ningún miembro del anterior Gobierno de Cantabria cometió irregularidades, tal y como ha ido determinando la justicia”.

Por todo ello, para Van den Eynde se cierra una comisión de investigación “ruinosa para sus promotores, que fueron a por lana y han salido trasquilados, pero que le ha venido muy bien al Partido Popular, ya que con la decisión de la Fiscalía, queda patente que como dijimos desde el minuto uno de la comisión, nada nuevo íbamos a aportar a un caso que ya estaba juzgándose en los tribunales, y así ha sido finalmente”.